Colombia se suma a la rebelión latinoamericana contra la desigualdad

Cientos de miles de personas convocadas por sindicatos y estudiantes marcharon este jueves por las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque.
El Gobierno, que enfrentó la protesta más grande desde su llegada al poder en agosto de 2018, había advertido de posibles actos de violencia y disturbios como los que se registraron recientemente en Ecuador, Chile y Bolivia en medio de un clima de agitación política.
Duque, quien tiene bajos índices de aprobación y no ha logrado consolidar una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas 15 meses después de asumir la presidencia, negó planes para aumentar la edad de jubilación o los aportes de los trabajadores para acceder a las pensiones.
También desmintió una posible reducción del salario mínimo y que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de la estipulada por la ley, pero no logró desactivar la protesta.
Las movilizaciones provocaron el bloqueo de algunas estaciones de autobuses en Bogotá que fueron atacadas por encapuchados, mientras que en el noroeste de la ciudad hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía que lanzó gases lacrimógenos para despejar las vías y dispersar la multitud.
Otras organizaciones demandaron al Gobierno un mayor compromiso para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, el cual fue firmado hace tres años para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.
Las Fuerzas Militares y de Policía permanecían en acuartelamiento de primer grado y en máxima alerta, mientras que 24 extranjeros, la mayoría venezolanos, fueron expulsados de Colombia en las últimas semanas por la autoridad migratoria que denunció que planeaban cometer actos de sabotaje en las marchas.

1. El “paquetazo” (*)

Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un “paquetazo” de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.
Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.
El Gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.

Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

2. La educación

A las manifestaciones acudirán también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.

Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.
Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos “nunca antes vistos”.

3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros

Los manifestantes también reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.
La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, un departamento ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.
De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz

Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.
En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.
Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.

(*) BBC