En medio de la crisis y la pandemia, inquilinos e Inmobiliarias en una disputa por el congelamiento de alquileres
En medio de la crisis económica y las consecuencias de la pandemia, inquilinos y corredores inmobiliarios protagonizan una disputa por una posible prórroga de la ley que permitió el congelamiento de alquileres y suspendió desalojos.
Más de 20 asociaciones de inquilinos de todo el país solicitaron al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que se extienda la vigencia del decreto 320/2020, “atendiendo a la acuciante situación que viven millones de inquilinos, que han sido duramente afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia COVID-19”.
“Vemos con preocupación que estamos a poco más de un mes de la finalización de la vigencia del decreto, y la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas que respondan a estas problemáticas”, manifestaron en un comunicado.
El panorama actual señala que “existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70% posee deudas en materia de servicios”.
Por su parte, desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) rechazaron el pedido de inquilinos para que el Gobierno nacional vuelva a prorrogar el DNU que congela los alquileres, al considerar que solo se trata de “un parche más”.
La entidad sostuvo en un comunicado que el decreto 320/2020 “no soluciona la situación de fondo, al contrario, profundiza la crisis del sector y perjudica a muchos propietarios que viven de sus inmuebles como ingreso principal y a los Profesionales Inmobiliarios”.
“La mayoría de los propietarios han invertido en inmuebles como una manera de constituir una renta para vivir o bien, un complemento necesario que ayude al ingreso familiar mensual. Actualmente, se ven muy afectados al no poder gozar plenamente de sus derechos debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional las cuales cercenan el “derecho a la propiedad”, impidiendo disponer de su propio bien, ya sea para uso propio o para renta, lo que establece una clara injusticia”, manifestó Viriginia Manzotti, presidenta del CPI y vicepresidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina.
Entrevista a Eduardo Aliendo, delegado del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba
