Denuncia a Miralles por extorsión: El fiscal de Río Tercero recibió a Rosa Sabena y tomó declaración a Gambero

Por la denuncia por extorsión contra el fiscal Daniel Miralles Miralles, el fiscal de Instrucción de Río Tercero, Alejandro Carballo, recibió a la abogada Rosa Sabena y tomó declaración a Gonzalo Gambero. El procedimiento se realizó esta mañana.
Carballo quedó a cargo de la investigación de la denuncia formulada por Rosa, tras un largo peregrinar judicial ante la negativa de los fiscales riocuartenses para afrontar la causa.
La letrada acusa a Miralles de intentar extorsionar a su cliente exigiéndole una abultada suma de dinero a cambio de modificar la acusación con que elevaría la causa a juicio por la muerte de su hijo, ocurrida en 2017. Gambero está sospechado de haber asesinado a su bebé de cuatro meses, aparentemente como consecuencia del “síndrome del bebé sacudido”.
El padre siempre sostuvo que es inocente y pidió que también se investigara a la madre de la criatura, Lucrecia Piñeiro, y a la niñera, Nancy Gómez Palta.
Miralles habría enviado a una abogada para convencer a Sabena de que dejara de representar a Gambero y delegara el caso al ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien supuestamente podría cambiar la acusación de homicidio calificado agravado por el vínculo, a homicidio culposo.

La acusación

Según surge de la denuncia a la que accedió Póster Central, Gambero precisó que, “el primer fiscal encargado de llevar adelante esta investigación fue Javier Di Santo quien decidió detenerme preventivamente durante 59 días, sin tener prueba alguna”.
“Él mismo se abocó a investigarme solamente a mí, cuando las personas que estuvimos ese día bajo el cuidado de mis hijos fueron tres. Estaban la madre (María Lucrecia Piñeiro), la niñera (Nancy Gómez Palta) y yo. Junto a mi abogada, la doctora Rosa Sabena, presentamos numerosas pruebas que no consideraron ni aceptaron. Finalmente, el fiscal Di Santo decide elevar la causa a juicio”, recordó.

Y agreg´ó: “Esta resolución la recibe el juez de Control Mariano Correa, que comprueba que no existen méritos ni pruebas suficientes para tal pedido y decide que la investigación regrese a fiscalía y se amplíe hacia la madre (María Lucrecia Piñeiro) y la niñera (Nancy Gómez Palta)”.
“Automáticamente se aparta de la causa al Fiscal Di Santo y asume el caso el doctor Pedro Daniel Miralles. En el proceso no surgió nada que pudiera perjudicar mi persona. Todo lo contrario, surgieron algunas pruebas que evidencian que la persona que podría llegar a verse involucrada en este hecho es la madre de  mi hijo”, argumentó.
Gambero sostuvo que, “finalizado el proceso de investigación ordenado por el Juez Correa y llevado a cabo por el fiscal Miralles, el día 19 de julio de este año mi padre recibe por WhatsApp un mensaje del doctor Darío Vezzaro solicitándole hablar”.
“De esto tengo para ofrecer prueba de captura de pantalla como así también la grabación de la comunicación. En la comunicación le dice que lo llamó el Fiscal Miralles y le dijo que la causa venia mal para mí. Pidió que lo nombrara a él como abogado de la causa, para que le comente al Fiscal Miralles como debía hacer para bajar la calificación. Además, me pidió que no le dijera nada a mi abogada”, relató.
En la denuncia de Gambero, añadió: “Por supuesto mi familia no aceptó la coacción ya debía abonarle altos honorarios a Vezzaro y apartar a mi abogada. Luego, una abogada conocida por mi familia, la doctora Mabel Dagatti, se puso en contacto con mi abogada la doctora Rosa Sabena para comentarle que el señor fiscal Miralles le recomendaba que se apartara y nombrara al abogado Darío Vezzaro. Todo esto, para ofrecerme como arreglo que me declarara culpable de los hechos, a cambio de un importarte arreglo económico”.
Ante la gravísima denuncia, Gambero sostuvo: “tengo para demostrar la grabación de la conversación en donde está registrado el diálogo”.
Y destacó: “claramente esto es una extorsión. Soy inocente y tengo pruebas para demostrar mi inocencia. Esta conversación esta grabada y la ofrezco como prueba a para demostrar como el fiscal Miralles junto con el abogado Vezzaro han tratado de sobornarnos. Dado a que no hemos aceptado, el fiscal Miralles eleva la causa a juicio con todo en mi contra sin haber investigado y valorado los mas de 7 cuerpos de expedientes presentados por mi abogada la doctora Rosa Sabena”.
“Solicito considere de gran importancia estas pruebas que vengo a traerle de la manera que se manejan algunos funcionarios de Río Cuarto y que todo lo que digo lo acompaño con pruebas. Por último, pido que sea anule el pedido del señor Fiscal Pedro Daniel Miralles y se valorice nuevamente todas las pruebas ofrecidas por mi defensa”, argumentó.

