Juicio a María Pía Cardoso – “Ella reclutaba indigentes bajo engaño y las empresas de Mengo cobraban los cheques”

Tras el inicio del juicio a María Pía Cardoso, Atilio Mengo y otros 13 imputados por asociación ilícita, el fiscal Federal Carlos Gonella afirmó en diálogo con Póster Central que “el delito investigado es un proceso complejo y dinámico de fraude al fisco en el que han participado más de 3 personas y por eso se llega a esa calificación”
“En caso de ser condenados, se trata de un delito grave y el mínimo de la pena no es excarcelable”, advirtió.
Gonella resaltó que “en la primera audiencia, nuevamente se presentaron planteos de nulidad que esta fiscalía rechazó”
“De acuerdo a la acusación de la fiscalía, a Cardoso se le atribuye el reclutamiento de personas vulnerable, bajo engaño. Se la inscribía como monotributistas y se las utilizaba para blanquear como operadores de granos. Se hacían cheques a su nombre, por montos de 50 mil pesos para evitar ser detectados, y los documentos eran cobrados por empresas del grupo Mengo, que se beneficiaba de manera delictiva”, precisó.
El fiscal resaltó que “el episodio en el Banco Francés fue el desencadenante de la investigación, junto a la llamada anónima que recibió el juez Ochoa, se trata de casos decisivos”
“El rol de María Pía Cardoso en el municipio le permitió aprovecharse de espacios territoriales y captar la voluntad de la persona. La acusación es la que está en juego en el juicio oral”, enfatizó.
Gonella destacó que se cuantificado en 50 la cantidad de indigentes afectados, aunque agregó que “hay documentación que habla de muchos más”

STATUS DE CLASE

Por Pablo Callejón Periodista

Marcos había sido convocado por María Pía Cardoso en el edificio lindero al Banco Francés. La ex funcionaria municipal le había solicitado que luego subiera al piso 8, donde funcionaba un estudio de abogados. En cómodas oficinas, Marcos debió firmar unas 10 hojas en blanco “con algo escrito abajo”. Un día después, le entregaron 60 pesos para que concurriera a la sede del Cecis y comprara cinco hojas de porte. El trámite habría concluido con la obtención del número de CUIT en la ex DGI. La documentación fue presentada nuevamente en el estudio que actuaba como gestor. Horas después, Cardoso retiró la carpeta con los informes ya concluidos. En otras operaciones, las maniobras eran más burdas. “El escribano” Agüero aguardaba en una oficina de Irigoyen al 1200 a los indigentes que dejaban su firma en papeles que los convertirían en testaferros de acaudalados productores agropecuarios. Según surge de la requisitoria de elevación a juicio del Juzgado Federal, se logró probar la historia de al menos 50 riocuartenses en condiciones vulnerables que fueron engañados por Cardoso y “los reclutadores”. En todos los casos, se les prometía una pensión asistencial para enfrentar una vida de supervivencia mientras se desarrollaba una millonaria maniobra de evasión al fisco.

El 27 de noviembre de 2007, Nilda Edith Romero aguardaba con su hijo Esteban Príncipe “cobrar la pensión” ante la mirada sigilosa de Miguel Pettiti y el puntero político Hugo Agüero, quienes aguardaban a metros de la caja. La mujer había recibido el cheque al dorso y resolvió observar el monto de la operación. La sorpresa le impidió continuar. No se trataba de los 150 pesos que le habían prometido como subsidio sino de un monto superior a los 40 mil pesos. Cuando intentó buscar explicaciones, Pettiti y María Pía Cardoso, quien se encontraba custodiando el resultado de la operación, se abalanzaron sobre Nilda y su hijo para recuperar el documento de cobro. Tras la intervención policial, la víctima presentó una denuncia en la comisaría Federal y resolvió contar lo ocurrido al programa Una de Noticias del periodista Guillermo Geremía. El escandaloso episodio logró desenmascarar a la banda delictiva que el juez federal Carlos Ochoa pudo reconstruir en su acusación por asociación ilícita. Dos años después, los acusados lograron sortear una condena por lesiones leves por los incidentes en el interior del Banco, aunque su situación en las actividades de evasión con el uso de indigentes era cada vez más comprometida.

