La elite de los que pueden

Por Pablo Callejón

Son jueces y partes de sus intereses corporativos. Una elite capaz de evitar el pago del impuesto a las ganancias que impacta en cualquier otro trabajador, con sueldos que representan un tercio de los haberes de un magistrado.  La discusión no es solo de dinero, sino de status social. Fundamentalmente, de poder. Con nosotros no, es el mensaje. ¿Y por qué no? Porque deciden y pueden. Amparados por un discurso mediático empresarial que habla de “embestida” o “avanzada” del Gobierno, aunque la regulación deba surgir de una mayoría parlamentaria. Una postura que intenta eludir el punto de partida para cualquier debate: antes que jueces, son ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones. No resulta simpático suponer al sueldo como una ganancia. Sin embargo, sacar de esa condición a una exclusiva representación del Poder Judicial emerge como una concesión arbitraria y clasista.
Presuntuosos de ese posicionamiento arcaico en el solo hablan por sus sentencias, como si no tuvieran respuestas sociales para dar a ciudadanos y ciudadanas que los interpelan, los jueces y fiscales prefieren actuar en bloque. El debate no expone apellidos y cargos, para dejar que solo actúe la corporación. Un comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial aseguró que, “modificar la situación de los que ya prestan servicios resultaría una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones constitucionalmente garantizada”. Y van aún más allá en sus declamaciones. Aseguran que “la modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial”. Quienes ostentan los haberes más altos de la administración pública, hacen alusión a una presunta confiscación por la aplicación de un impuesto que pagan el resto de los trabajadores mortales de la Argentina. Inconformes con el argumento aseguran que cumplir esas mismas condiciones implicaría “afectar la independencia” en sus funciones y poner “en riesgo el equilibrio indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno”. ¿Qué los jueces o fiscales paguen ganancias puede hacerlos menos independientes y poner en jaque a todo el sistema institucional? La exaltada postura por defender sus privilegios advierte la compleja instrumentación de una ley que buscará ser volteada en las distintas instancias judiciales, aún a costa de un mayor descrédito social.
El Estado podría recaudar unos 238 mil millones de pesos anuales si logra instrumentar el cobro de ganancias en la Justicia. Sin embargo, la discusión no es solo económica sino de igualdad social y equidad tributaria. En la Argentina, quizás en la mayoría de los países del mundo regulados por el sistema capitalista, no hay progresividad impositiva. Proporcionalmente no pagan más los que tienen mayor rentabilidad. Un ejemplo evidente es el IVA, que recaudó en septiembre 361 mil millones de pesos y es el tributo de mayor impacto en la recaudación fiscal. Lo abona cada consumidor por igual, pero afecta fundamentalmente a los que menos tienen y deben soportar que aumente sistemáticamente como consecuencia de la inflación.
Con el argumento de la intangibilidad de los ingresos, los jueces, desde hace décadas, logran el objetivo de que todos queden incluidos, menos ellos. Con la legislación del 2016 se determinó que los magistrados que se incorporen al Poder Judicial debían pagar ganancias, excluyendo a todas y todos los que ya formaban parte de la estructura institucional. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sumados los suplementos por categoría, título, antigüedad y bonificaciones un juez nacional de primera instancia percibe, aproximadamente, $1.000.000 por mes y puede llegar a $1.300.000 si es subrogante o juez de Cámara. En el caso de la Corte Suprema, si se suman al básico de 963.581 otros complementos el sueldo rondaría “entre $1.700.000 y $2.400.000″.
La diputada nacional de Evolución Radical, Carla Carrizo,  opinó que “es una arbitrariedad que solo paguen ganancias quienes ingresaron después del 2017, y esto no puede ocurrir en democracia”. Carrizo consideró que “los jueces tienen que ganar muy bien, pero deben tener igualdad ante la ley”. El diputado del Pro, Pablo Tonelli, prefirió, en cambio, convertirse en vocero de la postura de los magistrados al señalar que hoy “son bastantes” quienes tributan. Para el impulsor del proyecto, el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, “hay jueces que ganan 1 millón, 2 millones de pesos y deciden no pagar Ganancias y este, es un privilegio inaceptable”.
El objetivo de las asociaciones de jueces y fiscales es adjudicar el proyecto parlamentario a una cruzada “del kirchnerismo” y hasta “un regalo para Cristina”, en medio de los reclamos por una reforma judicial que el Gobierno no pudo impulsar por falta de convicciones y votos. El planteo actúa como un intento de subordinación de la discusión a una presunta victimización de quienes ostentan sueldos que duplican por 10, y hasta por 20, la canasta básica total. Un relato que parece confrontar con el reclamo de una mayoría social que descree de sus posicionamientos elitistas.