LA BASURA DEBAJO DE LA ALFOMBRA

(*) Por Pablo Callejón

Hubiera resultado imposible articular un esquema delictivo tan aceitado sin complicidades políticas, judiciales y de la propia AFIP. El fiscal Federal Enrique Senestrari lo advirtió antes de ser apartado por un planteo defensivo sobre “enemistad manifiesta”. La acusación sobre 15 directivos de COTRECO y empresas vinculadas a las presuntas acciones de evasión, retenciones indebidas y asociación ilícita, llegó al despacho del juez Ricardo Bustos Fierro con casi 70 hechos investigados. El resultado final pareció cerrar las sospechas previas del fiscal. Las sociedades políticas aceptaron que las empresas desviaran los fondos. Los vínculos con la delegación regional del organismo recaudatorio facilitaron que se concretaran las maniobras. Y el fallo del juez cordobés de 87 años, a quien Senestrari acusó de ser “connivente” con los abogados defensores, derivó en que los procesados eludieran las acusaciones más gravosas.

El fiscal apuntó contra Horacio Busso y el resto de los imputados, por ser parte de una asociación ilícita para concretar maniobras de “evasión impositiva, apropiación de recursos de la seguridad social, apropiación de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y lavado de activos”. La acusación a la que pudo acceder Póster Central, señaló que la organización obtuvo licitaciones de servicios de higiene y recolección de residuos en municipios cordobeses y otras provincias, a través de las compañías Guba SA, Cotreco SA y Urbacor SA. Los empresarios habrían utilizado las firmas para “evadir impuestos mediante la omisión de presentación de declaraciones juradas, una sistemática generación y renovación de planes de pagos de los tributos adeudados y el cómputo de facturación apócrifa emitida por empresas controladas por ellos mismos”. Entre las sociedades sospechadas aparecen División Protonic SA, Nueva Serie SA, Futuro Sustentable SRL, Vanesin SA, e Intruder Service SA.La estrategia evasora habría incluido la apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El objetivo era evitar el pago de impuestos mediante la creación de fideicomisos que “obstaculizan el cobro por parte de los acreedores”. Estos instrumentos financieros les permitían quedarse con los recursos fiscales que luego reincorporaban “al circuito económico regular para simular un origen legal”El CEO de COTRECO Horacio Busso y los socios de la empresa, Flavio Cavallieri y Marcelo Debernardo, habrían dispuesto que “personas de su entorno” crearan los fideicomisos Guba, de Garantía Cotreco y Mas Recurso, para eludir el pago de tributos a la AFIP. Senestrari sospecha que utilizaron estas herramientas “para otorgarle un marco jurídico al desvío de los principales activos de Guba S.A y Cotreco S.A” y presentarse ante los acreedores sin capacidad económica para enfrentar sus deudas. Para completar la evasión, los empresarios habrían recurrido al “reiterado cambio de los domicilios fiscales”, alternando entre CABA y Córdoba, en un intento por “dificultar las acciones de fiscalización y las sanciones que le habrían correspondido”.El paso final fue la quiebra de Guba S.A y el concurso preventivo de Cotreco S.A, lo que ocasionó una deuda administrativa verificada ante la AFIP por la escalofriante cifra de mil millones de pesos.

El fiscal apuntó a una “insolvencia fiscal fraudulenta” por parte de Busso, Debernardo y Cavallieri para evitar pagar sus responsabilidades fiscales. Recordó que Guba SA fue constituida el 10 de junio de 2002 por Busso y tenía como finalidad la limpieza de edificios. Las oficinas estaban ubicadas en Talcahuano 309 piso 3, Of. 6, Capital Federal, Buenos Aires. Sin embargo, durante los 10 años que funcionó la empresa, celebró todos sus contratos en Córdoba. En ese tiempo, se incorporaron como síndicos a la firma Cavallieri y Jorge Pereyra Córdoba. Cuando la AFIP comenzó a fiscalizar los números, los acusados “habrían resuelto provocar la insolvencia de GUBA para frustrar los intentos de cobro de sus obligaciones fiscales”. La estrategia incluyó el cambio del directorio y la creación de un fideicomiso para la administración de las facturas. El objetivo real, según señaló el fiscal federal, fue “poner una pantalla a los ojos de los acreedores para sustraer los principales activos de GUBA del alcance del fisco”. El último paso fue decretar el 15 de diciembre de 2016 la quiebra de la empresa, con una deuda ante la AFIP de casi 72 millones de pesos.