Otra denuncia

Tras un violento episodio ocurrido durante la pandemia en un supermercado del Boulevard Roca, que tuvo como protagonistas a dos agentes policiales y la madre de una niña autista, denunciaron al fiscal de Instrucción Daniel Miralles por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo confirmaron a Póster Central los abogados Kevin Tamiozzo y Nicolás Buzzachi.
En la denuncia presentada en la Fiscalía de Primera Nominación y la Fiscalía General de la Provincia, la madre de una niña de 7 años que padece Trastorno del Espectro Autista, recordó que el martes 16 de Junio de 2020, a las 19:15, debió concurrir al supermercado ubicado en Boulevard Roca esquina San Lorenzo. Cuando aún regía el Aislamiento Social Obligatorio, la mamá no podía dejar a su hija debido a los cuidados específicos que requería y no contaba con nadie de su confianza disponible. “Cuando intentó ingresar al centro de compras, la agente Silvia Soria le prohíbe la entrada aludiendo normas internas por COVID. La mamá les explicó que debía aprovisionarse de alimentos y elementos de higiene para su hogar y su familia, elementos esenciales para subsistir con dignidad. En medio de la plena pandemia no había otros comercios abiertos a esa hora”, describió.
La mujer había señalado que necesitaba pañales, leche, carne, verduras, entre otros productos y les advirtió que “no había disposición alguna de autoridades locales, provinciales o nacionales que le prohíban la entrada con su hija discapacitada”. Tras el reclamo de la denunciante, la agente policial le habría señalado que recurriría al “derecho de admisión” y que debía cumplir “estrictas órdenes de los dueños”.
“La policía comenzó a agredirla verbalmente con términos como “inconsciente e irresponsable”, pese a los pedidos de la denunciante de que se trataba de una niña discapacitada y menor de edad”, indicó la acusación.
El documento judicial precisó que “intentó hablar telefónicamente con el EDECOM, pero la agente pretendió sacarle en forma violenta el móvil de su mano y la tomó del cuello”. La mujer logró “quitarse de encima” a la agente, pero “apareció otro policía (Maximiliano Bottino), quien le manifestó ser jefe de seguridad. “Con la excusa de ponerse en defensa de su compañera, nos empuja violentísimamente a mí y a mi hija, lo que nos hizo quedar contra la puerta del local”, dijo la víctima.
Posteriormente, los agentes habrían intentado reducir a la mamá tomándola del cuello y la denunciante logró morder la mano de un policía. A los pocos minutos arribó un patrullero y La madre fue conducida a un calabazo junto a su hija, “donde permaneció varias horas con los demás detenidos, quienes la increpaban”, según aseveró en la denuncia.
“Teniendo en cuenta la época invernal del hecho, el frio era insoportable en un calabozo sin ventanas y en horas de la noche. Mientras tanto, su hija debió permanecer al cuidado de la policía hasta que se presento su esposo a retirar a la niña. Luego de más de tres horas de espera en el calabozo es prontuaríada y se le “pintan los dedos”. Los policías les decían que “iba a tocar el pianito” entre risas y de manera burlesca. También le expresaron “no vas a volver a joder con los policías”, en referencia a Bottino y a Soria”, aseguró el abogado Tamiozzo.
Los policías Bottino y Soria formularon, por su parte, otra denuncia ante la Unidad Judicial a cargo de Miralles y señalaron que “la femenina insistía a los gritos y de manera muy violenta ingresar al comercio con su hija menor de edad”. Agregaron que “estaba bajo una crisis de nervios, alterada y a los gritos”. Los policías dijeron que la mujer reaccionó “con golpes de puño” y que por esa razón, debieron reducirla.
Sin embargo, Tamiozzo advirtió que los registros fílmicos en el lugar revelaron que “fue la agente Soria quien comenzó las agresiones injustificadas, abusando de su fuerza y autoridad, para luego mentir en la denuncia formulada en varios aspectos que son todos observables en el video referido”.
En relación a la denuncia contra el Fiscal de Instrucción, para la denunciante, Miralles “ha incurrido en la comisión del delitos tipificados en los arts. 248 y 274 del Código Penal, cuando no solo que resulta evidente de la prueba acompañada en el expediente penal referido, sino que además fue aducido por los signatarios en varias oportunidades procesales”
“Todos los delitos denunciados son en contra de la Administracion Pública, y en el caso de la Agente Soria, también contra la libertad”, indicó Tamiozzo, quien aseguró que Miralles “nunca avanzó en la investigación ni imputó a los agentes involucrados”.