Si la Ley Bases se convierte en Ley

Por Pablo Callejón
Si la Ley Bases finalmente se aprueba, las amas de casa no volverán a jubilarse. Solo una de cada 10 mujeres, podrán alcanzar el beneficio. Ya no habrá moratorias que les permitan alcanzar una jubilación a las madres y esposas que debieron cumplir tareas de cuidados sin remuneración alguna. Tampoco para quienes trabajaron en negro o sufrieron los incumplimientos de las patronales que no hicieron sus aportes. Hablamos de quienes padecieron el modelo de Martínez de Hoz en la Dictadura, la hiperinflación, la debacle social de la convertibilidad y el país devastado del 2001. Solo podrán recaer en una Prestación de Retiro Proporcional, que apenas les permitirá cobrar un 80 por ciento de una jubilación mínima. La reforma se ensaña especialmente con las mujeres, que deberán esperar hasta los 65 años para percibir esta remuneración de pobreza.
Si esta Ley Bases prospera, habrá beneficios de bajas impositivas para las grandes corporaciones empresarias y una suba del impuesto “a las ganancias” para los trabajadores. La reforma habilitará también a los responsable de un emprendimiento productivo a sumar “hasta cinco colaboradores”, en carácter de monotributistas. Los cambios permitirán, además, que los patrones no deban pagar multas por tener a sus empleados en negro y si un obrero es despedido por razones discriminatorias, la norma exigirá que sea él afectado quien pruebe el acto de segregación.
Si esta Ley Bases obtiene mayoría en el Senado, las mujeres “podrán optar” por reducir los días de licencia previos al parto de 45 a solo 10. La posibilidad de “elegir” estará sometida a las condiciones laborales que estigmatizan a las trabajadoras y les endilgan un costo negativo para los intereses funcionales de una empresa la posibilidad de que puedan quedar embarazadas.
Si esta Ley Bases se impone, los medios públicos desaparecerán definitivamente y todo quedará en manos de las voces del mercado.
Si avanza en el Congreso la Ley Bases, por el desguace del Estado, más de 100 mil empleados públicos podrían perder sus puestos. Familias que ya no tendrán un ingreso en sus hogares debido a la creación de “un régimen especial” para el personal estatal de organismos que pudieran desaparecer. Para los trabajadores privados, no habrá mejores noticias. El periodo de prueba que permite despedir sin indemnizar se extenderá hasta los 8 meses.
Si el Gobierno de Javier Milei impone su Ley Bases, once empresas públicas quedaron sujetas a privatización. Allí aparecen la compañía de bandera Aerolíneas Argentinas y ENARSA, encargada de la provisión de gas, y la producción y comercialización de electricidad. También podrán sumarse intereses privados en Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), a cargo de la provisión energética con centrales nucleares como Atucha y Embalse, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Otras cinco firmas podrían ser dadas en concesión: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) que opera Trenes Argentinos, y Corredores Viales.
Si la Ley Bases logra el consenso parlamentario, se derogará la norma de soberanía hidrocarburífera y cambiará el objetivo prioritario del autoabastecimiento por “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer la necesidad de hidrocarburos del país”. Se habilitará la libre exportación e importación y las petroleras no tendrán ninguna obligación de comercializar al menos una mínima parte para garantizar el abastecimiento interno.
Si esta Ley Bases aprobada en Diputados tiene el aval de la Cámara Alta, las multinacionales se podrán llevar todas sus ganancias del país sin dejar un solo dólar en el país. La iniciativa prevé que los dos primeros años pagarán un 7 por ciento de impuesto por girar dividendos y a partir del tercer año, no deberán aportar nada.
Si la Ley Bases se oficializa, no se podrán disolver organismos de Ciencia y Técnica como el CONICET, la ANMAT, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aunque el Gobierno podría impulsar cualquier otra acción que impida su funcionamiento. Lo mismo ocurre con otros organismos como el INCAA, el INCUCAI, la Unidad de Información Financiera (UIF) o el INTA. No desaparecerían, pero podrían ser desfinanciados, reducidos a su mínima expresión y convertirse en estructuras escuálidas.
Si la Ley Bases pasa por el filtro del Senado, el presidente Javier Milei tendrá facultades especiales por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Si esta Ley Bases se convierte en la antesala de lo que denominan el Pacto de Mayo, podría ser el punto de partida para otros cambios estructurales que institucionalicen la licuadora sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, la motosierra sobre el rol del Estado presente y un avance terminal sobre la promoción de derechos sociales.
El tratamiento en Diputados expuso a los legisladores riocuartenses a un cuestionamiento de los sectores afectados. Carlos Gutiérrez enfrentó un escrache en redes sociales, tras un cruce con al menos dos personas en la Terminal de Omnibus de Río Cuarto. Horas después, la CGT local manifestó que “nos avergüenzan” quienes votaron a favor de la ley y apuntó, especialmente contra Gutiérrez al señalar que “entregó sus ideales y acordó con quienes quieren empobrecernos”. La otra representante riocuartense en la Cámara Baja es Bélén Avico, una diputada absolutamente desconocida por una mayoría de los cordobeses, incluso entre quienes la votaron. Se trata de una empresaria ligada al PRO que pasó totalmente desapercibida en la campaña y sin tener un reconocimiento social ni historia política, logró una banca en el Congreso a partir de formar parte de la lista de Juntos por el Cambio.
Mientras se desarrolla el debate parlamentario, se profundiza la debacle social y económica en la ciudad y el país. Las ventas en los comercios riocuartenses se desplomaron más del 15 por ciento en marzo y la industria bajó un 12 por ciento, con sectores que sufrieron una caída mayor al 30 por ciento. El secretario general de AGEC admitió la preocupación por despidos y reducción de jornadas de trabajo y aumentan los locales vacíos en el micro centro y galerías comerciales. En el primer trimestre del año se construyó un 40 por ciento menos de metros cuadrados que en igual periodo del año pasado y las ventas en alimentos y farmacias se reducen cada mes. Al desplome del consumo por pérdida de poder adquisitivo y el impacto inflacionario, se sumó el costo de las tarifas con boletas de luz que duplicaron y hasta triplicaron sus valores este año. Aún faltan los incrementos en el gas, aunque también resultan impagables para un amplio sector social los valores en servicios como telefonía o internet. Las universidades están al límite de su funcionamiento y el segundo cuatrimestre no tiene los fondos asegurados.
Si esta Ley Bases finalmente es Ley, algunos gobernadores se reunirán en la Docta para firmar el pacto por un país que aguarda la apertura de las puertas del cielo prometidas, mientras se desmorona en infiernos mucho más reales.