Es la energía nuclear, estúpido

El aterrador costo de tener un presidente que privatiza centrales nucleares como si fueran fábricas de galletitas

Por
Prof. Dr. Raúl Montenegro, Biólogo

Profesor de postgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Buenos Aires. Director del Campus Córdoba del Right Livelihood College (RLC). Recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo 2004 (Right Livelihood Award), y en Austria el premio “Por un futuro libre de nuclear”.

Un resumen de esta nota fue publicado el 16 de octubre en Estados Unidos por la publicación “The Dialogue, Energy Advisor” https://tinyurl.com/34a3wfxx

Argentina, Brasil y México son las únicas naciones latinoamericanas con reactores nucleares de potencia. Pero sus programas tienen complejidades muy diferentes. Nuestro país ha venido construyendo sus propios reactores nucleares, como el RA-1, pero también ha exportado tecnología nuclear. Construyó el ETRR-2 en Egipto, el NUR en Argelia, el RP-0 y el RP-10 en Perú, y el OPAL en Australia [1] [2]. Una pieza institucional importante en ese programa ha sido INVAP, creada durante el gobierno militar (1976-1983). INVAP diseñó el reactor OPAL en Sydney (en sustitución del antiguo reactor australiano de Lucas Height), está construyendo el RA-10 en Buenos Aires, el reactor Pallas en Holanda y fue contratada por Brasil para finalizar la construcción del reactor multipropósito RMB (un “hermano” tecnológico del RA-10). INVAP es reconocida además por el desarrollo de tecnologías no nucleares, como satélites de observación y telecomunicaciones, y radares.

Pocos conocen que el contrato que firmó originalmente INVAP con ANSTO de Australia preveía que el combustible nuclear agotado del reactor de Syney sería procesado y reprocesado en Argentina, y devuelto -ya “tratado”- a Australia. Estas cláusulas habían sido mantenidas en secreto, pero FUNAM, trabajando con organizaciones colegas de Australia, pudimos detectarlas. Difundimos así públicamente que el ingreso de combustible nuclear agotado de ese país violaba el Artículo 41 de la Constitución Nacional [3]. Para INVAP lo que iba a entrar al país “era materia prima” y para nosotros “residuo radiactivo de alto nivel”. Juan Schroeder, en una acción judicial histórica, logró que la Cámara Federal de Bahía Blanca declarara la inconstitucionalidad de esa cláusula “secreta”. El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, de la Nación, que en otro acto sin precedentes, convocó a las dos partes para que el 6 de mayo de 2009 expusieran sus argumentos [5]. En representación de Juan Schroeder expuso el constitucionalista Daniel Sabsay, y yo expliqué ante la Corte los aspectos técnicos que, a mi juicio, demostraban que se trataba de “basura nuclear”. Finalmente, la Corte, en julio de 2010 -diez años después de la firma del contrato entre INVAP y ANSTO- consideró que al país no ingresaría “desecho radiactivo” sino “combustible gastado”. Mientras la población iba conociendo en Argentina ese contrato secreto, en Australia ya se estaban realizando Audiencias Públicas convocadas por el Senado para debatir los riesgos e ilegalidades del reactor Opal, entonces llamado “Lucas Heights 2”. Como resultado de las movilizaciones públicas iniciadas a fines del 2000, que se fueron multiplicando en Australia; una fuerte cobertura de prensa en ese país, y la histórica coalición de 70 ONGs argentinas unidas bajo el lema “No a la basura nuclear de Australia”, de abril de 2002 [3], las protestas lograron lo que no se consiguió en la Justicia. Australia, que ya había denunciado fallas en los combustibles provistos por CNEA para el Opal, decidió -finalmente- que no enviaría su combustible gastado a la Argentina, sino a Estados Unidos. Una vez más el origen de un conflicto había surgido como resultado del autoritarismo y apego al secreto del lobby nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina SA, NASA (operadora de las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II) siempre se han manejado con secreto [8], y desde mediados de los años 80, han violado reiteradamente las normas sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas. Los contratos firmados para prolongar la vida útil de la central de Embalse, la construcción del reactor RA-10 y el fallido contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One violaron abiertamente esas normas. Lo mismo ocurre con el reactor CAREM-25 en construcción, nunca discutido en Audiencia Pública.

