La dilación en el juicio no hará prescribir la imputación a Macarrón pero podría afectar la búsqueda del autor material

La Cámara del Crimen aún no pudo completar el tribunal que debería juzgar a Marcelo Macarrón, acusado de instigar el crimen de Nora Dalmasso, el 25 de noviembre de 2006. La nueva dilación en el proceso que se realizará con jurados populares podría llevar a la prescripción en la búsqueda del autor material del hecho que conmovió a Río Cuarto y el país. Sin embargo, no afectará la situación de Macarrón.
El Tribunal que debe juzgar al viudo por “homicidio por promesa remunerativa agravado por el vínculo” aún no está integrado, debido al apartamiento del nuevo camarista, el doctor Nicolás Rins, quien se excusó por el conocimiento y trato personal que ha tenido con Macarrón.
La situación podría sumar apelaciones defensivas y demorar el inicio del proceso hasta el 2022, cuando hayan transcurrido 15 años del homicidio. La imputación contra Macarrón no prescribirá a fin de año, pero el paso del tiempo afectará la búsqueda del autor material o posibles complicidades.
El ex juez Oscar Testa precisó a Póster Central que, “en el caso de Macarrón comenzaron a correr los 15 años desde el momento de la imputación”. Sin embargo, “para el resto de posibles sospechosos los delitos prescriben cuando ha transcurrido el tiempo máximo de la pena desde el momento del hecho”. Si esto sucede, podría el homicida reconocer su autoría después del 25 de noviembre y no sufriría ninguna persecución penal.

La expectativa de hallar datos o testimonios en el juicio oral que conduzcan a otras responsabilidades podría ser afectada por una eventual prescripción si el juicio no se realiza antes del 25 de noviembre.

Tantas veces la mataron
Por Pablo Callejón

El último de los fiscales que desfiló en la causa por el femicidio de Nora Dalmasso podrá jactarse de haber desechado definitivamente el valor probatorio del ADN en la zona genital de la víctima y en el cinto de la bata con el que fue asesinada. La interpretación de indicios y testimonios enredados en más de 70 fojas del expediente pudieron más que la única prueba objetiva, certificada por el Centro Forense de la Florida, en los Estados Unidos.
Luis Pizarro acusó al viudo de haber instigado la muerte de la mujer en la noche tormentosa del 25 de noviembre del 2006. Le arrebató la imputación como autor material del homicidio y Macarrón salió aliviado de Tribunales, en una caminata imperturbable hasta el taxi de la plaza que lo devolvió a su consultorio de traumatólogo. La sonrisa irónica de su abogado, Marcelo Brito, ratificó el escenario que más complace al letrado cordobés. La cancha se embarró una vez más y en la búsqueda de un nuevo móvil del hecho, ya nadie podría aventurar con algún grado de certeza quién fue el asesino de Nora.
El fiscal Javier Di Santo inició su raid de imputaciones en las sospechas hacia un abogado con perfil de amante, viró en busca de un pintor homicida con apetitos sexuales y se derrumbó en la acusación al hijo de la víctima, sin más elementos que un haplotipo del linaje familiar. La posta la tomó el fiscal Daniel Miralles, quien en tiempo récord acusó al viudo sustentado en el aporte objetivo del ADN, a la espera de poder fundamentar la ventana horaria de un vuelo en madrugada desde Punta del Este. Con pocas opciones por indagar, Pizarro quiso dejar su impronta en la instrucción y recuperó la sospecha de la madre de Nora, quien había hablado de un crimen por encargo. La interpretación del fiscal quitó a Macarrón de la escena del crimen y lo convirtió en la mente siniestra de un homicidio a distancia. Las convicciones del funcionario vaciaron a la causa de su prueba fundamental y alejaron -¿definitivamente?- la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados al principal sospechoso por el homicidio de la víctima.

