Cenizas quedan
Por Pablo Callejón
Grandes extensiones de sierras y monte bajo el dictamen del fuego. Espacios naturales arrasados por las llamas y un cambio de época en la actividad económica de Córdoba, signada por la relación con sectores agropecuarios y la voracidad inmobiliaria. La Provincia “fue cediendo su dinámica productiva a una economía primaria, lo que derivó en una desindustrialización en los últimos años”, según reveló un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, conformado por profesionales de las ciencias económicas.
El análisis sostuvo que desde el 2014, el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio. El nuevo escenario generó una dependencia que no es solo económica, sino política. El peronismo cordobés quedó atado a la suerte de su vínculo con las entidades agropecuarias, subestimando el costo ambiental de las prácticas intensivas de la explotación de los campos.
El Observatorio reveló que, “entre los principales problemas ambientales de Córdoba se encuentra la pérdida del 95 por ciento del bosque nativo por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los incendios y el crecimiento urbano”. Según indicaron, se registró una ampliación de la superficie de la denominada “pampa gringa” del sureste provincial hacia la zona central y noreste. Además, se impulsó la cría de ganado hacia los territorios provinciales del norte y noreste de la provincia. La expansión derivó en una deforestación de zonas anteriormente destinadas “a otros tipos de producción o que nunca habían sido explotadas”. 170 mil hectáreas de bosque nativo se perdieron en solo dos décadas en los departamentos de Totoral, San Justo, Cruz del Eje, Sobremonte, Río Primero, Río Seco, Ischilín y Tulumba. Sin embargo, los censos agropecuarios de 2002 y 2018 indican que se redujo en un 4 por ciento el número de hectáreas explotadas, lo que reveló que “no hubo un aumento de la superficie utilizada por el agro, sino un corrimiento de la actividad”.
El informe apuntó a los incendios y el crecimiento inmobiliario como otro factor de presión sobre el desmonte. En el caso de los siniestros forestales, no implica la pérdida del bosque, sino su degradación. Los especialistas señalaron que el paso de las llamas “debilita los servicios ecosistémicos, como la regulación del caudal de ríos, la protección del suelo contra la erosión y la provisión de oxígeno así como captación de dióxido de carbono”. Entre 1999 y 2013, se quemaron en Córdoba 657 mil hectáreas, una cifra similar a todo el bosque nativo en la provincia. Si el relevamiento se extiende a los últimos 20 años, son un millón y medio las hectáreas incendiadas, alrededor del 10 por ciento del total de la superficie provincial. No existen datos oficiales sobre las causas directas que provocaron todos los incendios, aunque desde las asociaciones de bomberos advirtieron que, en casi la totalidad de los casos, hubo negligencia o intencionalidad.
Las Provincias tienen el poder de policía sobre el cuidado de sus recursos naturales, según lo determina el artículo 124 de la Constitución Nacional. Es una responsabilidad que contrasta con los roles de las secretarías de ambiente, sometidas al dictamen de las necesidades económicas y muchas veces, de las urgencias de caja. Desde el Observatorio señalaron que 4 de cada 10 pesos del área se destinan a la lucha contra el fuego. Este año, el presupuesto fue de casi dos mil millones de pesos y desde el 2016, hubo un recorte de $390 millones. Las políticas ambientales tienen cada vez menor peso en el total de gastos provinciales: los fondos cayeron del 0,36% al 0,25% en seis años. El mayor impacto se dio en el denominado programa Ambiente, que perdió la mitad de sus recursos. Sin embargo, crecieron los aportes para el plan de Lucha Contra el Fuego y el de la Policía Ambiental, que aumentó en 45 veces su monto desde que pasó a depender del Ministerio de Seguridad.
No se trata solo de la plata que se presupuesta, sino de lo que efectivamente se gasta en el cuidado del medio ambiente en Córdoba. La ejecución venía en ascenso desde 2016 hasta 2019, pero el año pasado solo se destinó el 89 por ciento de lo que estaba previsto y quedaron sin utilizar $136 millones. El monto equivale a todo el programa de Ordenamiento de Bosques Nativos.
El cambio en el modelo económico terminó impactando en la incidencia de la producción provincial sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que era del 10,03% en 2015 y se contrajo al 9,61 por ciento en 2018. Hasta ese año, cinco sectores acumularon el 70 por ciento de la actividad económica provincial. Fueron la Industria, el campo, el comercio, la construcción y las operaciones inmobiliarias. El desarrollo industrial era el más importante en 2011, pero fue perdiendo participación en la economía cordobesa al caer más de 5 puntos en apenas seis años. La actividad agropecuaria, en cambio, creció fuertemente y superó el 22 por ciento del total del producto bruto provincial. El resultado se vislumbró en las exportaciones de productos primarios, fundamentalmente a China. El cordobesismo apostó al campo, desestimando condicionantes ambientales, y se impuso un modelo que decide la realidad política y social. Oficialismo y oposición se disputan el aval de entidades ruralistas, en un contexto donde la tierra queda a merced del impacto de los incendios y la demanda inmobiliaria y agrícola.
