“Con la modificación de la ley, la víctima tendrá la información, la asistencia y la participación en todo el proceso”

“Con la modificación de la ley, la víctima tendrá la información necesaria, la asistencia y la participación en todo el proceso”, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas, tras el inicio del debate por la reforma del Régimen de Protección de Víctimas de Delitos.
En diálogo con Póster Central, Llamosas manifestó que “el proyecto lleva el nombre de Joaquín, por el hecho ocurrido en Laboulaye en 2023”.
“Apuntamos a que la víctima tenga la información, la asistencia y la participación en todo el proceso”, aseguró.
Y agregó: “Se va a modificar el Código de Proceso Penal. La Ley tiene dos partes. La primera es el alcance sobre quienes se definen como víctimas, profundizando la asistencia psicológica, legal y la reparación”
“En la segunda parte se modifica el procedimiento donde es trascendental escuchar a la víctima para garantizar sus derechos. Muchas veces ha ocurrido que se han enfrentado con los victimarios en la vía pública o en espacios comunes. Esto puede generar consecuencias y perjuicios, con una revictimización”, alertó.
“Van a poder participar en en el dictado de una prisión preventiva y otras medidas procesales, donde se escuchará a la víctima. Ya no será un actor ocasional, sino una figura central en todas las instancias del proceso”, indicó.
Llamosas sostuvo que “será obligatoria que en los juicios abreviados se incorpore la opinión de la víctima o de su familia, aunque la última palabra la tendrá el juez”.
La iniciativa busca “reconocer, ordenar y hacer operativos estándares mínimos de tutela en materia de trato digno, información, participación, asistencia, protección y reparación, asegurando su efectividad en el proceso penal, en armonía con el ordenamiento vigente y con las garantías del debido proceso”.
Según afirmaron en los fundamentos del proyecto, “la experiencia institucional demuestra que, aun cuando el sistema penal prevé herramientas de intervención para la víctima, en la práctica subsisten asimetrías de información, obstáculos de acceso, demoras, dispersiones funcionales y riesgos de revictimización que impactan en la confianza ciudadana y en la utilidad concreta de la respuesta estatal”.
El proyecto también incorpora medidas “para garantizar esos derechos, como la posibilidad de que las víctimas soliciten reparaciones y sean informadas y escuchadas”.
Además, prevé que “quienes hayan sufrido delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes, refuerza la obligación de informar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad y establece modalidades especiales para la toma de testimonios en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar”. Llamosas confirmó que también impulsan “la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura”.