Notas para una reforma a la Justicia
Por Ricardo A. MUÑOZ (h)
Abogado y Doctorando (Univ. Nac. de Córdoba), y Magíster en Derecho Administrativo (Univ. Austral). Docente e investigador (Univ. Nac. de Río Cuarto). Autor de libros y artículos de su especialidad. E-mail: ricardoh@mabogados.com.ar.
La reforma a la Justicia, es especial la Federal, es un tema que surge y se recrea permanentemente en nuestro país, y ahora con el cambio de Gobierno, un poco más, al haber lanzado el Presidente de la Nación en su discurso de asunción severas críticas al funcionamiento del Poder Judicial prometiendo mandar en lo inmediato proyectos de leyes al Congreso, por lo que se esperan inminentes decisiones políticas al respecto.
La modernización de los códigos procesales a través de la oralidad y la desformalización del proceso, la aplicación de las TICs en los trámites judiciales, la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el mejoramiento de la infraestructura, más cantidad y mejor especializados tribunales y juzgados (como podrían ser de delitos complejos, de lucha contra el narcotráfico y de cibercriminal), radicados con la mayor cercanía posible al justiciable, sumado a la obligación primordial y sustancial del Estado de facilitar y garantizar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, son todas exigencias cada vez más acuciantes que se traducen en la idea de alcanzar una Justicia justa, igualitaria e imparcial.
Pero la demanda social mas importante, está relacionada con el comportamiento de la justicia federal penal en las causas por corrupción radicadas en contra de los funcionarios públicos, donde parece que el comportamiento y criterio de los magistrados cambia, según cual fuese el gobierno que esté de turno. Esto, sin dudas, hace que empeore la percepción que tiene la sociedad sobre el Poder Judicial, donde los niveles de desconfianza son altísimos, incluso por encima de la consideración que se tienen de otros poderes del Estado. A través de ello, lamentablemente, se está poniendo en duda los principios de independencia e imparcialidad -y la propia legitimidad- de la justicia, los que configuran -en realidad- los pilares más fundamentales de nuestras instituciones republicanas.
La falta de credibilidad ciudadana, sumada a la visualización del Poder Judicial como un ente conservador, corporativo y privilegiado por parte de la opinión pública (la feria y el horario judicial, la falta de evaluación de las tareas de los magistrados, o la propia eximición del impuesto a las ganancias a favor de los jueces, son suficientes ejemplos de ello), justifica profundas reformas y elementales innovaciones para el funcionamiento de la justicia. En primer lugar, se imponen cambios sustanciales a los fines de adecuar al procedimiento de selección de los jueces y juezas de la Nación a los principios de profesionalización, tecnicidad y eticidad queridos por la Constitución Nacional, sin caer en la ingenuidad de que no existirá ninguna injerencia del poder – lo que es habitual en el funcionamiento del Estado y que ni siquiera es lo pretendido constitucionalmente para el Consejo de la Magistratura-, pero sí con el desafío de evitar la descarada intervención de la política partidaria de turno. Por ejemplo, debería precisarse aún más el mecanismo para computar antecedentes, en cuanto a pautas objetivas y tablas de valores, distinguiendo aquellos que exigen mayores esfuerzos y trayectorias, siendo inclusive valorados por expertos externos, que auditen y controlen el proceso de selección. A tales efectos, se podría convocar a organizaciones no gubernamentales o catedráticos de reconocida experiencia y prestigio a los fines que realicen esa función, emitiendo opinión sobre la idoneidad técnica y moral de los candidatos.
Por otro lado, se imponen transformaciones que tiendan a modificar el rol de la justicia en la vida social, y en ese sentido, la gran apuesta siegue siendo acercar el servicio de administración de justicia al ciudadano, particularmente en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, por lo que una propuesta podría ser extender las capacitaciones de “genero” (ya concretadas en muchas instituciones) a otras temáticas referidas a colectivos desprotegidos -lo que podríamos denominar el abordaje desde una “perspectiva de vulnerabilidad”- para encauzar de manera integral el problema de acceso a la justicia de este grupo de personas (pobreza extrema, migración, discapacidad, comunidades indígenas, etc.).
En esta línea, debería plantearse la problemática de los derechos colectivos, como lo son los medioambientales y de consumidores y usuarios de servicios, y que naturalmente incluyen los derechos sociales a la vivienda, educación, alimentación, etc., a través de una ley del Congreso, que evite fundamentalmente el “trajín” -como casi siempre sucede- de ir a litigar a Buenos Aires para este tipo de causas (que lamentablemente todavía existen como el caso del servicio público federal de energía eléctrica, indemnizaciones especiales, entre otros).
En materia penal -pero también vinculado a la “vulnerabilidad”- ya está en camino la implementación del sistema acusatorio o adversarial, donde la función del juez pasa a ser netamente de garantía, quedando todo lo relacionado con la investigación y ejercicio de la acción penal en cabeza del Ministerio Público, lo que permitirá articular y aplicar adecuados criterios sobre la política de persecución penal.
Pero el cambio que parece
no puede obviarse, es el traspaso definitivo de la justicia ordinaria nacional
al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con ello, la creación de
nuevos juzgados federales de primera instancia, no solo en materia civil,
comercial, previsional y contencioso administrativo, sino fundamentalmente
penal, lo que permitirá ampliar la cantidad de jueces y juezas (se pasaría de
los actuales 12 a algo más de 40), desconcentrar los “Tribunales de Comodoro
Py” generando una mayor horizontalidad en la distribución de competencia, y
clarificar las investigaciones penales por delitos de corrupción llevadas a
cabo en contra de funcionarios públicos (del partido que sea). Imposibilitando
(o por lo menos, disminuyendo) cualquier tipo de injerencia del gobierno sobre
la labor del magistrado, y a la vez, garantizando la mayor independencia y
autonomía de valoración respecto la aplicación de figuras como la del arrepentido
y otras colaboraciones, e incluso, las restricciones provisorias a la libertad,
tan politizadas en los últimos tiempos y que han sido graficada mediante el
término “lawfare”. Finalmente, también debe transparentarse el uso de
los servicios de inteligencia por parte de la justicia evitando su utilización
con fines políticos, e implantarse un sistema de sorteo de causas más limpio y
claro, y con control público, para evitar aquellas habituales suspicacias sobre
cual juez penal recayó la causa.
