La vuelta a casa de Mariela

Por Pablo Callejón

“Me trataron bien y me dieron de comer”, afirmó Mariela en un intento por calmar a los que aún esperaban por abrazarla. La periodista de General Levalle insistió con algunas preguntas y la mujer de voz temblorosa advirtió que “esto viene de Buenos Aires, de la Patricia Bullrich”. Unas horas antes, había estado alojada en alguna habitación de la sede de la Policía Federal de Río Cuarto. La detuvieron por una supuesta amenaza terrorista contra la ministra de Seguridad. El detonante fue un posteo en Facebook. La incomodidad de los investigadores debió ser evidente cuando desembarcaron con varias unidades de las fuerzas federales a la humilde vivienda que Mariela comparte con su familia. La intervención reveló una sobreactuación con escaso trabajo de inteligencia. La joven apresada sufre una discapacidad y nadie en la localidad hubiera imaginado que podría significar un riesgo. Mucho menos, para la funcionaria a cargo de decidir sobre las políticas de seguridad de todos los argentinos. Al regresar al pueblo en una camioneta del productor rural Ruperto Goñi, Mariela saludó a los vecinos que la aplaudieron emocionados. Desde la noticia de la detención no podían abandonar la conmoción. Hasta la intendenta Laura Rodríguez Paredes debió intermediar para lograr que fuera liberada. “Quiero agradecer a todo el pueblo”, expresó la mujer frente a la muchedumbre que volvió a encenderse en aplausos. Su hermano Fernando había sido el primero en alertar sobre el procedimiento cinematográfico y el traslado de la joven. “A veces no entendemos y tenemos que adivinar lo que escribe, ella nunca amenazó a nadie”, advirtió desde la sede policial, donde la mantenían incomunicada. Las horas fueron interminables hasta que Mariela abandonó el edificio de calle Velez Sársfield para volver a casa. . “¿Cómo van a suponer que esta chica le iba a hacer algo a la Bullrich?”, se preguntó una vecina que había llegado hasta el lugar convocada por el rumor del inminente arribo.
La ministra que impuso la moda de los políticos con uniforme militar había anunciado esta semana un nuevo protocolo para que los efectivos “puedan abrir fuego en defensa propia o de otras personas”, y logren “impedir la fuga de quien represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas “. Se trata del aval definitivo para matar por la espalda “si fuera necesario”. El discurso encendido de mano dura aparece como un atajo sin demasiada efectividad para reducir el número de hechos. Incluso, puede emerger como un peligroso boomerang. El padre del playero asesinado en Rosario en medio de una ola de violencia irracional de grupos narcos, advirtió que “usan el método Bukele pero la pagamos nosotros”. Germán Bussanich, papá de Bruno, apuntó contra la imagen de presos desnudos y en fila, como en las postales viralizadas de las cárceles salvadoreñas, que mostraron desafiantes en sus redes sociales el gobernador de Santa Fe y su ministro de seguridad. “Le quiero decir a la ministra de seguridad Patricia Bullrich que están haciendo las cosas mal, se están poniendo la chapa de Bukele y les falta mucho”, expresó Bussanich.
La política de la sobreactuación volvió a anunciar la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra las bandas narcos y debió conformarse con la fotografía de un desfile de camionetas del Ejército. No solo se trata del impedimento que genera la Ley de Seguridad Interior, sino de la formación militar pensada para combatir agresiones externas. El debate busca revalidar el intento por atemorizar a los narcos con la presencia de uniformados con armas de guerra, mientras se difunde hasta el hartazgo el video de un sicario que mata impunemente a un joven trabajador y aún no pudo ser detenido.
Las experiencias de los operativos cinematográficos trascienden a Bullrich y su mensaje de orden. En Córdoba y la ciudad avanzan con la creación de guardias urbanas y apelan a la difusión de procedimientos donde decenas de policías posan para la foto cada fin de semana. El violento asalto a un adolescente de 16 años, quien fue apuñalado por un motochorro mientras caminaba con su hermanito hacia el Ipem 19, reveló que los actos delictivos trascienden la especulación sobre los barrios o la búsqueda de víctimas de mayor poder adquisitivo. Es un drama endémico que se impone entre las principales preocupaciones de los riocuartenses y se agudiza con un deterioro social en el que desembocan la crisis económica, el consumo de estupefacientes, la marginalidad, la incapacidad de resolución de los hechos delictivos, el desborde de causas judiciales y la falta de móviles y recursos humanos de la Policía para enfrentar un mapa delictivo complejo y disperso. “Cada vez son más las causas penales por hechos de robo o hurto que muestran la gravedad de la situación social. Son personas que van a juicio por romper una vidriera, sacar una garrafa o llevarse un celular. Incluso, vemos a algunos que nunca antes habían robado”, manifestó un alto funcionario judicial. En todos los casos, o en casi todos, aparece el consumo problemático. El juez Federal Carlos Ochoa afirmó a Así son las cosas que Río Cuarto “no está tomado por el narcotráfico”, pero admitió que “hay problemas de seguridad”. El magistrado hizo especial referencia al narcolavado, es decir, el movimiento económico que nadie controla y que logra empoderar a los vendedores de estupefacientes con mayor efectividad que el impacto de las balas.
La detención de Mariela pareció reflejar la incapacidad de indagar, con un mínimo carácter de seriedad, antes de ordenar operativos y detenciones que debilitan la credibilidad sobre las políticas oficiales. Es la frágil expresión de los discursos represivos, mientras las víctimas pagan caro las consecuencias.