La Irlanda prometida

Por Pablo Callejón

“Son tres cosas básicas: alimentos, pañales y la medicación. ¿Qué privilegio hay en eso? No solo son los niños, sino abuelas con enfermedades crónicas, mamás con cáncer, papás que no pueden caminar. ¿Cómo le van a cortar los insumos a las personas con discapacidad? La calidad de vida se les viene a pique, pierden defensas y su organismo no responde” Laura habla por su hija y por los que conoció a través de tantos años de lucha. Las enfermeras la llaman por su nombre, la toman de la mano, le desean lo mejor cuando abandona el Hospital y la reciben con un abrazo cálido cuando regresa. Ella es parte de los que realizan largas colas frente a la farmacia prestadora de Incluir Salud, el ex Profe. “Siempre tuvimos problemas, pero ya no entregan nada. Los medicamentos para mi hijo cuestan 60 mil pesos. ¿Cómo voy a pagarlos con la pensión que recibe?”, lamentó Marcela, mamá de una adolescente con discapacidad. Tras presentar un recurso ante la Defensoría del Pueblo y evaluar un amparo en la Justicia Federal, las familias temen que el recorte se profundice. A las extensas horas de cuidado y acompañamiento del tratamiento de sus hijos, sus padres o sus abuelos, se suma el peregrinar por oficinas oficiales y la tediosa tarea de completar una y otra vez los formularios de reclamo.
La casta no va al médico con un carnet del ex Profe. Tampoco parece ser parte de la casta la mujer que deja algunos productos en la caja del supermercado por la falta de saldo en la tarjeta. No se advierte que integren alguna casta los trabajadores que desde hace varios días mantienen un paro por tiempo indeterminado en el Policlínico San Lucas a la espera de poder cobrar, al menos, la totalidad de haberes de diciembre. Es difícil pensar que puedan conformar una casta los que dejaron de usar el auto por el alto precio del combustible. Tampoco están inmersos en una casta quienes temen ser despedidos porque ya casi nadie entra a comprar al negocio de sus patrones. La casta, entendida como una elite con privilegios, no parece estar dilapidando sus ahorros en comprar arroz a 2500 pesos o un kilo de yerba a 3 mil. La situación se agravará en los próximos meses, con niveles de inflación que permanecerán por sobre el 20 por ciento y negociaciones paritarias cada vez más atrasadas. El regreso a clases mostrará subas de hasta el 150 por ciento en los útiles escolares y un fuerte impacto en las cuotas de los colegios. Será la antesala a otro severo golpe al bolsillo en las tarifas: las empresas de gas pidieron incrementos que duplican, y hasta triplican, los valores del invierno pasado. El transporte avanzó con cambios en el pasaje impulsados por las remarcaciones en el gasoil. Esta semana se confirmó un alza del 97 por ciento en los colectivos interurbanos y viajar desde Río Cuarto a Córdoba ya cuesta 10 mil pesos.
La tensión social comienza a emerger en las calles por el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y el temor a reformas que apuntan a flexibilizar derechos. No hay un solo artículo del DNU y la Ley Omnibus del presidente Javier Milei que suponga mejoras para los asalariados. El mandatario nacional desestima la Justicia Social como principio para equilibrar las enormes diferencias entre los dueños del capital y quienes aportan la mano de obra. Su discurso en Davos buscó revivir la previa a la caída del muro de Berlín, como en una mala reedición de la película Good By Lenin. El líder libertario puso énfasis en un modelo de extrema derecha que hizo sonrojar a los principales referentes del mundo de las finanzas.
Milei propone el desmantelamiento del Estado o nada. El intento por aprobar el mega DNU y la Ley Omnibus incluye la amenaza a los gobernadores de recortes en los aportes extraordinarios. Con un presupuesto anclado en el 2023, el agobio a las arcas de municipios y provincias llegará irremediablemente. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló que el gobierno de Milei redujo las transferencias automáticas a las provincias en un 7,5%, comparando la primera quincena de enero de este año con el mismo período de 2023. La mayor quita fue a la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof, que tuvo una caída real de enero a enero de 11,1%, seguida por Salta y Misiones. Aun con números negativos, la ciudad de Buenos Aires, al mando de Jorge Macri, solo tuvo una pérdida de 4% interanual. En Córdoba, la merma de la recaudación derivó en el desconocimiento por parte de Martín Llaryora del acuerdo paritario que mantenían los gremios provinciales con Juan Schiaretti. “¿Cómo vamos a pagar una suba del 25 por ciento en enero, si los ingresos cayeron más de un punto? ¿Quién paga esa diferencia?”, afirmó un dirigente provincial. La respuesta emerge de los bolsillos de los empleados públicos.
Con el bono “El Chacho”, La Rioja gobernada por Ricardo Quintela es la primera provincia en recaer en cuasimonedas. Tras una protesta de las fuerzas policiales que tuvo en vilo a los riojanos, la Legislatura aprobó la emisión por casi 25 mil millones de pesos para enfrentar los sueldos. En Buenos Aires por ahora descartan una reedición de los Patacones, aunque el ministro de Gobierno Carlos Bianco aclaró que se trata de una atribución que tiene Axel Kicillof y dijo que “el gobernador la usará cuando lo crea necesario”. En Córdoba la última experiencia fueron los Lecor que el ex gobernador José Manuel De la Sota mandó a imprimir en Chile en la previa al estallido del 2001. En la Provincia nadie habla de volver a las cuasimonedas, aunque diferentes sectores sociales apuntaron sobre el impacto que podría alcanzar el ajuste en las cuentas públicas. La temida “paz del cementerio”, de la que habló Llaryora al describir el equilibrio fiscal prometido por Milei, podría representar un espinoso camino que nos alejaría cada vez más de la Irlanda prometida.