Ponce, el Director de Despacho de la Universidad que se convirtió en notario de la muerte

Nadie sabía quien era. En realidad, casi nadie. Pudo pasar desapercibido aún en democracia. Se jubiló como no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y compartió oficinas con quienes desconocían sobre su legajo. Justamente él, que había sido un topo de saco y corbata durante la represión. Un tipo gris, parco, como un escribano del horror. Se sentaba en la mesa de los que resolvían a quien secuestrar y torturar. Para ser más precisos, era quien les entregaba una carpeta con un nombre. Cuando esto sucedía, la suerte estaba echada. El secuestro podía concretarse en cualquier lugar del campus. Tenía el poder para decidirlo. Cuando la Justicia logró incorporarlo a la trama del horror represivo, ya era demasiado tarde. El hombre gris era un anciano de 89 años, incapaz de comprender de que se lo acusaba. Las pericias psiquiátricas obligaron hasta la intervención de la Corte Suprema de Justicia, sin mayor suerte. Murió sin haber sido juzgado. Hoy, al menos sabemos quien fue Raúl Ponce Scshmeidecke, el notario de la muerte.
Ponce debió estar entre los 70 acuasados por 62 hechos ocurridos entre 1975 y finales de 1978 de la causa Di Santo. Fue una pieza clave en la logística de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual, ocurridos en Río Cuarto y el sur provincial. Sobre todo, resultó un personaje fundamental para comprender cómo se desarrollaba los secuestros ilegales en la Universidad.
El 9 de agosto de 1976, el entonces Director de Despacho General de la Universidad Nacional de Río Cuarto mandó a pedir los legajos de los profesores Ernesto Silber y Juana Josefa Chessa. A Silber lo redujeron y lo trasladron a su casa, donde se realizó un exhaustivo allanamiento. Ponce “sospechaba” que el docente era integrante de la agrupación Montoneros. Mientras realizaban el operativo arribó Juana a la vivienda y también fue secuestrada. La pareja fue trasladada a la Unidad Regional, donde fueron sometidos a tormentos psíquicos y permanecieron incomunicados. Luego, separaron a Silber para profundizar las torturas. Al docente universitario lo sometieron al llamado “submarino” y otras prácticas similares, como “mojarra”, con los que se le impidió o dificultó la respiración, lo cual provocó su muerte por asfixia. Un día después, los diarios locales hablaron sobre el presunto suicidio del docente universitario. La versión oficial hablaba de que se habría ahorcado con un delgado cordón que no hubiera podido sostener su cuerpo. Su esposa fue liberada el 17 de agosto, ocho días después de su detención.
El doctor Daniel Olartecoechea manifestó a Póster Central que Ponce “era mayor del Ejército y se incorporó a la Universidad durante la Dictadura, para convertirse en un administrativo, con una figura poco relevante en el conocimiento público, aunque su historia era evidentemente más profunda”.
“Todo esto salta a raíz del testimonio de Estelita P, quien hace público que este señor trabajaba en el rectorado y se reunía en forma permanente con los jefes de la Policía provincial, Policía federal, del Batallón de Holmberg y de la Fuerza Aérea. En algún momento de esas reuniones, Ponce mandaba a pedir el legajo de un docente, no docente o estudiante. Posteriormente, esas personas apuntadas tenían algún tipo de represalia, que podían llegar hasta su secuestro y la muerte”, relató.
El abogado de la Comisión Municipal de la Memoria precisó que “tras la muerte de Silber, cuando Ponce volvió a la Universidad afirmó que se les había ido en las torturas, mientras los diarios hablaban de un suicidio”.
“Este accionar de Ponce se desarrolló durante muchos años. Estela manifestó que este personaje se jactaba de las torturas que se le aplicaban a los detenidos. Sin embargo, pasó desapercibido su rol y siguió trabajando en la Universidad hasta jubilarse. Seguramente hoy muchos deben estar recordando que este señor los ayudaba en cuestiones administrativas o trabajaba en los mismos ámbitos que ellos”, expresó.
Para Olartecoechea, “lo sorpredente es cómo pasó desapercibido un sujeto que marcaba a las personas, para que luego fueron torturadas y asesinadas”.
“La querella solicitó el 12 de abril de 2022 que sea imputado por sus responsabilidades en los secuestros ilegales. La Justicia dio lugar a la petición por las pruebas testimoniales que resultaban contundentes. Ponce designa un abogado defensor quien dijo que este señor era incapaz. Comenzó una etapa pericial para determinar si estaba en condiciones cognitivas de afrontar un juicio. Se llegó hasta la Corte y hasta el perito de parte admitió que no podía asumir un juicio. Estaba en silla de ruedas, inmóvil, sin capacidad de hablar”, reconoció.