El gobierno de Javier Milei -otro violador serial de normativa vigente- decidió romper con la tradición tecnológica de CNEA. Dejó de financiar el CAREM-25, hizo lo mismo con la nueva planta de purificación de uranio de Formosa (NPU), y se asoció a First, el programa de pequeños reactores nucleares modulares que lidera Estados Unidos (SNMR). El presidente de NASA, Demian Reidel -siguiendo la costumbre autoritaria del lobby nuclear- anunció en abierta violación a las normas vigentes que se construirían en Argentina, 4 pequeños reactores ACR-300 con diseño de INVAP. Lo sugestivo es que la patente de ese reactor ya había sido registrada por INVAP en Estados Unidos (2024), y existen sospechas de que esa patente ya habría sido comprada por un operador estadounidense (2025). El camino conjunto de Milei con Estados Unidos, absolutamente improvisado, implicó además una peligrosa pérdida de la soberanía. La “seriedad” de esa alianza mileista con la iniciativa “First (Foundational Infrastructure for Responsible use of SMR) queda demostrada al tratar de ingresar a su página Web [9]. En lugar de una descripción de la iniciativa a la cual Javier Milei adhirió, difundida además por un comunicado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, nos encontramos con un cartel que dice, en inglés, “estamos actualizando nuestra página Web. Volveremos a estar en línea pronto”.

Este nuevo despropósito oculta a su vez un oculto y sombrío escenario de la energía nuclear en Argentina: minas de uranio sin remediar, como Los Gigantes y Sierra Pintada, y millones de personas no preparadas para enfrentar el peor accidente nuclear posible (nivel 7 en la escala INES). En la Argentina de la privatización de NASA solo se hacen simulacros de accidente menor 10 kilómetros alrededor de cada central, cuando el radio de impacto de un accidente nivel 7 en la escala del INES, equivalente por ejemplo al de Chernobyl en la ex Unión Soviética, es de 500 a 700 km. Si en un mapa se marcan círculos con esos radios alrededor de Embalse en Córdoba, y las Atucha I y II en Lima (provincia de Buenos Aires), el área de potencial impacto radiológico aterra. Algunos lugares podrían, incluso, sufrir el impacto de las tres centrales nucleares. Lo más extraño es el silencio de Uruguay, que por su proximidad con las Atucha comparte un nivel de riesgo que sus habitantes no parecen conocer demasiado. Para colmo, no existe en Argentina un sistema sanitario preparado para esa área potencial de impacto (nivel 7). Justamente, este vacío de Planes Ciudadanos hizo que FUNAM, en 2011, hiciera una primera versión que sigue distribuyéndose en lugares que los simulacros de NASA, ARN y autoridades locales no cubren [7].

Pero la decisión más peligrosa en este contexto ya crítico es la privatización parcial de NASA, la operadora de centrales nucleares. Un 44% de las acciones se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada.

Según Econojournal [3], “se avanzará solo con la privatización del 49% porque la Ley de Bases 27.742 que declaró a la compañía ‘sujeta a privatización’ en su artículo 8 aclara expresamente que el Estado Nacional debe ‘mantener el control o la participación mayoritaria del capital social.’ Además, la norma aclara que se deberá requerir el voto afirmativo del Estado Nacional para la toma de decisiones que signifiquen: a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva; b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades” [6].

Un gobierno destructor del Estado como el de Javier Milei, que ha desmantelado organismos estatales clave para controles de todo tipo, con la privatización parcial de NASA hace aumentar significativamente el riesgo nuclear, tanto para buena parte de Argentina, como para países vecinos. Toda persona debe saber dos cosas: que ninguna central nuclear de potencia está exenta de sufrir el peor accidente o evento nuclear posible (nivel 7), y que a nivel de radiación ionizante -las partículas Alfa y Beta, y los rayos Gamma de los materiales radiactivos- no hay ningún valor inofensivo [4]. Desde hace décadas sabemos el impacto que pueden tener bajas dosis de radiación ionizante sobre los materiales genéticos de las células vivas (“efecto Petkau”).

Pero hay un punto de vital importancia que la privatización de Javier Milei ni siquiera abordó: no hay previsto ningún fondo para caso de accidente o evento nuclear. Todo indica que ante esa contingencia, la responsabilidad financiera recaería enteramente en el Estado Nacional pues ninguna disposición hace partícipes al o los sectores privados que eventualmente compren el 44% de las acciones. Conforme a la Convención de Viena sobre Responsabilidad por Daños Nucleares de 1963, aprobado por Ley Nacional n° 17.048 de 1966, “El explotador de una instalación nuclear será responsable de los daños nucleares si se prueba que esos daños han sido ocasionados por un accidente nuclear” (Artículo II). La irresponsabilidad con la cual el gobierno de Javier Milei y su gabinete impulsaron la privatización parcial de NASA, compartida con los legisladores que la aprobaron, carece de límites. Está claro que para ellos las lecciones de Chernobyl en la ex Unión Soviética, y Fukushima Daiichi en Japón no se aprendieron.

