Días de desconcierto

Por Pablo Callejón

El escenario es desconcertante. Niños y adolescentes en banda que rompen vidrieras, saltan alambrados y se movilizan encapuchados para robar una botella de fernet o un paquete de golosinas. Pibes y pibas que se convocan a través canales de Whatsapp o Instagram para “saquear el super” o “reventar la carnicería” del barrio. Protagonistas de 48 horas donde la Policía se lanzó a custodiar los supermercados mientras grupos de entre 10 y 15 chicos aprovechaban para vandalizar comercios. El temor a ser víctimas provocó que muchos comerciantes optaran por pasar la noche en sus locales y realicen sus propias cadenas de mensajes en las redes sociales para alertar sobre posibles movimientos sospechosos. La investigación judicial apuntó como presunta instigadora a una mujer de 29 años, con algunos antecedentes penales y domicilio en el barrio Ciudad Nueva. La sospechosa habría impulsado la primera convocatoria en la tarde del domingo, que derivó en un intento de saqueo en el mayorista Más Barato. Cuando lograron identificar a Araceli Ayelén Lecitra la sorpresa fue aún mayor. La acusada ya estaba detenida porque había sido una de las autoras del atraco en el que rompieron las vidrieras a patadas y puñetazos. ¿Fue Lecitra capaz de organizar tantos movimientos en lugares tan distantes de la ciudad? ¿Por qué se multiplicaron los episodios cuando ella estaba detenida? ¿Quiénes son los otros instigadores? ¿Fueron impulsados por organizaciones delictivas más complejas o aparatos políticos opositores? La causa que instruye el fiscal Javier Di Santo aún no lo pudo determinar. La Policía detuvo a 24 personas por los hechos de vandalismo y robo. Del total, solo nueve son mayores de edad y seis son menores imputables. Otros nueve detenidos fueron liberados poco tiempo después, tras la notificación al Fuero Penal Juvenil. Se trata de chicos de 14 y 15 años que aparecieron registrados en los videos de cámaras de seguridad y en los posteos viralizados el fin de semana.
A los saqueos se sumaron las hordas de motos y un debate que dejó perpleja a la sociedad. El juez de Cámara Emilio Andruet afirmó que no se trata de hechos delictivos y que los fiscales podrían archivar todas las denuncias. Sus declaraciones impactaron sobre el principal argumento del municipio para confrontar el discurso que los acusa de inacción y escasa efectividad. La decisión del Ejecutivo de impulsar presentaciones judiciales contra los motociclistas y aportar videos como método de prueba. se expresó en una contradicción insalvable para quienes fueron testigos del debate periodístico: para el Gobierno de Río Cuarto las hordas son un delito y para la Justicia no. Sin ese mínimo acuerdo básico cuesta imaginar que el problema pueda encontrar una vía de solución que alivie el malestar de los vecinos.
Quienes protagonizaron los violentos episodios no fueron testigos de la ola de saqueos en el 2001 y, mucho menos, del estallido social en la hiperinflación 1989. Nada tienen que ver aquellos sucesos con el modus operandi elegido por adolescentes que interactúan en las redes sociales. Buscar similitudes para  lograr alguna explicación a lo ocurrido parece un intento forzado por escapar a las responsabilidades actuales, las verdaderas causas que impulsaron dos días de tensión y angustia. “No robaban comida, no fue por hambre”, repitieron a coro desde diferentes sectores sociales, políticos y judiciales ¿Inhibe el análisis social que en lugar de fideos se llevaran botellas de gaseosas? La multi causalidad de factores que podrían haber impulsado los saqueos modernos no parece recluir en el ruido de los estómagos vacíos, sino en la permanente interpelación de la desigualdad.  En las últimas semanas, en Río Cuarto hubo robos y hechos vandálicos en colegios, iglesias, dispensarios, copitas de leche o jardines maternales. Espacios que parecían resguardados por un pacto social que se rompió. Hace muchos años que la muerte puede ser el resultado de una disputa barrial. Emerge un abismo de marginalidad y vulnerabilidad, como consecuencia de la exclusión y la desigualdad. Son pibes y pibas sin expectativa de ascenso social a través de un trabajo en blanco o un título universitario. No aspiran a un aguinaldo, vacaciones, sueldo los primeros cuatro días del mes, un crédito para comprar una casa o pagar la cuota de un auto. Son los hijos que no esperan por esos derechos porque tampoco los recibieron sus padres, ni sus abuelos.
Han pasado 8 años consecutivos donde pierden siempre los mismos y pierden cada vez más. Afortunadamente la sociedad, en su mayoría, ha cuestionado los hechos ocurridos en Río Cuarto y el país. Hubo un aprendizaje social que nos contiene, aún en la bronca y la desazón. Pero, ¿todo lo que hemos visto en estos últimos días se puede reducir a una cuestión penal o policial? Ya no se trata solo de la falta de la falta de respuestas a la demanda de las mayorías, sino a la incomprensión sobre el enorme valor de la política para enfrentar y resolver el drama que vivimos.
Tras la devaluación acordada entre el Gobierno nacional y el FMI, apenas un día después de las elecciones PASO que revelaron un aura de frustración, quienes estaban mal comenzaron a estar aún peor.  La economía muestra un retroceso que podría convertirse en recesión en un país con tres dígitos de inflación. No se trata solo de la sequía, sino de un mercado interno deprimido y poco previsible. Desde la semana pasada, la carne pasó a costar 4 mil pesos el kilo, los medicamentos subieron un 25 por ciento y cargar un tanque de nafta cotiza varios miles de pesos más. El GNC volvió a dar un salto que impacta directamente en taxistas y remiseros que piden incrementos de tarifas de hasta el 40 por ciento. Si vas al médico ni siquiera te alcanza con presentar el carnet de la mutual. Ahora, también tenés que pagar un coseguro. Los bancos presionan con el pago de tarjetas y créditos, mientras reducen cualquier préstamo al consumo o piden tasas que triplican el valor original. Nada, ni un solo dato positivo, acompañó el después del cimbronazo que amenaza con delegar el Gobierno en un mesías ultraliberal del mercado que promueve voucher para estudiar o ir al hospital, una dolarización a costa de la exclusión de millones y la destrucción de las matrices del Estado. La promesa electoral de “dos anuncios por día” para enfrentar la crisis confronta con los pedidos del FMI po más ajuste para bajar salarios públicos y jubilaciones, y un nuevo aumento del costo de las tarifas. La compleja trama social en la que adolescentes ponen en jaque la seguridad ciudadana y  ante el creciente malestar, la política deja caer más leña sobre el fuego.