Fue defensor en el Jury a los fiscales y escribió un libro sobre “la inconstitucionalidad del proceso de enjuiciamiento”

El doctor Daniel Fernández fue abogado defensor de Daniel Miralles en el Jury a los fiscales que intervinieron en la causa Nora Dalmasso y escribió un libro sobre “la inconstitucionalidad del proceso de enjuiciamiento”, que será publicado en los próximos días.
En diálogo con Póster Central, Fernández manifestó que “me han impulsado a hacerlo porque uno observa que los colegas doctrinarios hablan siempre de las leyes, pero los que litigamos todos los días en Tribunales tenemos visiones distintas a la estructura judicial”.

“En mi trabajo analizo la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la Provincia de Córdoba y planteo su inconstitucionalidad estructural. Se contradice con la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales incorporados como normas con rango constitucional”, advirtió.
Fernández dijo que “tras un trabajo profundo, considero que se utilizó una ley que afecta derechos y garantías de los ciudadanos en un juicio ilegal, con una resolución que reafirmó esa ilegalidad”.

“Quienes investigan y juzgan deben contar con la tranquilidad de que no serán removidos por sus decisiones técnicas, porque esas decisiones con recurribles dentro del sistema jurídico. No son controlables por un poder político o un poder especial, como sería un jury de enjuiciamiento”, sostuvo.
Y agregó: “Se vulnera la independencia del Poder Judicial por un poder político, con herramientas de presión sobre los funcionarios judiciales”.
“La Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados de Río Cuarto aseguraron que se iban a expresar luego de analizar los fundamentos del fallo y nunca lo hicieron, porque los engranajes de la convivencia política institucional funcionan de este modo”, opinó.
Para el letrado penal, “los abogados de a pie vamos en contra de ese sistema y somos capaces de tener la valentía de enfrentar esto”.
“Se lleva a la barbaridad jurídica, que consagra el artículo 46, de decir que sus decisiones son soberanas e irrecurribles. Es decir, el doble conforme y la revisación por un órgano superior técnico para evitar arbitrariedades, no existe”, aseveró.
Para Fernández, “la idea del mal desempeño es algo ambiguo y debería especificarse para que no queden abiertos estos gatillos del sistema política de ir en contra de algunos funcionarios”.
“En el año 2025, entraron 12 mil causas en la fiscalía de Río Cuarto. Solo se recibieron 860. En algunos años, podrían decir que hay un fiscal que está molestando y les abren un proceso de destitución que les calza como anillo al dedo. Mucho de esto ocurrió en el jury a los tres fiscales. ¿Y por qué a ellos tres? Si intervinieron más de 11 fiscales, magistrados, fiscales generales…”, argumentó.
Al ser consultado sobre qué herramientas puede utilizarse frente a un funcionario con mal desempeño, respondió: “tiene que haber organismos técnicos, con normativas acordes a derechos y garantías constitucionales y de pactos internacionales”.