Otros factores críticos, todos ellos agravados por la privatización de NASA, son la pésima situación económica de Argentina (en caso de accidente nivel 7 ¿de dónde provendrían los fondos, al no haber un fondo específico previsto y disponible?), la proximidad de Atucha I y Atucha II a una de las áreas urbanas más pobladas de América del Sur, el creciente deterioro de los sistemas sanitarios, que un accidente o evento nuclear tensa al máximo, y el Cambio Climático Global.

Muchos parecen haber olvidado que Argentina sufrió el primer accidente nuclear nivel 4 de la región, y tuvo el dudoso privilegio de haber tenido el primer muerto por radiación en ese accidente (por rayos Gamma y neutrones), además de 17 personas contaminadas. Ocurrió en 1983 en el reactor de investigación RA-2 de Constituyentes (Buenos Aires), luego desmantelado.

Pocas veces en Argentina hubo un presidente tan visiblemente ignorante de la gravedad implícita en decisiones clave, como Javier Milei al abordar con enfoque incompletos y simplistas la cuestión nuclear. Nadie le explicó, ni se informó el presidente, que a nivel de tecnologías humanas, los peores accidentes nucleares posibles no solo pueden desmantelar el funcionamiento de un país y su economía, sino extender sus efectos negativos sobre las sucesivas generaciones y la biodiversidad por miles de años.

Javier Milei juega con los seres humanos, y con las generaciones de argentinos que todavía no han nacido. Y lo más terrible es que los representantes del pueblo no solo le concedieron un exceso de poder para gobernar a través de la Ley Bases, sino que fueron incapaces de detener la privatización de tres peligrosas centrales nucleares de potencia.

Para mayor información, contactar a Raúl Montenegro en el teléfono celular y WhatsApp +54 9 351 5125637 o al Email: biologomontenegro@gmail.com

REFERENCIAS

[1] Montenegro, R.A. 2007. “The Nuclear Programme of Argentina and the Creation of Nuclear Free Zones for reducing Risks of Nuclear facilities”. En: “Updating International Nuclear Law”, Eds. H. Stockinger, J.M. van Dyke, M. Gestlinger, S.K. Fussek & P. Marchart, Ed. NW Verlag, BMW Berliner Wissenschaftsverlag & Intersentia, Viena, Austria, pp. 259-294.

[2] Montenegro, R.A. 2009. “Argentina’s irrational nuclear programme and citizen’s opposition”. En: “International Perspectives on Energy Policy and the Role of Nuclear Power”, Eds. L. Mez, M. Schneider & S. Thomas, Ed. Multi-Science Publishing Co., Gran Bretaña, pp. 407-420.

[3] Montenegro, R. A. 2002. “Fundamentos”. En: “No a la basura nuclear de Australia. Campaña internacional organizada por 70 ONGs y redes de ONGs”. Realización del documento, FUNAM (Fundación para la defensa del ambiente); diseño: Adrián Montenegro, e impresión Editorial Brujas, Córdoba, pp. 5-53.

[4] Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. 2006. “Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2”. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC, The National Academies Press, 406 p. Accedido el 14 de Octubre de 2025, ver: https://nap.nationalacademies.org/catalog/11340/health-risks-from-exposure-to-low-levels-of-ionizing-radiation

[5] Diario Judicial. 2020. “No hay pruebas para hablar de un basurero nuclear”. Diario Judicial, Buenos Aires, 23 de Julio de 2020, 4 p. Accedido el 14 de Octubre de 2025, ver: https://www.diariojudicial.com/news-25651-no-hay-pruebas-para-hablar-de-un-basurero-nuclear

[6] Krakowiak, F. 2025. “Operación Atucha I, Atucha II y Embalse. Exclusivo: el gobierno tiene listo el decreto para privatizar el 49% de Nucleoeléctrica Argentina”. Econojournal, 13 de Septiembre de 2025, 4 p. Accedido el 14 de Octubre de 2025, ver: https://econojournal.com.ar/2025/09/exclusivo-el-gobierno-tiene-listo-el-decreto-para-privatizar-el-49-de-nucleoelectrica/

[7] FUNAM. 2011. “Plan Ciudadano para actuar en caso de accidente nuclear”. Ed. Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y Cátedra de Biología Evolutiva Humana (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina, 27 p. Hubo una versión previa que se presentó al gobierno de Córdoba en 2010.

[8] Montenegro, R.A. 1997. “Cuando la ciencia es reemplazada por cuentos de hadas”. Ciencia Hoy, vol 7, n° 42, pp. 18-27.

[9] “Foundational Infrastructure for Responsible use of SMR” (First), https://www.smr-first-program.net/