Ensañados

Por Pablo Callejón

A Lucía, mamá de un niño con discapacidad motriz, y a Raúl, padre de una niña con síndrome de down, la notificación les llegó mediante carta documento. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los obligó a presentar documentación que el Estado ya había validado muchos años antes. Esta vez, lo hicieron bajo la amenaza de quitarles la pensión por discapacidad. Así de cruel fue el mandato que los voceros políticos utilizaron para ocultar “el mayor ajuste de la historia” sobre las pensiones y los tratamientos asistenciales. Las presuntas auditorías del Gobierno de Javier Milei no fueron más que una avanzada de estigmatización que obligó a burocráticos trámites de validación, mientras en las oficinas del organismo oficial se habrían pactado “pagos de coima” a través de la prestadora de medicamentos Suizo Argentina. El dinero que debía sostener el acompañamiento y la rehabilitación de los más vulnerables habría recaído en los gestores financieros de la elite gobernante.
Diego Spagnuolo era amigo personal de Milei mucho antes del triunfo electoral que le abrió las puertas de la Casa Rosada. El hombre que le puso voz a las maniobras de coimas era abogado del presidente. Premiado con el cargo de Director Ejecutivo del ANDIS, el ahora ex funcionario, fue uno de los visitantes más habituales de la sede de gobierno. Ingresó unas 38 veces. En los audios donde cita a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem como receptores de millonarios pagos por parte de la empresa Suizo, describe con lujos de detalles las maniobras que investiga la Justicia. La obscenidad del relato impidió que desde el Gobierno intentarán desmentir sus dichos o poner en dudas la veracidad de las escuchas. Milei optó por echarlo, mientras el jefe de Gabinete Guillermo Francos admitió que no son tiempos “para poner las manos en el fuego por nadie”.
Con Spagnuolo se fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, a quien en el abogado del presidente calificó como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia. El presunto cajero había sido funcionario de Mauricio Macri y de la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Un producto del falso reciclaje de la casta que sigue intacta.
En los allanamientos donde secuestraron el celular en el que Spagnuolo aseguró conservar todos los Whatsapp con Karina Milei, también fue detenido el presidente de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker. El empresario salía de su casa con sobres repletos de dólares y diferentes anotaciones.
Al asumir su cargo, Spagnuolo habló de un “descontrol” en la Agencia que, según su propio relato, se convirtió en un jugoso botín de financiamiento de la corrupción política. El Gobierno obligó a las personas con discapacidad a movilizarse entre bastonazos policiales, para evitar que les arrebaten ingresos y prestaciones, mientras se habría desarrollado un aceitado dispositivo de sobreprecios y pagos desviados.
Aunque no tenía ninguna experiencia en Discapacidad, Spagnuolo gozó de los beneficios de ser parte de la mesa íntima del Presidente. Los fines de semana se reunía a escuchar operas en la residencia de Olivo y delegaba en sus operadores la emisión de manuales oficiales que calificaban de “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” a las personas con discapacidad. El Gobierno consideró aquella experiencia como “un error”, aunque el amigo de Milei salió indemne de la indignación social.
La insensibilidad de Spagnuolo no solo permitía que se fugaran por debajo de le mesa los dólares que debían destinarse a mejorar la vida de las personas con discapacidad, sino que podían convertirlo en un interlocutor agudo de la brutalidad libertaria. Ian Moche, un adolescente con autismo, debió soportar junto a su familia que el funcionario les preguntrara “¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?” o le advirtiera a la mamá de Ian que “si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
A diferencia del caso Libra, donde el presidente Milei promocionó en su propia cuenta oficial una criptomoneda que en pocos minutos se convirtío en una estafa para miles de personas, en este caso las víctimas directas son las personas a las que el Gobierno nacional les vetó una ley de emergencia que actuaba como paliativo a las graves necesidades que enfrentan a diario.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta una condena de 6 años de prisión por la denominada causa Vialidad, le recordó a Milei que “el argumento judicial utilizado para condenarla fue que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”. Y le advirtió: ” Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”
La investigación judicial que comenzó a gestarse en las últimas horas, revela un doble ensañamiento contra las personas con discapacidad. Pone en evidencia que no solo les recortan recursos para hacerlos cargo de la obligación de alcanzar un superávit fiscal, sino que les habrían sustraído fondos de prestaciones para desvíos de corrupción que alcanzan las más altas esferas de poder. El rostro inhumano de la motosierra con doble filo, y doble moral.