La marca de la gorra

Por Pablo Callejón Periodista

Los posteos del ex comisario general Carlos Borsato que intentaron reivindicar al dictador Jorge Rafael Videla y las prácticas xenófobas sobre los “pibes de la Gorra”, le arrebataron al candidato de Juntos por Río Cuarto, Gabriel Abrile, quizás la única ventaja en el debate electoral sobre una problemática en la que el radicalismo local aparecía más alejado de responsabilidades directas. A Juntos por Río Cuarto le costaba entrar en la discusión por Cotreco, el endeudamiento, el estado de las calles, viviendas y el sistema de transporte de colectivos sin escapar del recuerdo reciente de la gestión municipal de Juan Jure. En esos 8 años, Abrile y la mayoría de los candidatos y voceros políticos fueron protagonistas activos. La inseguridad, en cambio, los posicionaba en un lugar preferencial del debate. En cada uno de sus mandatos, Miguel Abella, Antonio Rins y el propio Jure, habían evitado asumir una responsabilidad directa sobre el conflicto. Los municipios buscan tener una mayor incidencia en la problemática por el impacto político directo que generan los hechos delictivos, pero la definición de las políticas y el control de la Policía dependen del Gobierno de Córdoba, que está en manos del peronismo desde hace más de 20 años. Al desgaste que produjeron en la gestión de Juan Manuel Llamosas los meses de pandemia, Abrile intentó darle una nueva estocada con un plan que visibilizaría “el fracaso del programa oficial”. El camino elegido lo llevó hacia la doctrina Bullrich y un discurso de tono enfático, con gesto enojado y puños cerrados, que el propio candidato replicó en sus spots de campaña. La constitución como querellante del municipio en causas de narcotráfico fue una de las medidas que “la Pato” anunció junto a Abrile tras una conferencia de prensa en la que hubo especial cuidado de evitar preguntas molestas. El resto parecía devenir del propio contexto representado por la dirigente del PRO. La ex funcionaria no solo respaldó al policía Chocobar, acusado de matar por la espalda a un ladrón, sino que fue gestora de la resolución 956/2018 que “legitimaba” el gatillo fácil para las fuerzas de seguridad. De este modo, con el aval del Estado, las fuerzas federales podían accionar el arma si una persona se daba a la fuga o bajo el criterio discrecional de cada agente, como había ocurrido con Chocobar y en el asesinato de Rafael Nahuel. Según el Informe Anual de la Situación Represiva presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, las fuerzas represivas del Estado estuvieron implicadas en la muerte de una persona cada 19 horas. Son 1.833 víctimas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de 2019.

Sin Bullrich sobre el escenario pero sus políticas como referencia, Abrile optó por relanzar su programa de seguridad junto a la ex diputada nacional Griselda Baldata y el ex jefe de la Unidad Departamental, Borsato. La iniciativa busca integrar a las organizaciones “de interés público”, articular con la Provincia, promover la creación de una AP de conectividad ciudadana y plantear el desarrollo de un mapa del delito. El discurso pareció algo más moderado al que proponía Bullrich, hasta que se reveló el Facebook del comisario que colaboró en la definición de las políticas anunciadas. ¿Qué mirada preventiva y represiva podría aplicar alguien que prefiere al birrete de faena dictatorial antes que a las gorras de los pibes en los barrios? Cómo había sucedido con la legisladora Patricia De Ferrari, las respuestas se redujeron a no compartir los dichos pro dictadura de sus voceros. De Ferrari volverá a su banca en 6 meses y las sugerencias de Borsato parecen no haber sido desterradas del proyecto de seguridad de Abrile.

El plan de seguridad de Llamosas anunciado en 2016 había sido imaginado por el comisario retirado y ex jefe de la Unidad Departamental Pablo Pellegrini, quien intentó trasladar ese perfil de conducción policial al Ente de Control Municipal. La creación del Ente de Prevención Urbana apuntó a recrear una estructura contra el delito en los barrios, en un trabajo conjunto con la Policía. El escándalo de los cheques y el recambio de toda la conducción del Edecom, derivó en un abrupto cambio de planes. Sin el control de su mentor natural, el EPU perdió protagonismo y derivó en un accionar más vinculado con el ordenamiento vial de la ciudad. El gobierno municipal apostó entonces por incorporar cámaras, generar una central de monitoreo y ceder nuevamente el discurso de las políticas contra la inseguridad al Centro Cívico. En cuatro años, el discurso del Palacio de Mójica cambió abruptamente y la problemática dejó de ser un tema central en las propuestas del oficialismo.

