Atando cabos

Por Pablo Callejón

Apenas unas horas después del último contacto telefónico de Nicolás Sabena con su hermano Federico, hubo un hecho que pudo haber provocado un volantazo histórico en la búsqueda del joven desaparecido desde el 15 de septiembre de 2008. José Vargas estaba alojado en una de las celdas de la alcaidía de Banda Norte, tras ser detenido en un operativo de rutina en la vía pública. El sexagenario de rostros delgados y angulosos, con un prontuario de dealer de entrecasa, se había defecado del miedo. El sudor frío contrastaba con una madrugada primaveral, donde Nicolás no era aún la foto de un desaparecido. Los agentes Cazzola, Villegas y Ortíz recordaron cuando la suboficial Nancy Salinas llegó hasta la dependencia policial junto al comisario Fernando Pereyra, “para interiorizarse acerca de las circunstancias de su detención”, debido a que “el Pepe” era un tipo con antecedentes. Quizás aquella noche hubiera resultado aún difícil relacionar a los Vargas con la ausencia del joven de 21 años. Pero, tres meses después, la búsqueda de Nicolás ya era una obsesión social que comenzaba a develar una trama de drogas y complicidades policiales. Según surge de la investigación del fiscal de Instrucción Fernando Moine, Salinas ocultó a la Justicia la detención del jefe del clan familiar y comenzó a filtrar datos de la pesquisa a quien aparecía como el principal sospechoso de la causa. A la 01:43 de la madrugada del 9 de diciembre, la agente de Investigaciones llamó a Vargas padre para informarle “acerca de las constancias y el rumbo de la tarea investigativa”. La comunicación se produjo un día antes del allanamiento a la quinta ubicada en Guardias Nacionales al 2700, donde vivía “el Pepe”, su esposa y sus dos hijos. La llamada duró apenas 16 segundos. Suficientes para que los Vargas no fueran sorprendidos por los móviles policiales que ingresarían a husmear en su propia casa. Los principales sospechosos tuvieron el tiempo y los contactos para borrar todo rastro de la víctima. 12 años después, la Justicia aún no pudo certificar el crimen ni hallar los restos del joven. En el voluminoso expediente, Nicolás es un desaparecido.

Moine acusó a Salinas como presunta autora del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la circunstancia especialmente grave del hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. La sargento que fue premiada por la estructura policial y logró la protección necesaria para nunca ser apartada, no actuó sola. El jefe de aquella área de Investigación era Gustavo Oyarzábal, hoy detenido por orden del juez Federa Carlos Ochoa por sus vínculos con la banda narco que lideraba Claudio Torres. El desquicio judicial permitió que la última aparición pública de Oyarzábal fuera como principal responsable de la pésima instrucción que derivó en la condena del albañil de Las Albahacas, Sergio Medina, por el crimen de la comerciante Claudia Muñóz. El ex hombre fuerte de Investigaciones también deberá enfrentar un juicio oral por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”. Salinas y Oyarzábal sabían de la importancia que podría aportar cada dato sobre la vinculación de los Vargas con la desaparición de Nicolás. El rol que asumieron en favor del clan familiar nunca fue inocente. El fiscal está convencido de que “la ayuda de Salinas tuvo una clara finalidad para que los Vargas eludieran la tarea investigativa de la autoridad o se sustrajeran a su acción”. El 3 de octubre del 2014, la Cámara Segunda del Crimen condenó a José Francisco Vargas Flores, José Francisco Vargas Miserendino y Lucía Inés Vargas Flores, coautores de privación ilegítima de la libertad coactiva, calificada por el número de partícipes, y les impuso una pena de prisión efectiva de entre 16 y 18 años. Con el clan entre rejas, Rosa Sabena decidió enfrentar dos complejos desafíos. La mujer mantuvo inalterable el reclamo por el hallazgo del cuerpo de su hijo y comenzó una batalla desigual para desentramar la red de complicidades en los oscuros despachos de la División Investigaciones.

Moine insistió en señalar en su requisitoria de elevación a juicio que “no cabe la menor duda” de la responsabilidad de Salinas. “Formaba parte del equipo de investigación policial que practicaba las medidas conducentes a su esclarecimiento”, pero “quiso y tuvo la voluntad de favorecer a quienes ya se sindicaban como sospechosos de la desaparición del joven Nicolás Sabena”. El fiscal había intentado antes sobreseer a Oyarzábal pero un fallo a tiempo del Juzgado de Control evitó que la causa pasara a archivo. Hubiera resultado difícil de argumentar judicialmente la actitud de Salinas sin la venia de su jefe operacional. Rosa Sabena está convencida de que ambos mantenían un vínculo estrecho con los Vargas y decidieron favorecer a los imputados en su intento por eludir a la Justicia. Cuando Salinas se comunicó con “el Pepe” en la jornada previa a un procedimiento clave ordenando por el entonces fiscal Walter Guzmán, “no podría desconocer la medida que se iba a ejecutar, al formar parte del grupo de policías de la división específica de la U.D.R.C. encargada de materializar todos los actos investigativos relacionados con la suerte corrida por el joven Sabena”

Para Moine, el rol de la sargento sospechada, “le posibilitaba acceder a decisiones procesales precisas y concretas que, evidente y necesariamente, debían ser solo conocidas por dicho grupo de trabajo policial”. El fiscal resaltó que “lejos de mantener el secreto de tan trascendente acto, Salinas optó por quebrar esa confianza en ella dispuesta mediante el llamado telefónico aquí cuestionado”. Según surge del expediente judicial, en otras llamadas, Salinas se mostró preocupada “por subsanar los “inconvenientes” que le generaba a Vargas la existencia de vestimenta de Sabena en su domicilio familiar y último reducto habitado por el joven antes de su desaparición”. El fiscal precisó que no solo se trataba “del sentido” de las comunicaciones, sino del modo en que Salinas trataba a Vargas. Recordó que existía “una especial cortesía e interés que no condice con una adecuada distinción entre lo personal y lo profesional”.

A las 10 de la mañana del 28 de octubre, Salinas deberá enfrentar una acusación que revela mucho más que su rol personal en la causa Sabena. Rosa espera lograr desentramar la maraña de nexos entre la policía y los responsables por la desaparición de Nicolás. Un reducto de agentes caracterizados por sus vínculos oscuros y tratos amables con delincuentes ligados a la venta de drogas. La mujer de las luchas eternas fue atando los cabos de una historia que nunca más podrá permanecer oculta.