La inquietud del miedo

Por Pablo Callejón

Cuando fue apresado el 15 de septiembre de 2008, José Vargas Miserandino se defecó en la celda de la comisaría de Banda Norte. Habían pasado algunas horas de la desaparición de Nicolás Sabena. Vargas había intentado eludir un control de rutina. El hecho podría haber despertado todas las sospechas, salvo para la suboficial Nancy Sainas y el comisario Fernando Pereyra. Ambos llegaron hasta la celda para “interiorizarse sobre la situación del detenido”. El hombre que conocimos en el juicio con mirada filosa y músculos que se entumecían por la tensión de su rostro, era aquella noche un viejo conocido con los pantalones manchados. El frondoso historial delictivo y el estado en el que se hallaba alojado no llamaron la atención de los responsables del área de Investigaciones que ocultaron aquella información, aún cuando toda la causa judicial apuntaba a los Vargas como autores del secuestro y desaparición de Nicolás.
En su legajo criminal, Vargas aparece como un anciano de 77 años y padre de dos hijos, que se había ganado la vida como “jornalero”. También señala que el 3 de octubre de 2015 fue declarado culpable junto a todo el clan familiar, de privación ilegítima de la libertad coactiva, calificada por el número de partícipes. Los jueces lo condenaron a 17 años de prisión y
el 26 de junio del 2025 estaría en condiciones de solicitar el beneficio de la libertad condicional. La totalidad de la pena se cumpliría el 29 de febrero de 2031, cuando Vargas sería un preso de 88 años.
El cuerpo de Nicolás nunca apareció y la familia de la víctima está convencida de la responsabilidad de los condenados. Para la Justicia riocuartense, el joven es todavía un desaparecido. Hubo un secuestro, pero aún queda pendiente el crimen. La causa naufraga en la incertidumbre, sin avances comprobables en el frondoso expediente de Tribunales. Si los Vargas sumaran una nueva condena, el veredicto difícilmente podría eludir la reclusión perpetua.
En varias oportunidades, el “Pepe” intentó alcanzar la prisión domiciliaria. El año pasado, el juez Emilio Andruet le negó el beneficio, aunque solicitó “la debida asistencia y la realización de controles médicos periódicos” A los pocos meses, el abogado defensor Jorge Valverde insistió con el pedido. En sus fundamentos apuntó a la edad de Vargas y la “falta de cumplimiento de los derechos sanitarios” del detenido. Hizo referencia a “la situación epidemiológica actual” y afirmó que “en el Establecimiento Penitenciario local existen una gran cantidad de enfermedades pre existentes y por lo tanto, un alto grado de contagios, atento a la superpoblación de internos”. Valverde sostuvo que “lajurisprudencia y doctrina a nivel  nacional, y las recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales de derechos humanos” avalan su petición.
Vargas sufre hipertensión arterial y fue positivo de Covid, por lo que debieron internarlo en el Hospital. Cuando le dieron el alta, el informe médico determinó que estaba “con buen ánimo, apetito y signos vitales dentro de parámetros normales”. La decisión judicial fue determinar su regreso al pabellón carcelario. La médica forense Virginia Ferrerya fue determinante al señalar que “la permanecía del interno en el Establecimiento Penitenciario no le impide tratar adecuadamente su dolencia y no requiere internación hospitalaria”. Otro informe, del área  psicológica, notificó sobre “dificultades auditivas y un significativo deterioro generalizado a nivel físico y cognitivo“.
Al ser notificada sobre el pedido de la defensa de Vargas, Rosa Sabena advirtió que la prisión domiciliaria para el hombre condenado por secuestrar a su hijo significaría “un peligro real” que le provocará sufrimiento “físico y psíquico”. La mamá de Nicolás precisó que el detenido “se maneja con sujetos que están estrechamente relacionados con el crimen organizado, es decir con traficantes de drogas y asesinos”. Además, sostuvo que Vargas “mantiene relaciones con el subcomisario Gustavo Oyarzabal, con la cabo Nancy Salinas, recientemente condenada por encubrimiento agravado, y con Gabriel Bossi, quien fue pareja de la hija de Vargas y está detenido en la megacausa por la banda narco que lideraba Claudio Torres”. Para Rosa, la prisión domiciliaria “es una modalidad atenuada de prisión, sin la vigilancia del sistema penitenciario”, lo que podría afectar la causa en la que se intenta demostrar la responsabilidad del clan en el posible crimen de Nicolás.
La última demanda de la defensa de Vargas quedó en manos del juez de Ejecución Penal Gustavo Echenique, quien resolvió otorgar la prisión domiciliaria. Sin embargo, el detenido no pudo ser trasladado porque la persona que se haría cargo de su cuidado debió cambiar de domicilio. El magistrado decidió diferenciarse del análisis de otros funcionarios judiciales que rechazaron una y otra vez la solicitud. Para Echenique, “hay un significativo deterioro generalizado a nivel físico y cognitivo que, teniendo en cuenta su edad cronológica,
acentúa su vulnerabilidad personal y restringe las posibilidades de intervención”. El juez consideró que a Vargas “lo movilizan sentimientos de angustia” desde que quedó viudo y consideró que “tiene una conducta ejemplar, de diez” en la cárcel.
“Se observa que el interno presenta un correcto tránsito por su camino intramuros -con las mejores calificaciones susceptibles de ser alcanzadas-, motivo por el cual, desde este lugar de análisis, no se pueden apreciar elementos de convicción para presumir que Vargas Miserendino incumplirá la medida traída a estudio. Ha respetado de manera satisfactoria las reglas penitenciarias y no ha evidenciando conflictos”, fundamentó Echenique en su resolución.
En relación al lugar donde sería trasladado el condenado por la desaparición de Nicolás, el juez sostuvo que “cuenta con las condiciones habitacionales necesarias y las personas que allí residen, conocen la situación procesal del penado”. El cambio abrupto del domicilio donde debería ser derivado interrumpió la decisión de Echenique y aún es difícil precisar cuándo podría ejecutarse.
El juez hizo también referencia al temor de Rosa y aseguró que “habrá un control” de la situación de Vargas “no solo de las instituciones Judiciales, sino también del Patronato de Liberados y de la sociedad”. El argumento aparece endeble para revertir la preocupación de una mujer que debe convivir con un botón antipánico después de haber recibido amenazas del entorno de los Vargas.
“No surgiendo de los informes requeridos motivo alguno para concluir que el interno incumplirá la disposición de este Juzgado, considero pertinente otorgar la prisión domiciliaria, en la modalidad requerida y en el lugar establecido”, sentenció Echenique en un fallo que promovió la inmediata indignación social.  La madre de Nicolás denunció al magistrado por incumplimiento de  los deberes de funcionario público y el jefe del clan que secuestró al joven sigue alojado en la Unidad Penitenciaria 6. De todos modos, la resolución está firme y en cualquier momento, Vargas podría abandonar su celda hasta que se resuelva un recurso de la familia de la víctima presentado ante la Cámara de Casación.  La Justicia que nunca pudo hallar a Nicolás, que demoró pericias, perdió pruebas, utilizó a investigadores que eran conniventes con los delincuentes y debió aceptar operativos que exigía la madre del joven ante la inacción de las fiscalías,  vuelve a recaer en el centro del debate. Rosa ya tenía demasiados motivos para no dormir tranquila. La prisión domiciliaria de José Vargas podría sumarle la inquietud del miedo.