Pizarro apuntó a un móvil económico, sin dar ninguna precisión sobre la disputa que habría motivado a Macarrón a ordenar el crimen de su esposa. Brito aseguró que no hay elementos probatorios “a los que haya accedido la defensa” que permitan suponer un vuelco en la instrucción, ni testimonios tomados recientemente que desnuden una disputa por bienes ó dinero entre Macarrón y Nora. “Di Santo recorrió todas las escribanías y bancos y no hay una sola prueba que pusiera de manifiesto que en el patrimonio de mi defendido, en el momento de la muerte de la señora, hubiera un bien ó dinero que no fuera producto de la unión conyugal. El resto, son especulaciones alocadas», sentenció el defensor en diálogo con Póster Central.
Para Brito, solo hubo una interpretación personal de los datos históricos que impulsaron el cambio de hipótesis y carátula. Esa lectura del fiscal fue un golpe de efecto sobre una investigación que pareció desplomarse de sus cimientos de fango.

El 25 de noviembre de 2011, al cumplirse 5 años del femicidio de Nora, el forense Martín Subirachs afirmó que “desde lo médico legal el homicidio está resuelto”. El estudio genético había confirmado que no hubo contaminación de muestras y el ADN tenía nombre y apellido.
El especialista declaró durante más de 30 horas junto a Guillermo Mazzuchelli y Virginia Ferreyra frente al fiscal y los abogados que los interpelaron hasta el cansancio. “Fuimos interrogados más tiempo que los jerarcas de la Dictadura”, ironizó.
La estrategia de confusión con los peritos de parte Osvaldo Raffo y el criminalista Raúl Torre, no pudo derrumbar el trabajo forense que logró sobrevivir al descrédito judicial.
“El ADN ha sido el adelanto más importante para la Justicia penal. Desde lo científico tiene un valor probatorio fundamental. En el Caso Dalmasso, desde los primeros días posteriores a la muerte dijimos que si alguna vez se resolvía era por las pruebas genéticas. Nunca afirmamos que hubiera violación, sino que hubo un acto de sexual con algo de violencia. Para nosotros fue un crimen pasional”, relató Subirachs, quien aseguró que la muerte de la mujer se produjo durante la relación sexual ó poco después. En la escena del crimen, solo había ADN del viudo.

Pizarro apostó por la teoría de quienes consideran que a Nora la mataron por motivaciones políticas y económicas. Es la presunción de un crimen por encargo en medio de intereses que alcanzaban hasta las máximas autoridades provinciales.
Según surge de la acusación del investigador, Macarrón “presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre del 2006, en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la investigación, por desavenencias matrimoniales de parte de Macarrón y con la intención por parte de sus adláteres de obtener una ventaja, probablemente económica y/o política del estrépito de su eventual muerte, planificaron dar muerte a Nora Dalmasso”. Demasiadas imprecisiones para poner de cabeza una causa que quedó a merced de la mirada discrecional de cada fiscal a cargo.
La noche en que asesinaron a Nora, no funcionaron las cámaras de ingreso a la Villa Golf. La mujer había llegado de una reunión con amigas y se recostó en la habitación de su hija, en la planta alta. El perito químico y los forenses coincidieron en el hallazgo de semen en la zona genital de la víctima y resaltaron que murió tras un acto sexual. La nueva imputación descarta la conclusión científica y apunta a un sicario que accedió a la vivienda con las llaves y los datos que les habría aportado Macarrón, como instigador del crimen.
El fiscal argumentó que a Nora la mataron “ejerciendo una fuerte presión con sus manos, anulando así toda posibilidad de defensa” mientras dormía y luego, el asesino “habría utilizado el cinto de toalla de la bata de baño que se encontraba en la habitación, realizando un ajustado doble lazo alrededor del cuello, ocasionando la muerte por asfixia mecánica”. En el cinto de la bata, solo se halló ADN de Marcelo Macarrón.

En todos estos años, la Justicia sospechó de un amante, acusó de homicida a un pintor “que se fue de boca”, apuntó por abuso al propio hijo de la víctima y decidió imputar al viudo por homicidio y luego, como el cerebro de un crimen por encargo con varios implicados aún no reconocidos. Los desvaríos fueron tales, que en algún momento hubo dos imputados con dos acusaciones diferentes. En la instrucción se involucraron cinco fiscales y se abrieron varias causas paralelas por dádivas a investigadores y aprietes a testigos. El final podría recaer en la dolorosa sentencia de la impunidad.