Cotreco SA, adjudicataria del mayor contrato de la Municipalidad de Río Cuarto, fue el principal centro de sospechas de la Justicia. Como ocurrió con Guba, Busso y sus socios crearon el 25 de noviembre de 2016 el Fideicomiso de Garantía Cotreco. El armado incluyó a Juan Martín Pascuali como fiduciario y la Mutual Red Solidaria, en “carácter de beneficiaria”. El entramado permitía que COTRECO se financiara en acuerdos con la Mutual y a cambio, entregara derechos de facturación. Se priorizaba “el pago de las operaciones financieras con la Mutual, en detrimento del resto de sus obligaciones con el fisco”, que acumularon unos 400 millones de pesos.El 26 de septiembre de 2016, Busso, Debernardo y Cavallieri concretaron el Fideicomiso “Más Recurso”, en el que COTRECO era fiduciante y beneficiario. Apuntaron a “desviar recursos de la empresa hacia destinos aún desconocidos, presumiblemente a beneficio propio o de terceros, eludiendo el pago de las cargas sociales y demás obligaciones económicas de la propia empresa”. Solo en 2017, según datos de la AFIP, el fideicomiso declaró remuneraciones por algo más de 10 millones de pesos y contribuciones por 2 millones 500 mil pesos, a pesar de que las acreditaciones bancarias superaban los 46 millones. Los empresarios solicitaban planes de pagos que nunca completaban y terminaban renovando, una y otra vez. El informe reveló al menos 12 moratorias incumplidas. El dinero estaba pero era girado hacia otros destinos.
El fallo del juez federal Bustos Fierro precisó que la sociedad comercial había creado una nueva sede en Buenos Aires que jamás funcionó. Era un departamento sin moradores, que no pagaban ni luz ni gas. “El objetivo fue seleccionar el fuero civil y comercial en un fuero de conveniencia, lo que comúnmente se denomina forum shopping”, indicó. Actualmente, el concurso preventivo de Cotreco se dirime ante el Juzgado en lo Comercial N° 12, Secretaria 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El tejido de vínculos de los empresarios alcanzaba a la propia administración fiscal nacional. “Llama mucho la atención la multiplicidad y reiteración de hechos de apropiación indebida que sistemáticamente no fueron denunciados por AFIP a lo largo de tanto tiempo. Ello tal vez obedezca a la íntima relación con funcionarios de AFIP de la región local que revelan las escuchas telefónicas antes analizadas”, advirtió el dictamen judicial. Ante las graves sospechas sobre la delegación Córdoba, la investigación fue derivada a otras dependencias.

– Horacio Busso: ¿Flavio?
– Flavio Cavallieri: Si ¿Cómo andas?
– Horacio Busso: ¿Qué haces?
– Flavio Cavallieri: están haciendo un allanamiento ahí en COTRECO.
– Horacio Busso: ¿NO ME DIGAS!
– Flavio Cavallieri: Si
– Horacio Busso: La puta madre que lo pario. ¿En serio me decís?
– Flavio Cavallieri: sí. Sí, sí.
– Horacio Busso: pero que ¿la justicia?
– Flavio Cavallieri: Si, la Aeroportuaria… así que ha de ser la Federal.
– Horacio Busso: AGG, que cagada. Yo tengo la plata de PASCUAL en la… hay 600 lucas en la caja. La puta Madre.
– Flavio Cavallieri: Bueno. Y debe haber en el estudio también porque me están hablando del estudio. Espera
– Horacio Busso: Dale.
“Pascual” es Catrambone, el capo del sindicalismo en Surrbac, hoy detenido en Bower. Busso tenía 600 mil pesos para entregarle. Cash, en negro. Catrambone no era empleado de Cotreco, sino el vínculo entre el gremio y los empresarios. “Esto hace suponer un arreglo del CEO con quien dirigía el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba”, admitió el juez. Las escuchas telefónicas también revelaron el grado de influencia de los empresarios en el organismo y el detallado conocimiento sobre quienes formaban parte de la administración.

En una extensa descripción, con más de 65 hechos, el fiscal Senestrari apuntó también a la retención indebida de recursos. Se trata de los aportes al régimen de seguridad Social que la empresa realizaba y luego, no transfería al fisco. En su declaración indagatoria, Busso negó haber participado “de delito alguno” y descalificó la imputación del fiscal “por arbitraria, descabellada y mentirosa”. Senestrari intuía que Bustos Fierro lo quería fuera de la causa. El funcionario judicial le había reprochado al juez no haber aplicado con los empresarios la misma severidad que tuvo con los dirigentes de Surrbac. Los gremialistas fueron detenidos en operativos cinematográficos, mientras los directivos de la empresa gozaron siempre de la libertad.“Los trabajadores y el gremio fueron damnificados. Siempre fueron los afectados los más vulnerados. Gente se quedó sin trabajo, proveedores no cobraron y municipios que dejaron que esto siguiera funcionando. La situación de Busso es tan complicada como la de los gremialistas de Surrbac. Pero Bustos Fierro no quiso detenerlos. El juez es parte de la defensa y hay connivencia”, advirtió Senestrari en la entrevista que le realizó Póster Central antes del polémico fallo del magistrado considerado parte de “La Sagrada Familia” judicial de Córdoba. Aquel reportaje fue utilizado por los abogados para insistir con el apartamiento.

Bustos Fierro pareció quitarles a los empresarios de Cotreco el mayor peso de encima. Los acusó de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social y apropiación indebida de tributos, agravada. Sin embargo, les dictó la falta de mérito por asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta, tras considerar que “no existe con claridad suficiente la composición de una organización criminal”. La resolución incluyó el aval del juez al pedido de la defensa, que logró el objetivo de apartar a Senestrari de la causa. “La maniobra que ha planteado el fiscal en el Requerimiento de instrucción es de tal complejidad que al tiempo de la instrucción no se cuenta con elementos para probar la participación de cada uno de los mencionados en el hecho”, sostuvo Bustos Fierrro en su fallo.Su decisión fue cuestionada por todas las partes y llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, una nueva instancia para la escandalosa trama de complicidades que derivó en una millonaria estafa al fisco. Es también la alfombra que no deja ocultar la basura en los vínculos de la empresa a cargo de un servicio caro y deficitario para todos los riocuartenses.