La oscura historia de la alcaidía policial

Por Pablo Callejón Periodista

El intento defensivo del policía acusado de abusar de dos detenidas en la alcaidía de la Unidad Departamental, fue revictimizarlas. A través de su abogado, apuntaron contra la primera denunciante y se expresaron sobre “el prontuario de esa mujer”, que “nunca trabajó en su vida” y que “tiene situaciones en Senaf”. No solo fue una búsqueda por deslegitimar el testimonio de una mujer alojada sola en una celda, que toma valor para denunciar a su carcelero y custodio, sino el intento por deshumanizarla. Un discurso social extendido en algunos sectores sociales que apunta a desprender de derechos humanos básicos a quienes se encuentran recluidos en una cárcel o alcaidía policial. En un crudo testimonio público, la mujer advirtió que el agente imputado la trató “como basura” y amenazó con dañar a su familia si decidía hablar. Sin embargo, el testimonio empoderó a otra mujer que denunció el abuso sexual que padeció. En la Justicia no descartan que sean más los casos debido al modus operandi y la impunidad con la que gozó el responsable de las celdas de detención. ¿Cómo podía un hombre policía tener contacto con mujeres detenidas? ¿Qué control se realiza sobre la salud de las personas allí alojadas? ¿Cómo pueden ocurrir hechos aberrantes en un espacio bajo custodia policial a pocos metros de las oficinas donde trabajan a diario los jefes de la Departamental? Los interrogantes ya fueron planteados antes, con otros jefes y en circunstancias similares. Una oscura historia de vejámenes, golpizas y abusos que nunca fueron advertidos por algún responsable policial, sino por las propias víctimas.
El 27 de enero de 2010, una mujer advirtió sobre una fiesta de psicofármacos, abuso sexual y alcohol en la Alcaidía de la Departamental. Lo hizo tras la derivación urgente al Hospital de una detenida que “se había orinado y estaba pasada de pastillas”. La denunciante pidió a gritos que la trasladaran para evitar su muerte. El ingreso al nosocomio de la mujer en estado de inconsciencia validó un relato que hubiera sido ocultado y cuestionado por las estructuras policiales. 14 años antes, para la Justicia la declaración de la víctima de abuso sexual no fue suficiente y los efectivos acusados, José Auce y Oscar Gutiérrez, evitaron una condena mayor. En el 2015, frente al Tribunal que debió juzgarlo, Auce admitió haber ingresado “pastillas de la sala de enfermería y botellas de alcohol”, pero negó haber exigido que le practicaran sexo oral. El beneficio de la duda para el acusado se basó en la credibilidad que los jueces y el fiscal le otorgaron a las palabras de quien estaba privada de su libertad. El agente fue exonerado de la fuerza pero recibió una pena leve y excarcelable de dos años y ocho meses de prisión en suspenso. Solo tuvo que buscarse otro trabajo. En el caso de Gutiérrez, simplemente debió aguardar la jubilación y una condena de un año y once meses. Poco después de la denuncia, quienes estaban en la jefatura de la Departamental, Walter Albelo y Rafael Filippa, fueron desplazados por “motivos de reorganización”. La investigación judicial se redujo en los responsables directos en el cuidado de la Alcaidía y nunca se investigo el posible encubrimiento.
El lugar presuntamente más custodiado de la ciudad se revela desde hace años como un antro de acciones delictivas que ponen en riesgo la integridad de quienes deberían cuidar. Las personas allí alojadas deberían estar por contravenciones o hechos delictivos leves que no superen los 10 días de detención. Así lo determina la ley vigente. En el resto de los casos, se debería ordenar su traslado a la Unidad Penitenciaria. Los hechos evidencian que esto, muchas veces, no sucede.
En enero del 2021, una mamá denunció que su hija de 16 años había sido “golpeada y manoseada” en el interior de la Alcaidía, tras ser detenida con amigos frente a la Plaza Olmos. La mujer hizo la denuncia y ante la falta de avances judiciales decidió hacer público lo ocurrido. “Los fiscales no quieren ir en contra de la Policía”, advirtió. La adolescente había sido apresada por el presunto robo de un celular, aunque no le secuestraron el teléfono ni se formalizó acusación alguna. Tampoco hubo efectivos imputados por lo sucedido.
En agosto de 2022, una agente denunció a un médico policial de la Unidad Departamental por acoso y el Juzgado de Violencia Familiar y Género debió librar una orden de restricción para evitar que el especialista se acerque a la víctima. La acusación fue formalizada ante un jerárquico y luego, ante la fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, a cargo del doctor Pablo Jávega. La única respuesta oficial tras la presentación judicial fue que el profesional acusado “se encontraba de licencia”.
Semanas atrás, el Tribunal de Conducta Policial ordenó separar a un médico policial que habría dado positivo en un narcotest. La medida se resolvió directamente desde el organismo bajo la coordinación de funcionarios civiles. La Policía optó por mantener un hermético silencio al considerar que “se trata de un hecho de índole privada”. Ese también fue el argumento utilizado en el escueto parte oficial que confirmó la detención del oficial inspector imputado de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de funcionario público en ocasión de su función”
“Para obligarme a tener sexo me dijo que mataría a mi hija, que era la que llevaba mi comida”, advirtió la mujer que denunció al policía detenido. Su relato ante los medios no solo buscó la Justicia reparadora, sino que intenta actuar como advertencia ante posibles represalias. La dolorosa pesadilla de quienes quedaron bajo el resguardo del más oscuro accionar policial.