Los antros del poder

Por Pablo Callejón

Apenas 47 días hábiles dejó pasar la Corte Suprema para disponer el punto final a una causa que se había iniciado 17 años atrás. El triunvirato del máximo tribunal dispuso una celeridad que nunca antes había demostrado en otros recursos que suelen encajonarse durante años. El fallo que ratifica la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se conoció tres días después del anuncio de su candidatura a diputada provincial en Buenos Aires. En las jornadas previas, los grupos económicos con medios de comunicación intensificaron la campaña de “fallo inminente” y hasta adelantaron que los tres magistrados solo tenían que ponerle la firma a un fallo que ya estaba escrito. La premura excepcional en el tratamiento del planteo podría deberse a un cambio histórico para terminar con la corrupción en la Argentina, o la búsqueda apresurada por formalizar la proscripción de la principal líder opositora.

Ni antes, y quizás tampoco después, la Corte Suprema se mostró interesada en resolver en pocas semanas las causas de alta sensibilidad institucional. La politización de sus decisiones derivó, en muchas ocasiones, en un letargo intencional que suele quebrarse en tiempos electorales. La causa “Vialidad”, que los medios renombraron como “Corrupción en la Obra Pública”, se había reactivado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de una embestida jurídico – política que incluyó designaciones de jueces de la Corte por decreto, encuentros en Casa Rosada, asados en picaditos de fútbol y el armado de un operador, Pepín Rodríguez, quien se terminó fugando a Uruguay hasta que la cobertura de impunidad volvió a garantizarle que no sería detenido.

La causa que derivó en la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos se sustentó en los vínculos con el empresario Lázaro Báez, quien recibió la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz, con fondos nacionales. Los proyectos viales fueron otorgados entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En la acusación hablaron de sobreprecios, demoras que consideraron injustificadas y trabajos que no se terminaron. Del total de obras, solo se peritaron cinco bajo la tutela del entonces jefe Vialidad de Macri, Javier Iguacel. La defensa no solo desestimó que hubiera irregularidades, sino que negó una intervención de la ex presidenta en las licitaciones. Sin pruebas directas, el relato de la acusación apeló a indicios y la presunción de que la presidenta no podría desconocer que existieran irregularidades en las obras investigadas. La condena en primera instancia, luego fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y contó con el aval del procurador general interino, Eduardo Casal, en su dictamen ante la Corte Suprema. La imputación señaló que la familia Kirchner se habría beneficiado con retornos de aquellas obras. Esta presunción vincularía el caso con otro expediente: el de la ruta del dinero K. En esta investigación, Cristina Fernández fue sobreseída tras varios intentos fallidos – con excavaciones cinematográficas en la Patagonia incluidas-, en busca de fajos de dólares escondidos bajo tierra. La Justicia revocó la decisión del fiscal Guillermo Marijuan y el caso sigue abierto, aunque todavía no ha sido resuelto.
Pese a que las obras fueron firmadas y avaladas por el entonces Ministro de Infraestructura, Julio De Vido, y los diferentes jefes de Gabinete, la Justicia Federal apuntó sobre la ex presidente por un decreto que modificaba el fideicomiso con el que se financiaban las obras de vialidad, y sobreseyó a De Vido. En la causa aparece también el ex secretario de Obras Públicas, José López, quien tomó connotación pública cuando intentó esconder un bolso de dinero en un convento.
Quienes defienden la instrucción y la condena judicial contra Cristina Fernández aseguran que, durante el proceso de investigación, el juicio oral y los debates de apelación, intervinieron diez jueces diferentes. Esto, según sostuvieron, debilitaría la denuncia por Lawfare que reveló la ex presidenta. El “Lawfare” hace referencia al uso “estratégico” del derecho para lograr objetivos políticos, con la intención de deslegitimar o perjudicar a un oponente. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, desestimaron los recursos de la defensa de la ex presidenta al considerar que no pudo demostrar cómo los vínculos que tenían los magistrados y fiscales con el macrismo pudieron afectar a la imparcialidad en la causa. Lo que para la defensa parecía una obviedad no lo fue para la Corte. El Tribunal insistió en valorar la “profusa prueba producida”, sin que “se haya vulnerado alguna garantía constitucional”. El debate sobre los argumentos que ponen en duda las condiciones de igualdad ante la ley exige recordar viejas amistades, con afectuosas charlas del tercer tiempo.
Liverpool era el nombre del equipo de fútbol que integraban el fiscal Diego Luciani y el camarista Rodrigo Giménez Uriburu, quienes estaban a cargo de acusar a Cristina y decidir su condena. Ambos salieron en la selfie que tomaron la cancha Uno del predio que el ex presidente Macri tenía en su quinta de Los Abrojos. En aquella imagen no estaba Mariano Llorens, el juez que además de contener un tiro libre de Macri, habría logrado atajarle varias denuncias judiciales. No fueron los únicos funcionarios judiciales que intervinieron en la causa de la Obra Pública y tuvieron vinculaciones con el macrismo. Los registros de Olivos y la Casa Rosada revelaron las visitas de los camaristas de Casación Mariano Borinksy y Gustavo Hornos, quienes ratificaron la condena a Cristina Fernández, casi con los mismos argumentos del fallo en primera instancia. En el sobreseimiento de Borinsky y Hornos por sus ingresos a la casa de Gobierno, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi admitió que “los ingresos y egresos a esas sedes oficiales están confirmado”, pero consideró que “no se pudo acreditar que tuvieran un fin indebido”.
El juez Borinsky no solo visitaba la Casa Rosada, sino que tenía un vínculo muy estrecho con Macri. Al menos, se constataron 16 encuentros entre ambos, para jugar tenis en la residencia de Olivos. “Jugó varias veces conmigo porque teníamos amigos comunes”, reconoció el ex presidente en una entrevista a TN en 2021.
Otro de los visitantes a la Casa Rosada fue el fiscal Federal Fabian Mola, quien ingresó a la sede de Gobierno el 16 de junio de 2016, en el primer año de gestión de la alianza entre el Pro y el radicalismo. Mola fue uno de los acusadores en el juicio contra Cristina Fernández y solicitó, junto a Luciani, que la ex presidenta cumpla la condena en una cárcel común.

