¿Quién está libre de lanzar la primera piedra?

Por Pablo Callejón

Antes del hallazgo del ADN positivo de Roberto Bárzola nadie parecía sospechar abiertamente del parquetista. La familia Macarrón no había citado su nombre, -al menos, públicamente- y todos los fiscales que actuaron en la causa por el crimen de Nora Dalmasso aseguraron no haber visto nunca en los voluminosos cuerpos del expediente, el informe del experto del FBI, Stephen Walker, que sugería profundizar la investigación sobre Bárzola. El documento se habrían originado en el 2007, apenas un año después del homicidio en el chalé de la calle 5 en la Villa Golf. Sin embargo, ningún despacho oficial había sido notificado sobre su existencia. Tampoco podría suponerse que el fiscal Pablo Jávega tenía la íntima convicción de apuntar todas las miradas sobre el trabajador que habría estado en la casa de los Macarrón el día que hallaron el cuerpo de la víctima en la habitación de la planta alta. Tras asumir la instrucción del caso, Jávega decidió comparar ADN sin identificar, hallado en el cinto de la banta y en un vello púbico, con los patrones genéticos de más de 200 personas. El mapeo surgió de un aporte de la División Investigación Operativa. Se ordenaron inicialmente unas 70 muestras de saliva y se enviaron a analizar al Centro de Genética Forense de Córdoba. No una, ni dos, remitieron más de 40 muestras. El resultado positivo que dispuso al colocador de pisos en el centro de las sospechas no surgió de un estudio de pruebas que condujeran irremediablemente a la decisión de cotejar las huellas genéticas halladas en la escena del crimen con las de Bárzola. Javega podrá ostentar que, a diferencia de quienes actuaron previamente, resolvió incluir al parquetista entre decenas de opciones posibles, pero difícilmente pueda argumentar que lo consideraba antes del cotejo de ADN como el posible autor del femicidio. Si hubiera existido tal sospecha, hubiera resultado complejo de justificar la convocatoria masivas de extracciones de muestras que muchos abogados y funcionarios judiciales advierten que hubiera decantado en un planteo de inconstitucionalidad, si la causa no estuviera prescripta.
La investigación por el crimen de Nora está viciada de errores grotescos y decisiones que forman parte de algunas de las páginas más vergonzantes de la Justicia provincial. En más de 15 años, surgieron imputados en grados de sospecha leve, se lanzaron rumores vergonzantes de supuestos amantes, hubo aprietes de investigadores que terminaron presos por causas narcos y hasta se llegó al absurdo de tener al mismo tiempo a dos imputados acusados de matar a una misma víctima, pero con modalidades diferentes. Sin embargo , la incriminación que impulsó el jury a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro advierte sobre una deliberada intención por no avanzar sobre Bárzola, sustentada en la hipotética negligencia o inoperancia de los funcionarios judiciales. En su declaración ante el Tribunal, Di Santo aseguró que secuestraron teléfonos, cotejaron versiones y allanaron la casa de Bárzola. El relato fue ratificado por el comisario Gustavo Della Mea, quien participó de algunos de los procedimientos y negó que hayan encontrado algún elemento que vinculara al parquetista con el crimen. Y aún cuando la hipótesis sobre la autoría del arreglador de pisos hubiera sido el camino irremediable, ¿por qué no están acusados el resto de los fiscales que participaron de la instrucción? En la defensa de los acusados creen que la respuesta no está relacionada con no haber contemplado la participación de Bárzola, sino con la decisión de imputar a Facundo y Marcelo Macarrón. En lugar de exponer las falencias de la investigación de un homicidio impune, el jury parece medir la capacidad de la familia en poner contra las cuerdas a los fiscales que los persiguieron judicialmente.
En el proceso, algunos dan por sentado una culpabilidad que no tiene el respaldo judicial de la sentencia: Bárzola no ha enfrentado un juicio, ni ha recibido una condena. Su imputación confronta con la irremediable prescripción de la causa y no hay certezas formales de realizar, al menos hasta ahora, un juicio por la verdad. Asegurar que se trata del asesino de Nora implica desestimar el derecho constitucional de la presunción de inocencia. La familia y parte de la sociedad pueden suponer que el trabajador fue el homicida, pero la responsabilidad institucional no debería eludir las reglas del Derecho. Aún cuando no se trata de un proceso judicial sino político, resulta un engaño sugerir que en las audiencias del jury se determinará quien fue el asesino de Nora Dalmasso. Y mucho menos, inferir que la sospecha sobre Bárzola ya es cosa juzgada.
Los legisladores Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, deberán resolver si los tres fiscales, o alguno de ellos, son expulsados del Poder Judicial. Los funcionarios en el banquillo no están acusados de cometer un delito, sino por presunto mal desempeño. La diferencia no es sutil ni permite dilucidar cuál será la decisión final del Tribunal. La vara aleccionadora del jury podría resultar insuficiente para identificar a los que en esta causa, están libres de lanzar la primera piedra.