El fiscal pidió el sobreseimiento del médico Roldán Tafur y la joven que se practicó un aborto

El fiscal Fernando Moine pidió el sobreseimiento del médico Roldán Tafur y la joven riocuartense que debió ser asistida de urgencia tras practicarse un aborto en la clínica de calle Caseros. Así lo confirmó el funcionario judicial a Póster Central.
El hecho ocurrió en 2018, cuando la mujer ingresó al Hospital por un sangrado, luego de haberse practicado un aborto en la clínica del doctor Roldán Tafur, quien también resultó imputado.
“La mujer reconoció el hecho y dijo que creer que había realizado una medida legal, debido a que en aquel momento había un debate público muy fuerte sobre la legalización. Es una persona muy vulnerable que no cometió ningún delito”, explicó el doctor Nicolás Rins, asesor legal de la imputada.

Parir la criminalización

Por Pablo Callejón Periodista – 27 de septiembre de 2018

Tiene 21 años, aún cursa la escuela secundaria y es madre de un niño de 2 años y 11 meses. Ya no vive con el padre de su hijo, trabaja en las calles como meretriz y completa sus ingresos con una cuota alimentaria de solo 2 mil pesos. Desde hace una semana, fue imputada por haberse practicado un aborto. Según el artículo 85, inciso 2 del Código Penal, la acusación prevé “reclusión o prisión de uno a cuatro años”. Ella confesó el delito por el que la acusan. Lo hizo cuando no pudo más con la hemorragia que sufría y debió ser trasladada con la ayuda de vecinos y la Policía hacia el Hospital. La soledad la confundía en esa reacción desesperada de quien dejó poco por perder. Según reconoció ante el fiscal de Instrucción Fernando Moine, la joven llegó a las 17 horas del 14 de agosto al consultorio del médico Mariano Roldán Tafur, en Caseros al 200, y le pidió que le practicara un aborto. Habría estado en el lugar hasta las 22, cuando se retiró a su casa. Dos horas después, la derivaron de urgencia al Hospital donde fue sometida a “un legrado uterino por un aborto provocado incompleto”, según surge de la historia clínica. La imputada no quiso callar ante el fiscal. Contó su historia con el paciente resguardo de la resignación. Ella le había informado a su pareja que estaba embarazada, pero el hombre decidió no hacerse cargo. La mamá ya estaba sola con uno de sus hijos y tuvo miedo. Sentía presión de su ex novio y hasta creyó que el aborto era legal “con todo este quilombo que mostraban los medios”. Estaba embarazada de 3 semanas y para poder concretar su propósito averiguó que debía consumir la pastilla “misoprostol” que en la farmacia le vendería “siempre y cuando llevara receta”. En su relató, la joven sostuvo que Roldán Tafur le practicaría el legrado por un costo de 15 mil pesos y ella aceptó. Su ex novio consiguió el dinero, “solicitaron un turno y fueron, pagaron y el médico hizo la práctica”, advierte la resolución judicial. Nunca supo si sufrió una infección, pero “en el Hospital le colocaron varios medicamentos”. La mujer imputada aseguró una y otra vez que se sentía presionada y obligada por su ex pareja, pero decidió no delatar su nombre. Sabía que no iba a poder “con todo”. Tenía un hijo, un estudio incompleto y una vida en las calles que apenas le permitían sobrevivir. Cuando vio la entrevista a Roldán Tafur en Telediario se indignó aún más. Afirmó que mintió ante la prensa cuando dijo que “no hacía abortos, que solucionaba ó terminaba los que las mujeres hacían en su casa”. En un momento de su declaración le confió al fiscal que creyó convencida en que “un porcentaje de senadores” habían convertido en ley el aborto. La Cámara alta, reducto del sector más conservador de la política, había rechazado la iniciativa el 9 de agosto, cinco días antes del aborto que obligó a la internación de la imputada. Por 38 votos a 31, contrarrestaron el aval que organizaciones sociales y feministas habían alcanzado en Diputados. Cuestión de legalidadEn la mayoría de los países desarrollados el aborto se legalizó en la década del 70 y el 80. Estudios de casos en estos lugares revelan descensos en la mortalidad materna. En Uruguay, el aborto es legal desde 2012 y el país ocupa uno de los lugares con menor tasa de mortalidad materna de América Latina. En el país limítrofe los abortos eran responsables del 37% de las muertes maternas durante el quinquenio 2001-2005 y cayeron hasta representar alrededor de 8% entre 2011 y 2015, según datos oficiales.Un informe conjunto del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) señala también estudios sobre Rumania y Guyana, donde las tasas de mortalidad materna por abortos disminuyeron luego de reformas legales más permisivas.El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, advirtió que el costo actual por asistencia en casos de aborto es de $ 4.078,30 millones y que tras la legalización, ese monto se reduciría a $ 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el sistema de salud de $ 3.400 millones. En relación al costo de la pastilla misoprostol el valor se reduciría de 11.500 pesos a 1.914. Según datos de 2014 aportados por Rubistein, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado. Todas estas cifras podrían haberse reducido en un 98% con la aprobación de la ley.Debajo de la alfombraLa joven mamá sigue sobreviviendo en las calles oscuras del olvido, con el sueño inconcluso del quinto año de secundaria y la pena a cuesta de los bolsillos flacos que le impiden llegar a fin de mes. La letra fría de un Código defendido por políticos de oficina y burócratas de la fe permitiría juzgar a la mujer si no alcanzan los atenuantes para el sobreseimiento. Los dogmas pudieron más que la realidad de la salud pública y por primera vez, la Justicia riocuartense podría sentar en el banquillo de los acusados a una madre junto al médico que le realizó el aborto. Difícilmente ambos puedan recibir una pena de prisión efectiva, aunque el veredicto llegó mucho antes que la resolución judicial. La condena que sigue pariendo atajos en la criminalización de la pobreza y la mujer.

Un legrado de película – Por Pablo Callejón

“Honestidad, responsabilidad, discreción” anuncia un letrero detrás del escritorio de madera oscura donde el médico de rostro andino recibe a sus pacientes. Las mujeres que lo buscan esperan, sobre todo, discreción. El médico cirujano Mariano Roldán Tafur les promete un “legrado de película” y asegura que en su clínica de calle Caseros al 200 “no se murió nadie”.
Encantado de haber alcanzado el título de médico en la Universidad Nacional de Córdoba “en solo 5 años”, Roldán Tafur llegó a la capital mediterránea tras abandonar una vida humilde en algún poblado entre valles cordilleranos del centro de Perú. Con una propuesta de trabajo en el Viejo Hospital decidió radicarse en Río Cuarto y años después instaló su propia clínica. La casona a pocas cuadras de Plaza Roca se revela pintada en naranja y rojo y un cartel en la puerta confirma que el centro médico solo funciona por él.
A las 8 de la mañana del pasado lunes, una mujer llegó a la clínica acompañada por su hermana. Según Roldán Tafur la paciente se encontraba con un cuadro de metrorragia -hemorragia vaginal, procedente del útero- y no tuvo más opción que “intervenir para salvarle la vida”. Mientras la mujer permanecía internada tras haberse sometido a uno de esos “legrados de película”, irrumpió en la clínica un agente policial que resultó ser pareja de la paciente. En un confuso episodio de insultos y amenazas de golpes, Roldán Tafur le pidió a su secretaria que llamara al 101 y minutos después arribó al lugar una ambulancia de emergencia privada. El médico desconfiaba que fuera policía quien lo acusaba por un presunto aborto y le advirtió que si recibía un golpe se defendería. No fue una frase de prepotencia vacía. Roldán Tafur practica desde hace años Karate Do y estaba dispuesto a poner en evidencia su experiencia en artes marciales.
La denuncia en la Unidad Judicial del primero piso de la Unidad Departamental es escueta y nada dice sobre la violencia de género que se habría ejercido sobre la mujer internada. El fiscal Luis Pizarro ordenó realizar una pericia médica para determinar si hubo aborto y avanzar en eventuales responsabilidades penales. La sospecha social y el sentido común no alcanzan en los expedientes judiciales. Para la Justicia se trata de un delito incómodo que solo se investiga si la exposición pública lo hace irremediable y con la presunción de nunca alcanzar el banquillo de los acusados. El aborto es una práctica que todos saben que sucede, rara vez deviene en una persecución penal y se sostiene en la demagogia de un status moral que lo prefiere ilegal, aunque inevitable.
Roldán Tafur aseguró en declaraciones a Telediario que “en Río Cuarto se produjeron muchas muertes por abortos” y reveló que las mujeres “toman pastillas ó dejan que les metan perejil” en un intento desesperado por abortar.
“Yo le dije al propio jefe de Ginecología que una paciente tenía infección en el útero y me decía que con un tratamiento de seis días volvería a su casa. Cuando la infección fue imparable la quisieron llevar a Córdoba y se murió en el camino. Esa chica tenía 17 años”. El estremecedor relato de Roldán Tafur sobre lo ocurrido en el viejo Hospital nunca se convirtió en una causa penal. “Me pidieron que me callara la boca y no es mi costumbre denunciar”, sentenció el médico.
Según surge del anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. Del total, el 17,6% falleció por un “embarazo terminado en aborto”. Se trata de la principal causa de mortalidad materna en nuestro país. Los abortos se producen con mayor ó menor seguridad, en clínicas ó en antros con curanderos de mala muerte. Existen y nadie los investiga. Las mujeres reciben asistencia médica ó se desangran sobre la cama de un cuarto oscuro, convirtiéndose en víctimas anónimas de la demagogia social.
La despenalización del aborto no implica estar a favor de la práctica, sino de evitar la persecución penal. El proyecto apunta a impedir que las mujeres sean revictimizadas y abandonadas a condiciones de extrema vulnerabilidad. Rechazar el debate supondría una falsa comodidad para aquellos que intentan negar lo que seguirá ocurriendo de todos modos. El aborto podrá convertirse en un tema de salud pública bajo el control del Estado ó seguir inmerso en madrugadas urgentes de consultorios que hasta ahora, solo garantizan discreción.