¿Quiénes van a pagar la crisis?

Por Pablo Callejón

El bar tradicional de la esquina, un taller que reparaba celulares, varios locales de ropa adolescente, el negocio de indumentaria deportiva, un salón de venta de bijouterie, el comedor de las empanadas más ricas, todos cerrados. Hay cada vez más vidrieras vacías. No solo en cantidad, sino en tamaño. Al principio solo bajaban las persianas los comercios pequeños y ahora es el turno de los medianos. Después de 2 años de una recesión asfixiante durante el gobierno de Mauricio Macri, la pandemia obligó a una cuarentena que vació las cajas de ingresos. Los comerciantes que aún esperan los efectos del rebote económico en la nueva normalidad, resolvieron alejarse del centro para ocupar locales en los barrios. Otros, abrieron en sus propios garajes y hasta cambiaron de rubros. La reconversión es el último intento por no dejarse vencer en esa batalla desigual contra los costos tarifarios, la persistente inflación y la debacle del consumo.

Marcelo admite que sin la cuarentena “íbamos a estar contando los muertos”. No se lamenta por los días de encierro, pero necesita volver a tener ingresos. Desde hace 15 años, se dedica a la compra y venta de autos. Algunos de sus principales clientes están en la zona, incluso en Córdoba. Nunca antes había pedido ayuda de nadie. Había podido comprar una linda casa y viajaba en un auto 2018. Para el segundo semestre había previsto crear su propio salón de ventas de autos usados. En su proyecto destinó los ahorros y un crédito para empezar a armar el mobiliario. Y sin querer, llegó marzo. Sin ingresos, se esfumaron el dinero y los proyectos. El permiso para viajar que bajó por internet sirve de poco. Hace varias semanas que ya no responde con interés ningún cliente.

Un transportista escolar le advirtió al gobernador que no pueden sacar créditos a tasa cero porque ya están endeudados. Si los toman ahora, deberían pagarlos durante los meses de verano cuando baja otra vez la actividad. En los jardines maternales esperan sobrevivir al invierno para reabrir junto con las escuelas. Las agencias de turismo viven con lo puesto y admiten que podrían quedar en el último lugar de la fila. La ciudad incorporó la dinámica febril de peatones y vehículos pero está la crisis. La recesión más larga de la historia reciente sumó la debacle de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Los cimientos económicos para enfrentar al coronavirus eran plateas de barro. Nueve de cada diez familias argentinas están endeudadas y dejaron de pagar impuestos y servicios. Un informe de la consultora CERX reveló que, en promedio, cada hogar debe $ 159.738 por atrasos con los bancos y compromisos “no bancarios”. En Córdoba, el 36 por ciento de los usuarios de EPEC tiene algún atraso con el pago de sus facturas y está, técnicamente, en “situación de corte”. Según un informe del diario La Voz, la cifra adeudada alcanza los 3.400 millones de pesos, equivalente a un mes de facturación completa de la empresa de energía. El gobierno nacional decidió frenar el corte de servicios básicos y congeló las tarifas. La medida evitó suspensiones masivas de servicios, pero las facturas se acumulan y en algún momento, se deberán pagar.

Los trabajadores están con sus bolsillos exhaustos. La mayoría no tiene paritarias desde diciembre pasado y algunos sectores que lograron acordar subas antes de la pandemia, debieron resignar el beneficio. La inflación morigeró su tendencia alcista pero mantiene un crecimiento superior al 40 por ciento interanual. Para evitar despidos, miles de empleados cedieron un 25 por ciento de sus haberes y más de un 1 millón 800 mil asalariados recibieron la mitad de su sueldo por aportes del Estado. El 94 por ciento de las empresas subsidiadas tienen una planta de menos de 25 personas, un 5 por ciento cuenta una plantilla de hasta 100 empleados y el 1 por ciento son corporaciones con más de 800 operarios. Allí aparecen Techint, Clarín, Ledesma, Mercedes Benz y La Nación. No solo se abonó pare del salario de los trabajadores, sino de los cargos gerenciales.

