Las pequeñas resistencias

Por Pablo Callejón Periodista

Ana María Soffiantini recordó especialmente “las pequeñas resistencias”. Había sido secuestrada junto a sus dos hijos, un año después de la desaparición de su esposo, Hugo Onofri. “Nada nos garantizaba la vida. Los únicos que saben por qué vivimos son los genocidas”, afirmó la sobreviviente de los campos de concentración de la Dictadura. Abrazar a las compañeras que eran violadas y acompañarlas después de parir era un acto de resistencia. Los delitos sexuales fueron ocultados durante mucho tiempo, incluso con juicios abiertos contra los represores que habían ordenado o ejecutado las violaciones.
Silvina Ontivero comenzó a denunciar los vejámenes “entre el ’83 y el ’84”. Lo hizo ante la Cruz Roja y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Y además me violaron, les decía yo. Me respondían, ´bueno, si te duele mucho, no hablés de eso´. Y yo les decía que ´me duele mucho, pero igual quiero hablarlo’”. La sistematicidad de las agresiones sexuales no respondía a una excitación sádica de los abusadores. Lo que buscaban era devastar a las víctimas y quebrar sus lazos de solidaridad. “La violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme”, advirtió un detenido en un centro clandestino de Mendoza.
La consideración como crímenes de lesa humanidad de los abusos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado permitió alcanzar 58 veredictos. Los juicios revelaron las prácticas incorporadas en un plan criminal desplegado antes y durante la última dictadura cívico militar. De los 1197 represores condenados, 170 estuvieron sindicados como responsables de violaciones y vejámenes. El primer sentenciado fue el suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina, quien recibió una pena a reclusión perpetua por parte del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El militar fue considerado culpable “de violación en forma reiterada, agravada por ser encargado de la guarda de las víctimas M.H.G. y C.L.B.”
Desde el CELS destacaron que los abusos sexuales que las fuerzas represivas ejecutaban sobre hombres y mujeres no “formaban parte de ataques colectivos planificados, como sucedió en otras experiencias latinoamericanas”. El organismo precisó que los órganos de inteligencia realizaban “investigaciones exhaustivas”, por lo que “cada acto de violencia no era casual ni respondía a perversiones individuales, sino que era parte de una estrategia de disciplinamiento del enemigo en sentido amplio, que se sostenía en un espacio compartido entre capturados y captores”. Se trató de un plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas. La violencia sexual “fue ejecutada por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, y civiles que actuaron como parte del accionar represivo”.
Escucharlas permitió visibilizar la sistematicidad de las agresiones. “Me llevó a un cuartito y me hizo desnudar. Me ató a una cama metálica y comenzó a aplicarme la picana en los senos y los genitales. Había gente que entraba y salía permanentemente”, recordó una de las víctimas. Otras mujeres hablaron de las filas para ingresar a los baños en los que debían desnudarse frente a los secuestradores. “Te abrían y cerraban el agua, hacían observaciones sobre nuestro cuerpo…”, advirtieron. Una sobreviviente denunció que fue obligada a observar cómo le colocaban un revolver en la vagina a su hermana de 17 años y muchas otras, fueron violadas en cercanías de los lugares donde alojaban a los detenidos para que todos escucharan los gritos de horror y desesperación. El Centro Clandestino de La Perla fue un ejemplo de la macabra planificación, bajo la tutela del genocida Luciano Benjamín Menéndez.
Los abusos sexuales incluían las agresiones verbales, la desnudez forzada, las requisas vejatorias con posturas y tratos humillantes, las amenazas, el sometimiento a formas de esclavitud, los embarazos no deseados, la inducción del parto, los abortos provocados por la tortura y el robo de bebés.
“Ellos ya se habían dado cuenta: yo estaba embarazada de cuatro meses, señor presidente, mi embarazo era notorio, pero el sadismo era violarse a las embarazadas”, admitió Elena Alfaro frente al Tribunal. La mujer fue una de las pocas sobrevivientes del Vesubio, en 1977. El ensañamiento con las detenidas en gestación o que debían parir, era brutal. A la riocuartense Matilde Glineur Berne la esposaron sobre la camilla y el torturador le puso la 45 sobre la cabeza, mientras en un gesto de piadosa supervivencia, alguien más le colocaba el suero. Su hija, María Jimena, nació entre los gritos agobiados de su madre y la mirada mordaz de los hombres vestidos con uniforme policial. Ambas pudieron salir de las celdas lúgubres del terrorismo de Estado.
En Argentina, recién en 2010, los delitos sexuales cometidos sistemáticamente por los represores pasaron a ser considerados de lesa humanidad. Antes, eran incorporados en la generalidad de tormentos o torturas, sin la descripción específica que evidenciaban los mandatos patriarcales en el uso de las agresiones sexuales. “Las mujeres éramos su botín de guerra. Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra”, expresó Silvia Labayrú en el Juicio sobre la ESMA. Los militares abusaban de ellas y las hacían responsables por esas violaciones, en un intento por deshumanizarlas y quitarles el carácter de víctimas. La periodista, Miriam Lewin, reveló las búsquedas por “malinchizarlas” y culparlas por sobrevivir a los centros clandestinos, bajo el juicio social de que “algo habrán hecho para salir vivas de allí”. Fue el desafío por sostener “las pequeñas resistencias” en la búsqueda de memoria, por la verdad y la Justicia para las víctimas de abusos sexuales.