La Justicia Federal ya interviene de oficio en la denuncia por el uso privado de un laboratorio de la UNRC

La Justicia Federal ya interviene de oficio en la denuncia por el uso privado de un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Río Cuarto.
La denunciante, quien es docente de la Facultad, declaró hoy durante tres horas en el Juzgado Federal tras ser citada por el fiscal a cargo de la investigación.
Pudo explicar cómo se había conformado el grupo, cómo era el trabajo en el Laboratorio y cuándo comenzaron a advertirse las situaciones irregulares que decidió denunciar. La mujer aportó pruebas fotográficas y documentales del uso que hacían los denunciados de los elementos públicos. Además, reveló que “todo ocurría mientras se mostraban impúnemente en las redes sociales”
La docente que denunció el uso de “un laboratorio para un negocio privado” ya se había presentado a declarar en el Departamento Sumarios de Asuntos Jurídicos, y ratificó su acusación.
Tal como había anticipado Póster Central, la Universidad y el Conicet ya abrieron investigaciones contra un grupo de docentes por el presunto uso de un laboratorio “de doble dependencia” para un negocio privado.
Según señalaron a Póster Central fuentes de la investigación, este año ingresó al Consejo Directivo de la Facultad de Exactas la presentación, a sobre cerrado, y el órgano académico decidió iniciar una actuación.
Además, se abrió otra investigación en el Conicet debido a que entre las personas denunciadas habría investigadores. En ambas causas existe un secreto de sumario.
Los docentes que estarían implicados no han sido separados, aunque se filtraron a través de las redes sociales imágenes del “uso irregular que se habría hecho de insumos y estructuras, además de vínculos de la empresa con supuestos clientes”.
En la instrucción se advierte sobre la necesidad de “velar y resguardar el espacio, equipamiento e insumos”. Para el Conicet, “en concordancia con la documental aportada al expediente, se desprende que se encuentran cumplidos los extremos necesarios para dar curso a una investigación por medio de un sumario administrativo”
En la acusación se indica que los investigadores cuestionados habrían vendido servicios, con recursos del laboratorio en la Universidad, a varias empresas privadas. Entre la documentación, aparece una cuenta en Instagram en la que ofrecían “diagnósticos y seguimientos experimentales… ventas y asesoramiento…” Luego de la denuncia, la cuenta fue eliminada. También fueron presentadas facturas y fotografías con productos de la empresa privada junto a envases con el rótulo de la Universidad.