La última actuación del farsante

Por Pablo Callejón

Ignacio Nicolás Martín no solo era un médico trucho.  Era el “jefe del COT”, el organismo estratégico para el abordaje de la pandemia de Coronavirus en la Provincia. Aquella foto de guardapolvo blanco encabezando una caminata intencionada hacia la cámara, con los funcionarios municipales y provinciales detrás, revelaba a un profesional al mando. El barbijo impedía observar el rostro adolescente del personaje que ilustraba los partes de comunicación oficiales. Dos años después, Martín llegó esposado a la sala de audiencias de los Tribunales de Río Cuarto, escoltado por dos guardiacárceles que parecían tomar nota en silencio, mientras escuchaban la declaración del falso doctor ante los magistrados que juzgaban.
El imputado aún conserva esa cara aniñada, una mirada filosa y un modo de expresión sin estridencias, que en cada pausa parece recrear un relato que habrá practicado una y otra vez en la celda carcelaria. Si algo sabe Martín es impostar y mentir. Lo reconocen, sobre todo, las víctimas que le abrieron las puertas de su hogar, con sus familiares graves o agonizantes. Lo saben, ahora también, quienes fueron a buscar una respuesta médica en el S24 o renovaron su carnet de conducir.  “¿Cómo iba a su poner que no era médico si lo mandó a mi casa un organismo del Estado, el único al que podíamos acudir?”, advirtió Patricia Varela, mamá, de Nicolás, el joven que murió de un paro cardiorrespiratorio mientras Martín solicitaba el arribo de una ambulancia porque ni siquiera podía practicarle un RCP. Esta es la más grave acusación contra el médico trucho y la principal interpelación al Centro de Operaciones Estratégicas. A diferencia de otros casos en los que enviaron al imputado a asistir a un paciente, el llamado de la familia de Nicolás fue claro en el diagnóstico: no se trataba de un eventual contagio de Covid, Nicolás Bertol estaba padeciendo un cuadro cardíaco agudo relacionado con patologías preexistentes. Patricia recordó que había solicitado llevar a su hijo al Hospital pero le negaron esa posibilidad debido a que toda la familia era contacto estrecho. En aquel momento de la pandemia eso implicaba quedarse aislado en la vivienda. Como Nicolás no respondía y permanecía inconsciente, su hermano le practicó reanimación cardiopulmonar, mientras el falso médico le colocaba un desfibrilador  que estaba inactivo porque no tenía batería. En sus 40 momentos de declaración, Martín esbozó el único “perdón” ante la testigo y apuntó contra el subsecretario de Salud, Isaac Pérez Villarreal, “por no advertir que se trataba de un código rojo”
“Voy a reconocer los hechos primero, segundo, tercero y quinto, haciendo la salvedad del hecho tres con lo que ya declaré en la indagatoria. Siempre me presenté desde Villa Dolores a Río Cuarto como falso médico y no como voluntario, como entré al Centro de Operaciones”, afirmó Martín tras escuchar las acusaciones en su contra. Es decir, el imputado admitió que utilizó un carnet apócrifo con la matrícula de una médica cordobesa y participó del “planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de la atención sanitaria”. Además, confirmó que fue contratado por el Municipio y prestó servicios en la guardia médica en el Centro de Salud Municipal y en el S24 Alberdi. También dijo haber asistido a una mujer en barrio Alberdi, quien falleció tras ser derivada a una clínica privada y participó del control médico para la entrega de carnets de conducir en el CGM de Banda Norte.   Sin embargo, intentó eludir responsabilidades sobre el deceso de Nicolás y la atención a Daniel González, un hombre al que le recetó medicación por un supuesto cuadre de Covid, a pesar de que estaba transitando una patología cardíaca severa. También evitó el reconocimiento de culpabilidad en el séptimo hecho, que le adjudica a Martín su intención de radicarse en Río Cuarto y presentar nuevamente documentación apócrifa para ser contratado por el municipio. En su relato, el imputado aseguró que tanto los funcionarios provinciales Diego Almada y Pablo Carvajal, como el secretario y el subsecretario de Salud de Río Cuarto, Marcelo Ferrario y Pérez Villareal, “sabían que no era médico”. Almada no fue un protagonista casual de esta historia. En algún momento fue catalogado mediáticamente como “el cazador del virus” y desde la Provincia lo sindicaban como el experto de confianza para recrear armados estratégicos para combatir la pandemia. Esa fue la razón por la que desembarcó en Río Cuarto, en medio de una ola de contagios que tenía en vilo a la ciudad en septiembre de 2020. Almada tenía 47 años y en su currículum figuraba una dilatada experiencia en pediatra, con una maestría en Salud Pública. Además, era docente en la Universidad Nacional de Córdoba y había sido funcionario de Salud en las municipalidades de Córdoba y de Jesús María. Cuando se desató la pandemia se desempeñaba en el Hospital de Niños de Córdoba. “Martín llegó a Río Cuarto con Almada y nadie podía dudar de que se trataba de un médico. ¿Quién iba a cuestionar al jefe del Coe?”, señalaron desde Salud municipal cuando el escándalo desbordaba los títulos mediáticos convirtiendo el caso del médico trucho en una historia nacional.  
“Desde el momento en que la Justicia nos acepta como querellantes se pone en evidencia que hemos sido engañados”, afirmó el jefe de Gabinete Julián Oberti, ante la interpelación periodística sobre las posibles responsabilidades políticas.  El fiscal Daniel Miralles había resuelto archivar la investigación sobre el accionar de funcionarios y organismos del Estado. Para el fiscal, Martín fue simplemente un genio de la farsa capaz de articular la más perspicaz maniobra para engañar a toda una estructura de expertos médicos.  Ante los jueces de la Cámara del Crimen, Martín intentó involucrar a quienes lo designaron o avalaron que asumiera un rol preponderante en el COE. Aseguró que “lo obligaron a mentir” y que todos sabían que “estaba flojo de papeles”.
La denuncia que advirtió sobre la documentación apócrifa del acusado fue formulada el 21 de diciembre de 2020 y un día después,  se presentó en la fiscalía penal de Córdoba. A pesar de que había transcurrido más de un mes del escandaloso episodio, los hechos tomaron conocimiento público por las manifestaciones del concejal de Juntos por Río Cuarto, Carlos Ordóñez, en una entrevista a Telediario. Hasta ese momento, nada se sabía. Las víctimas reconocieron al médico trucho a través de las imágenes televisivas. Nunca recibieron una convocatoria oficial para advertirles sobre lo que había ocurrido y conocer sobre las penurias que debieron enfrentar. Empezaron a atar cabos en los recuerdos de aquellas intervenciones del jovencito que se presentaba como especialista médico y en el dolor de haber perdido a un familiar o el alivio de haberlo salvado milagrosamente en la búsqueda de una segunda opinión. La última actuación dramática del acusado y la sospecha permanente sobre quienes permitieron el accionar del farsante con cara de niño.