La marca de la gorra

Por Pablo Callejón

José Vargas – Hola mamita ¿qué haces?
Nancy Salinas: Que haces… ¿Que te hace falta Pepe?

La familia Vargas Parra contaba con información calificada de la investigación que los tenía como principales sospechosos. Con particular rigurosidad, sabían qué policías estaban de guardia y podían prevenir los allanamientos ordenados por el entonces fiscal de Instrucción Walter Guzmán. Lo sabían, porque tenían fuentes en la Policía. Agentes con un trato íntimo que les permitían eludir la persecución policial.

José Vargas: Bueno hija. Bueno, bueno.
Nancy Salinas: Por eso te llamo. Quedate tranquilo.
José Vargas: Dale, besitos a todos en tu familia.
Nancy Salinas: Bueno Pepe gracias, gracias.

Nancy Salinas: Pepe me dejaste esperando, no te hagas problema corazón, yo te espero.

A las 19:49 del 14 de septiembre de 2008, Rosa Sabena tuvo la última constancia de vida de Nicolás. Cinco horas después, Vargas fue detenido en un operativo policial de rutina que derivó en una persecución. En la celda de la comisaría de Banda Norte, el Pepe se defecó por los nervios. Estaba visiblemente alterado y así lo recuerdan los policías que lo detuvieron. Esa noche, Nancy Salinas y el comisario Fernando Pereyra llegaron al lugar para tomar conocimiento de la detención. Nada se conocía aún de la desaparición del joven de 21 años, pero los dos funcionarios policiales sabían mucha de Vargas. Su vínculo con el mundo delictivo incluía una historia de drogas, violencia y aguantaderos que formaban parte de los archivos en la División investigaciones. Habían ido para interiorizarse y ocultaron un dato que hubiera resultado clave para lograr hallar el cuerpo del joven desaparecido.
Cuando la causa había alcanzado una fuerte repercusión pública y todas las sospechas apuntaban a los Vargas, Salinas mantuvo el vínculo con ellos. El 9 de diciembre de 2008, a la 1,43 de la madrugada, la oficial llamó a Vargas Parra para informarle “las constancias y el rumbo de la tarea investigativa”. Ese día, la fiscalía de Instrucción planeaba un operativo en la quinta ubicada en Guardias Nacionales 2700 que pertenecía a los sospechosos. La comunicación duró 16 segundos, suficientes para evitar que los Vargas fueran sorprendidos.
En el clan familiar contaban con información calificada proveniente de la propia policía. La protección habría evitado el secuestro de las principales pruebas. En la quinta sobre ruta A005 tuvieron el tiempo suficiente para esconder o deshacerse de todo lo que pudiera comprometerlos.
En su defensa, Salinas afirmó que ella era una mera colaboradora del comisario Pereyra, quien tenía a cargo la investigación directa por la desaparición de Nicolás. La oficial en el banquillo advirtió que en el análisis de los teléfonos estaba el subcomisario Gustavo Oyarzabal, detenido por una causa federal de connivencia con bandas narcos. El argumento defensivo sobre el supuesto cumplimiento de órdenes no logró eximirla de responsabilidades, pero ratificó la hipótesis sobre las maniobras de connivencia con los Vargas Parra que nunca podrían haberse ejecutado en soledad.

En una pulseada con los brazos trabajados del Poder Judicial, Rosa Sabena logró sostener la investigación contra el tercer integrante de la División de Investigaciones sospechado por encubrir al clan familiar que secuestró a Nicolás y lo habría asesinado. El comisario Pereyra era el jefe de la unidad que se desmoronó en denuncias por vínculos con los delincuentes que debían perseguir. La madre de Nicolás advirtió en la decisión del fiscal Fernando Moine de archivar la causa por encubrimiento y violaciones de los deberes de funcionario público, la última maniobra de contención judicial para los policías acusados. El fallo de la jueza de Control Luciana Alba revirtió la decisión de Moine y ordenó que se designe a un nuevo fiscal para continuar con la instrucción. La condena a Salinas a 3 años y 10 meses de prisión efectiva ratificó las expresiones de Rosa durante su alegato: “mi hijo fue captado por unos delincuentes que fueron protegidos por otros delincuentes, Salinas, Pereyra y Oyarzábal. Mi hijo quedó atrapado en esa red”

Rosa precisó que el 5 de agosto de 2010, con los integrantes de la familia Vargas detenidos, el comisario Pereyra encabezó un allanamiento en la quinta donde no logró hallar nada sospechoso. Habían revisado “todos los muebles, sillones y habitaciones”. Un día después, un funcionario de tribunales inspeccionó en los mismos lugares y logró encontrar varias armas, un calendario donde estaban anotadas las guardias policiales, un anotador con todos los procedimientos judiciales realizados en el caso y la factura original que le había entregado el dueño de un negocio telefónico a Nicolás el 11 de septiembre de 2008, cuando el joven le dejó un celular para su reparación. La madre de Nicolás sabe que no hubo episodios accidentales, ni omisiones de investigadores neófitos. Rosa está convencida del rol que asumieron Salinas, Pereyra y Oyarzábal. “Desviaron la investigación, con la clara finalidad de que los Vargas Parra eludieran el accionar de la Justicia. Y eso fue lo que lograron durante los primeros años de la investigación”, advirtió. Aquellos años fueron claves para que nada se conozca sobre el destino final de Nicolás. La madre de todas las luchas fue la única capaz de descifrar la marca de la gorra.