Los vínculos entre el macrismo y la Justicia no solo tuvieron una alta efectividad en la detención de ex funcionarios kirchneristas y la persecución penal contra Cristina Fernández, sino que le generaron oportunos alivios en las causas que involucraban al líder del PRO. Borinsky, por ejemplo, fue el juez que intervino en la causa por el espionaje ilegal a las familias de los submarinistas del ARA San Juan, donde Macri fue finalmente sobreseído. La jueza que integraba el mismo tribunal de Casación, Ángela Ledesma, quedó en minoría y advirtió que la absolución para Macri le otorgaba vía libre a los servicios de inteligencia. Con menor suerte, Macri intentó en su Gobierno cerrar la causa por el desfalco del Correo Argentino, con una propuesta de pago que incluía una quita del 92 ciento sobre el total de la deuda que su familia mantiene con el Estado Argentino. La Justicia Federal ya le había concedido al ex presidente dos fallos que le permitieron estar sobreseído en las causas por las mesas judiciales y su aparición por lavado de dinero en el escándalo de los Panama Papers. Tampoco avanzaron las causas por los peajes, los parques eólicos o la incorporación de familiares al blanqueo de dólares. En realidad, la Justicia Federal le concedió a Macri el particular privilegio de no haber sido citado nunca a indagatoria.