Para la Justicia Federal, la organización delictiva era liderada por Atilio Mengo, un empresario de Río Tercero vinculado a la intermediación de cereales a través de FLG Agropecuaria S.A. y Soybeans S.A. Las hijas del acusado, Francina y Luisina, habrían sido cómplices de la gestación de las maniobras en cargos gerenciales. A María Pía Cardoso se le adjudicó el rol clave de organizar el reclutamiento de los indigentes desde su función de titular de la oficina de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad. El ex intendente Antonio Rins la había designado para ayudar a familias carecientes en la formalización de los lotes donde habían construido sus precarias viviendas. La funcionaria incorporó en su red de acción a punteros políticos con capacidad de convencer a las víctimas. Los reclutadores eran el “porteño” Hugo Agüero, el chapista Claudio Giles y la ama de casa Vanesa Moyano, todos con influencia partidaria en barrios humildes.
La organización que describió el juez Ochoa se completaba con Leonardo Pettiti, asesor financiero y accionista de Gordon S.A., y Gabriel Ludueña, empleado de la firma. En la trama de complicidades aparecen también Sergio Bertoni, integrante de la empresa Cereales y Pasturas, y Sebastián Barreiro, representante de la compañía de desarrollo inmobiliario Dirt SA.
Para la comercialización de cheques, Mengo habría apelado al comerciante de 73 años Eduardo Meta y sus hijos Diego y Gabriel. Todos llegaron procesados como parte de la asociación ilícita que reclutaba personas de bajos recursos, bajo la promesa de dinero.

Las maniobras tenía un mismo modus operandi. Cardoso y su grupo convencían a indigentes para inscribirlos como monotributistas. Bajo el engaño de una pensión asistencial, les exigían la firma en blanco de documentación que los convertía en prestanombres para deducciones, créditos de pago y transacciones. La comercialización de cereales incluía la incorporación de plantillas comerciales apócrifas, cartas de porte y tickets. El paso final era la emisión de documentos financieros a nombre de indigentes para lograr la evasión impositiva. Los montos nunca superaban los 50 mil pesos para evitar llamar la atención del fisco. Para alcanzar los volúmenes de evasión requeridos, se necesitaba sumar cada vez más vecinos vulnerables que actuaran como “prestanombres”.
La organización operaba marginalmente “con el objetivo de ocultar al verdadero productor agropecuario, que se beneficiaba con crédito fiscal del IVA y lograba deducir el impuesto a las ganancias”. La estafa al fisco se configuraba “en la insolvencia del prestanombre que no podía hacerse cargo de las obligaciones generadas a su nombre”.

El portero del edificio en calle Alvear al 553 fue un testigo casual de un intento apresurado por ocultar pruebas. Según surge de la investigación, en la bolsa de residuos que habían dejado desde el departamento que ocupaba María Pía Cardoso, hallaron cartas de porte en blanco sin utilizar y otras, a nombre de distintas personas. También incautaron formularios sin rellenar con autorizaciones de compra de la AFIP, planillas de inscripción de monotributistas y fotocopias varias de distintos DNI. El Juzgado Federal ordenó un allanamiento en el interior del departamento y los investigadores hallaron documentos con nombres coincidentes a los papeles recuperados en las bolsas de basura.
Una llamada anónima al juez Ochoa aportó nueva información clave. El testigo explicó que la empresa vinculada con la evasión era FLG Agropecuaria, con domicilio en Cordoba, en connivencia con la financiera Gordon SA, en donde se desempeñaba Pettiti. El objetivo era concretar operaciones de ventas de cereales no registradas ni declaradas a la AFIP, para que el productor ó acopiador no abonara los impuestos. Las acciones incluían la compra en negro del cereal y la liquidación ante el exportador mediante un corredor. Finalmente, los “valijeros” debían permitir las operaciones de compras a nombre de personas insolventes.
En su indagatoria, Mengo negó ser el jefe de la asociación ilícita y aseguró que como intermediario no tenía “beneficio alguno”. El empresario sostuvo que no reclutó indigentes y que desconocía la identidad de los proveedores.

El 19 de junio de 2008, María Pía Cardoso fue detenida por orden del juez Ochoa. La noticia alcanzó impacto nacional debido a que la abogada era pareja de Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso hoy acusado de instigar el crimen de su esposa. Cardoso fue liberada el 15 de septiembre del mismo año y su principal misión de vida pareció enfocarse en recuperar un status que la había tenido como protagonista. Abrió un comercio, volvió a participar de eventos sociales y pareció despojarse de su rol de abogada.
Cardoso apeló a sus contactos y capacidad de convencimiento para convertirse en presidenta de la fundación Patagonia Flooring, un cargo que le abrió puertas en Buenos Aires, donde se radicó desde hace un tiempo. En la Capital, organizó eventos sociales de los que participó, entre otras figuras, Juliana Awada, esposa del ex presidente Mauricio Macri.

El pasado miércoles 19 de febrero, María Pía Cardoso buscó ocultarse de las cámaras de televisión que registraron el inicio de la audiencia judicial. En el extenso banquillo de los acusados ubicado frente a los integrantes del Tribunal Federal 1 de Córdoba, la ex funcionaria municipal estaba junto a los otros 14 procesados. Pasaron 13 años de planteos de nulidad y recursos de oposición hasta que finalmente la Justicia podrá determinar el resultado de una investigación sin precedentes en la historia penal de la ciudad. Un lugar donde ya no debería alcanzar el status de clase que buscó beneficiar a productores evasores, a costa de indigentes que solo esperaban una pensión para subsistir.