En una nueva Marcha de la Gorra en Córdoba, los organizadores advirtieron que el Código de Convivencia aprobado en 2015 “sólo sirve para señalar a lxs pibxs”, víctimas “del permanente verdugueo que sufren en los barrios populares”. “Esto ocurre desde el amedrentamiento hasta las detenciones sistemáticas por portación de cara, alcanzando su versión más cruel en los asesinatos policiales”, resaltaron en el discurso oficial. El informe reveló que se produjeron más de 480 casos de gatillo fácil desde el regreso a la Democracia, donde alternaron gobiernos radicales y peronistas. Además, advirtieron que “en los últimos meses hubo 8 crímenes por gatillo fácil en Córdoba”. Los homicidios de Joaquín Paredes, un chico de 15 años que compartía una tarde con amigos en Paso Viejo, y de Elías Blas, el joven de 17 años que intentó evitar un control de tránsito, revelan prácticas que exceden la inconducta de un agente. Joaquín y Elías fueron ultimados por la espalda, en una evidente coincidencia con otros crímenes de fuerzas de seguridad contenidos por un discurso represivo y violento. El feroz tiroteo de agentes de la Bonaerense en San Miguel del Monte, sobre un automóvil en el que viajaban un joven de 22 años y otros cuatro niños y niñas de 13 y 14 años, fue otro episodio revelador de la doctrina que se esparció desde la Nación a la Provincia. Como una referencia oscura de la mano dura del Estado, el pueblo debió llorar la muerte de cuatro de los ocupantes del Fiat 147.

Los cambios en la cúpula policial y el arribo de una mujer en el máximo cargo, por primera vez en la historia, buscaron aplacar las demandas contra la formación de los agentes y los protocolos de acción que apuntaron sobre el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera. El funcionario riocuartense logró mantenerse en el cargo, a pesar de los múltiples cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos y sobre todo, de las familias de las víctimas por el gatillo fácil. El flagelo en la instrucción policial es una problemática de varias décadas, que dejó su impronta en Río Cuarto. A Alejandro Flores lo atropelló un móvil del comando que ocultó su cuerpo durante 17 años, el tiempo suficiente para que los dos agentes imputados, Mario Gaumet y Gustavo Funes, pudieran ser sobreseídos por prescripción. A Sergio Bonahora lo asesinaron por la espalda el 20 de diciembre de 1998. Los homicidas, Gabriel Lajara y Jorge Ferreyra, le colocaron un arma al lado del cuerpo agonizante para simular un falso tiroteo. 5 años antes, Pablo González fue impactado en la nuca por disparos de agentes policiales que lo confundieron con un supuesto delincuente y comenzaron una persecución demencial por las calles de la ciudad. En el Renault 4 al mando del estudiante universitario también viajaban una amiga y un matrimonio con bebé, que salvaron milagrosamente sus vidas.

El asesinato de 18 personas en apenas un año y medio revela el marco de violencia en el que está inmersa la ciudad. En tres de los casos las muertes habrían sido consecuencia de violentos asaltos. El resto de los episodios estuvieron signados por la violencia urbana que dirime la vida de jóvenes por el impacto de una bala o el filo de un arma blanca. Dramas sociales que exceden el marco de la inseguridad y que revelan sin tapujos la profunda desigualdad de una ciudad que vulnera y margina a miles de riocuartenses. Son los crímenes que no esperan por cámaras en las calles, ni móviles rodeando las manzanas. Parecen las expresiones de quienes no pueden acceder a las mismas oportunidades que abundan en los otros y dormitan en las adicciones de muchas noches de alcohol y drogas de mala calidad. Una realidad más compleja de visibilizar que el reclamo por los reiterados robos que incrementan el malhumor social. La utilización electoralista del flagelo derivó en una contundente manifestación del modo en que piensan quienes son consultados o definen las políticas de seguridad. Un escenario donde algún ex comisario puede reivindicar las prácticas de Videla y al mismo tiempo, sugerir las bases de un plan de seguridad en Democracia. Los posteos que no logran ocultar las marcas de la gorra.