La construcción del relato judicial, necesitó de la generosa colaboración mediática. Las imágenes de dirigentes políticos que eran esposados en pijama y los operativos que parecían guionados frente a las cámaras, revelaron durante el gobierno del macrismo que no solo consideraban necesaria la detención de los acusados, sino también, el escenario de película. Quienes manifestaban miradas políticas y sociales opositoras eran considerados “jueces o fiscales K”, mientras que el juez Claudio Bonadío o el fiscal Carlos Stornelli, por citar solo dos ejemplos, eran valorados como “funcionarios independientes” pese a sus visitas a la Embajada de Estados Unidos o sus aceitados vínculos con el macrismo. La demonización de peronismo en general, y del kirchnerismo en particular, exigió la intensidad de un discurso comunicacional que también garantizó un blindaje inédito para el gobierno de Cambiemos.

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, aseguró tras el fallo contra Cristina Fernández que “Rossatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, nunca fueron jueces antes, no redactaron el fallo, sino que simplemente pusieron el dedo para firmarlo. Lo hicieron el día que les dijeron que lo hicieran”. El penalista consideró que “acá no está en juego solamente el derecho de Cristina a ser electa, sino el derecho de todos los argentinos a poder votarla o no votarla”. Aunque Zaffaroni fue considerado un “K” por el establishment mediático, los tres magistrados de la Corte gozan de un tiempo de editoriales y títulos grandilocuentes. Sobre ninguno de ellos parece haber un repaso de sus historias políticas ni personales. Se les adjudica una independencia que podría romper con el encubrimiento de la corrupción en la Argentina, aunque los antecedentes parecen desestimar las expectativas que, al menos por ahora, solo se reducen a la condena a la ex presidenta.
Tras un intento fallido del operador Pepin Rodríguez y el ex presidente Macri por disponer jueces a través de un decreto, Rosatti y Rosenkrantz finalmente tuvieron el aval del Congreso para llegar a la Corte Suprema. Rosatti había cumplido varios cargos en el peronismo de Santa Fe y fue electo intendente de la capital santafesina. En 2003 Néstor Kirchner lo nombró Procurador del Tesoro de la Nación y en 2015, Macri lo designó en la Corte. En el máximo Tribunal ya estaba Lorenzetti, quien tenía una extensa trayectoria docente en Santa Fe y fue convocado por Kirchner para el periodo de renovación, tras la mayoría automática durante el menemismo. Rosenkrantz es el único de los tres magistrados ligado al radicalismo. En su estudio privado fue abogado de empresas, como el Grupo Clarín, Farmacity y Pegasus.

En octubre de 2022, Joe Lewis esperaba en su Estancia en “Lago Escondido” a un grupo de jueces, funcionarios del PRO, ex agentes de inteligencia y empresarios, para un finde de glamour y charlas de negocios. Los implicados fueron denunciados por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas. En otra demostración de celeridad judicial, todos fueron sobreseídos. La Justicia Federal hizo caer la prueba de las escuchas y chats por considerar que “existió una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado”. En un fallo de antología sostuvo que hubo “una vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”. Las invitaciones del magnate patagónico habían incluido a los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, además del jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro. También participaron el empresario Tomás Reinke y el exjefe de Legales de la Secretaría de Inteligencia, Leo Bergroth. El escandaloso episodio que desnudaba los vínculos entre la Justicia, la política y el poder económico, fue encajonado en tiempo récord.

La condena a la ex presidenta Cristina Fernández derivó en una secuencia de actos mediáticos para la colocación de una tobillera electrónica y los pases de facturas entre operadores que hubieran preferido una imagen final sin bailes en el balcón, ni miles de personas colmando las calles de Buenos Aires. Y aunque se intente hablar de un cambio de época, la corrupción parece continuar vivita y coleando. Y no solo aquella que se pudo gestar sobre el kirchnerismo. La promoción de una estafa con criptomonedas por parte del presidente Javier Milei y la reivindicación de la época menemista, con la reaparición de algunos funcionarios que fueron gestores de brutales maniobras de endeudamiento y fuga de dólares, como Federico Sturzzenegger y Luis Caputo, parecen distanciar los discursos moralistas de buenos y malos, con la realidad que confronta al país profundamente desigual e injusto. El blindaje real sobre los antros del poder que la Justicia no parece tener apuro en resolver.