La mesa de los argentinos

Por Pablo Callejón

“La carne está barata, el problema es que no te alcanza”. La dolorosa ironía del comerciante no logró convencer a la mujer que desde hace tiempo dejó de pedir por kilo y hasta por cantidad. “Dame milanesas por 400 pesos”, lanzó la clienta mientras repasaba los números de la pizarra con una mezcla de sorpresa y desazón. La inflación golpea donde más duele, en la mesa de los argentinos. Los precios de las góndolas se dispararon en los últimos meses, mientras los salarios se deprimen desde hace años en los sectores medios y bajos. La pobreza creció y seguirá subiendo por el impacto de la canasta básica alimentaria. Solo en diciembre, el incremento en las góndolas fue del 5,1 por ciento. Las carnes y verduras impulsan la maquinita que no cede en el resto de los productos del supermercado. Una familia con dos adultos y dos menores necesitó más de 22 mil 600 pesos para no caer en la indigencia y más de 54 mil pesos para no ser considerada pobre. En todo el 2020, los alimentos acumularon alzas del 45,5 por ciento. Cuando el INDEC habla de la canasta básica alimentaria hace referencia a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un determinado grupo familiar. Allí se incluyen el pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros productos. El indicador superó a la inflación minorista del 39,1 por ciento debido al congelamiento en las tarifas de los servicios públicos y el transporte. La plata no alcanza aún cuando los datos revelen una mejora en relación al último año del macrismo, cuando la inflación fue de casi el 53 por ciento. A la debacle económica provocada por el modelo de Cambiemos se sumó la pandemia sanitaria mundial. Los formadores de precios no cedieron en medio del desplome en la actividad y las regulaciones del gobierno perdieron impacto. La profundización del problema inflacionario delega el esfuerzo del trabajo de los argentinos en pocas manos y se agrava el deterioro de la calidad de vida. Según datos de la Cámara de Almaceneros de diciembre, 6 de cada 10 cordobeses destinan más de la mitad de su sueldo solo en comprar alimentos y un tercio de los afectados, no pudo acceder a todos los productos de la canasta básica. La ayuda del Estado es cada vez más decisiva. Un 55,75 por ciento de los consumidores debió apelar a la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, la Tarjeta Social de Córdoba y otros beneficios sociales, para comprar los productos del almacén.  La situación es asfixiante y la Nación ya evalúa una suba en los montos de los beneficios para evitar una mayor devaluación. Es una carrera desigual donde la inflación deja rezagados los ingresos cada vez más bulímicos de las familias argentinas.

“Son salarios de hambre, trabajas el doble y te alcanza solo para la mitad”, advirtió Miguel Arias, secretario general del sindicato de Peones de Taxis de Córdoba, integrante de la Mesa Intersindical que le pidió al presidente Alberto Fernández que “dejen de ser los jubilados y trabajadores los que paguen el ajuste”. Los reclamos ya no solo parten de voces naturalmente opositoras que se movilizaron en el inicio de la pandemia, encabezados por autos de alta gama. El malestar hace ebullición desde el interior del oficialismo. Los comedores y copas de leche que se convirtieron en la base más sólida y equitativa de la contención alimentaria en los sectores más vulnerables, hacen malabares para garantizar las viandas y meriendas. En las clases media y media baja resulta difícil hallar medidas económicas que los favorezcan. Los ATP  y el IFE que lograron una exitosa contención social durante la cuarentena más estricta, ya no están.  Los préstamos a tasas subsidiadas que favorecieron la subsistencia de las pymes y evitaron un mayor incremento del desempleo, ahora son una pesada carga a enfrentar en medio de una incipiente recuperación económica que no logra revertir los efectos de largos años de retracción en la actividad. La economista Graciela Treber resaltó que “la continuidad de este contexto inflacionario pone en riesgo la posible reactivación y dejará una concentración aún mayor”. Los grupos alimenticios ya no solo dominan el mercado de las primeras marcas sino que se expanden en segundas y terceras opciones. La hegemonía en las góndolas generó estrategias de remarcación que superaron los límites de los precios cuidados. El impacto es aún mayor en carnes y verduras, dos rubros que no dan tregua. La picada común subió diciembre casi un 11 por ciento y el asado tuvo otra fuerte alza del 28 por ciento. En las verdulerías, la lechuga registró incrementos del 15 por ciento, la batata 10%, la naranja  el 22% y la manzana el 7%. La estrategia de buscar productos estacionales y ofertas es cada vez menos efectiva. El changuito sale casi vacío y son cada vez más los afectados que deben recurrir a los planes de las tarjetas de créditos para comprar los productos básicos. El golpe no solo se registra en los supermercados, sino también en las tiendas y las actividades recreativas, donde las subas llegan hasta el 60 por ciento. Ni siquiera la acumulación de 3 años de pérdida en la cantidad de unidades vendidas logra evitar la aceleración de precios en los comercios. El cóctel de recesión y picos inflacionarios conviven en un escenario que impulsa los niveles de pobreza.

Los salarios no dejan de perder ante la suba de precios. Desde hace 31 meses la situación se repite sistemáticamente. La pérdida del poder adquisitivo agrava las expectativas de una mejora en el consumo interno que impulse la eventual reactivación económica. Entre enero y septiembre del año pasado, la inflación creció un 36,6%. En ese mismo periodo, los haberes cayeron un 6,1 por ciento. Las y los trabajadores están pagando esta y todas las crisis. Los salarios se redujeron un 2,4 por ciento en relación al 2019, son un 9,1 por ciento más bajos que en 2018 y un 20,5 menores a los registrados en el 2015. El impacto es aún mayor en el sector público y resulta devastador entre quienes componen la economía informal, fuertemente golpeada por los meses de pandemia.  Los poco afortunados que lograron sentarse en paritarias alcanzaron acuerdos por debajo del ritmo inflacionario y las perspectivas para este año no parecen ser mejores. Si las previsiones de las consultoras privadas se cumplen (rara vez sucede), los precios subirían por encima del 50 por ciento y ningún sindicalista se animaría a presumir un acuerdo con esos niveles de mejora salarial.
La situación no es mejor para los jubilados. Las mínimas acumularon el año pasado un incremento del 35,3% y la máxima, del 24,3%. En la competencia con la suba de los precios, la jubilación mínima tuvo una pérdida de 0,6% y la más alta del 8,7%. Perdieron todos. La situación profundiza el desplome que había provocado el macrismo: desde 2016 a 2019, las jubilaciones y pensiones tuvieron un desplome del casi el 20%.
En dólares, la Argentina presenta hoy uno de los salarios más bajos de la región, medido al tipo de cambio oficial como al de contado con liquidación. Un trabajador necesita 10 salarios más que hace un año para comprar un auto. En enero de 2020, un 0 km económico (Fiat Moby o Renault Kwid) costaba un poco más de 40 haberes mínimos. Hoy se requieren más de 50, tras una suba promedio del 44% en el costo de los vehículos. Si la comparación se extiende a la construcción los números son aún más desoladores. El metro cuadrado supera los 50 mil pesos, un dato superior al ingreso promedio en Argentina.
La plata no alcanza y los últimos registros inflacionarios parecen conducir a otro año de desplome en los salarios. Y aunque no todos pierden por la crisis, los trabajadores esperan por señales que vayan más allá de una inyección de fondos a los planes sociales. La balanza se inclina fuertemente hacia los más poderosos y lo que está en juego es la mesa de los argentinos.

Foto: Web