No resisten archivo

Por Pablo Callejón

El ahora extinto Hotel Opera era el centro de operaciones de los policías que habían llegado desde Córdoba, bajo el ala del ex comisario Rafael Sosa. Los habían convocado para “destapar la olla” por el crimen de Nora Dalmasso. Algunas semanas después, desacreditados por la detención del perejil Gastón Zárate y la filtración de las fotografías del cuerpo de la víctima, fueron denunciados por recibir dádivas por parte de Daniel Lacase, el entonces vocero del viudo, quien se habría hecho cargo de los costosos gastos de alojamiento. La investigación judicial los terminó sobreseyendo sin haber citado una sola vez a declarar al generoso benefactor. Diez años después del hallazgo de Nora sobre la cama de su hija en la planta alta del chalét de la Villa Golf, el comisario Sosa, quien había sido ascendido a jefe de Lucha contra el Narcotrafíco, fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión por el delito de violación de los deberes de funcionario público, en la causa que se conoció como el Narcoescándalo.

La historia de los malos policías capaces de organizar violentos asaltos, desvirtuar causas, manipular pruebas, asesinar a personas inocentes y hasta ocultar sus cuerpos, ya contaba con dolorosos antecedentes en la ciudad. El 16 de septiembre de 1987, el cabo Mario Salinas ingresó junto a un cómplice a la sede del Banco Popular Financiero, para abandonar su vida de salarios mal pagos y un historial gris de policía raso. En su raid delictivo dentro de la sucursal acribilló a balazos a siete trabajadores para evitar que quedaran testigos. El gerente Roberto Denner, el único sobreviviente de la masacre, logró identificar a Salinas y describir uno de los hechos más brutales de la historia delictiva en la Argentina.
Sin una depuración estructural y contenidos por una Justicia connivente, el 16 de marzo de 1991, el móvil Halcón 5 del Comando Radioeléctrico al mando de los agentes Mario Gaumet y Gustavo Funes, atropelló a Alejandro Flores mientras jugaba en una tarde de tormenta. El cuerpo del niño estuvo desaparecido durante 17 años hasta que sus restos fueron hallados a la salida de una alcantarilla. La causa ya había prescripto aunque se pudo determinar la responsabilidad de los policías que habían permanecido todo ese tiempo en la fuerza. Tres años después, un 11 de noviembre, el estudiante universitario Pablo González fue ultimado de un balazo cuando circulaba en su Renault 4 con una amiga y un matrimonio con su bebé en brazos. El policía Walter Criado fue sindicado como el autor de los disparos y lo condenaron a 8 años y 6 meses de prisión. En otro cruel episodio, el 23 de diciembre de 1998, los agentes Gabriel Lajara y Jorge Ferreyra intentaron simular un enfrentamiento para justificar el asesinato por la espalda del albañil Sergio Bonahora, a quien dejaron morir desangrado para cerrar el encubrimiento que habían pactado en la calurosa soledad de una calle de barrio Alberdi.

Las células delictivas en la Policía de Córdoba parecieron impregnar históricamente todos los niveles de participación. La detención del segundo jefe provincial, Alejandro Mercado, reveló la magnitud de las ramificaciones que pueden alcanzar los vínculos con organizaciones criminales. La matriz de conexiones trasciende incluso la detención de los imputados o condenados. El desmantelamiento de la conducción del Servicio Penitenciario reafirmó las sospechas sobre el negocio de drogas, celulares y visitas cómplices, facilitadas por los altos mandos de la fuerza de seguridad carcelaria. Quienes hasta hace poco eran los jefes a cargo de custodiar a los presos comparten ahora las celdas en el penal de Bouwer.

En Río Cuarto, la historia negra policial alcanzó a superiores de alto rango, responsables de las áreas de investigación y hasta las dependencias que debieran ser las más custodiadas de la ciudad. En el 2005, Nancy Carena denunció que en el interior de la Alcaidía una mujer había sobrevivido milagrosamente a una fiesta de alcohol y drogas que habían sido aportadas por los agentes a cargo del sector. En el pabellón, las detenidas habían sido abusadas sexualmente y una de ellas, debió ser trasladada convaleciente al Hospital. Por los escandalosos hechos fueron condenados con delitos leves y excarcelables el oficial ayudante José María Auce y el sargento primero Oscar Gutiérrez.

El crecimiento de operaciones de narcotráfico y la complicidad de las fuerzas policiales derivó en numerosos episodios que expusieron el rol delictivo de los agentes. En 2018, el ex segundo jefe de la Unidad Departamental, Leonardo Hein, fue encontrado culpable por no denunciar actividades de narcotraficantes. Al “avispón” se lo vinculó con una banda que traficaba estupefacientes mientras era el titular de la División de Drogas Peligrosas. Algunos años después, la desaparición de Nicolás Sabena y la participación en el secuestro del clan de los Vargas Parra, expuso el rol del ex jefe de Investigaciones Gustavo Oyarzábal y su ladera, Nancy “Nikita” Salinas. Ambos fueron sentenciados por encubrir y proteger al “Pepe” Vargas y sus hijos. Oyarzábal sumaría otra condena por su rol en la banda del “Zar de la Droga”, Claudio Torres, a quien asesinaron a balazos frente a su casa de barrio Fénix.

Ni siquiera el ex ministro de Seguridad y coordinador durante años de las políticas públicas en la Provincia, pudo quedar fuera de la trama de sospechas sobre la Policía cordobesa. Alfonso Mosquera está imputado de ofrecimiento de dádiva en la causa por el crimen del joven Blas Correa y tendrá que enfrentar un juicio oral por los delitos de abuso sexual y lesiones leves doblemente calificadas por el vinculo y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas, contra su ex pareja.

El fallo contra el suboficial inspector Orlando Bildoza a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras la muerte de Soledad Correa en un control de la Caminera en Holmberg ocurrida el 5 de mayo de 2013, reveló también que las víctimas deben soportar un largo peregrinar para alcanzar algún gesto reparador de la Justicia frente a la sospecha de la participación de agentes policiales.
El último episodio escandaloso parece un deja vu de lo ocurrido en 2005. El oficial subinspector Daniel Heredia está detenido por seis denuncias de abuso sexual contra detenidas en la Alcaidía de la jefatura de la Unidad Departamental. Heredia violaba a sus víctimas o las obligaba a practicarles sexo oral en celdas que están ubicadas a pocos metros de las oficinas donde se deciden las acciones de seguridad de la ciudad y el departamento. Una mujer que fue abusada mientras estaba embarazada fue la primera en revelar una secuencia de hechos aberrantes en la sede policial. Parte de una larga historia de uniformes manchados por las acciones más oscuras de una fuerza que no resiste archivo.