El Banco Central advirtió que la economía caerá un 12 por ciento este año y la inflación superará el 40 por ciento. La apuesta al mercado interno, con una inyección al consumo, depende hoy de “la maquinita”. El 78,8 por ciento de los comercios y el 46 por ciento de las industrias no pudieron pagar en tiempo y forma el aguinaldo, según datos de la Cámara de Comercio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA). El Estado comenzaría a poner un freno al desembolso de los ATP y de aquí en más, la inyección de fondos apuntaría a los lugares donde aún persiste la cuarentena estricta. En las provincias sigue el fantasma por el endeudamiento incentivado durante el mandato de Macri y la caída en la coparticipación. El Gobierno de Córdoba informó una baja interanual del 9 por ciento en la recaudación de junio. Los números son mejores a abril y mayo, pero exigen un esfuerzo de asistencia más alto con ingresos insuficientes.

Un informe de la Universidad Católica Argentina advirtió que casi 900 mil personas perdieron su trabajo durante la cuarentena. La desocupación volvió a superar los dos dígitos y llegó a 10,4 % en el primer trimestre del año, cuando apenas habían transcurrido diez días de cuarentena. Los más afectados son los jóvenes y mujeres, con tasas de desempleo que bordean el 24 por ciento en personas de hasta 21 años. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero admitió que el Ingreso Familiar de Emergencia evitó que millones de argentinos se sumaran a la pobreza. La falta de empleo incorporó la escasez de la changa y el trabajo informal profundizó la precariedad y los bajos ingresos.
Las políticas económicas fueron el problema real antes de la pandemia y la cuarentena, la única opción para salvar las vidas de miles de argentinos. Los que optaron por dar vuelta el tablero perdieron igual y multiplicaron por miles las muertes. La opción de realizar más testeos para evitar los días de encierro fue ineficaz sin las políticas que lograran contener al virus. Chile es un ejemplo de esa política fallida: realizó 8 veces más testeos que la Argentina, pero la cantidad de víctimas es notoriamente mayor. Sin vacuna, la única opción fue evitar el contagio.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades. Por la debacle, cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales. Del total, 2 millones 600 mil serían microempresas que reúnen a casi 9 millones de puestos de trabajo. Los más afectados serán el comercio, con la desaparición de un millón 400 mil locales, y la industria del turismo, que perderá 290 mil empresas. El organismo advierte que la recuperación necesitará de liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción, y exportaciones.
Allí surge, una vez más, el debate sobre el rol de lo público en los tiempos que vienen. El caso Vicentín es una bandera que el mercado utiliza de advertencia. Caceroleros en caravana esperan que el Estado ponga los recursos y después se achique hasta la próxima debacle. Aún los que fueron estafados por la empresa, prefieren peregrinar por pasillos judiciales antes que garantizar un eventual desembarco oficial en las tramoyas del comercio de granos. Vicentín no era una empresa familiar como un almacenero del barrio. Allí confluían las sospechas de operaciones en negro, evasión impositiva, vaciamiento de empresas, desviaciones de fondos, endeudamiento feroz y precarización laboral. Quienes cuestionaron la intervención del Gobierno están convencidos de que el dinero de todos no debe sostener planes sociales, pero tampoco caer en el prejuicio de cuestionar la ayuda a los hogares de especuladores multimillonarios.

La economía deberá refundarse sobre cenizas calientes. No todos perdieron por igual. En realidad, no todos perdieron. Pero las mayores derrotas recayeron sobre los que habían ingresado a la cuarentena con las economías familiares en rojo. Los que se endeudaron para pagar los servicios, la tarjeta y el changuito del supermercado. Hay derrotados que no pueden abonar el crédito de sus casas, ni el auto con el que van a trabajar. Están los que perdieron el trabajo, los que no cobran un salario fijo. El IFE y los ATP fueron imprescindibles y al mismo tiempo, insuficientes. El escenario podría replicar las desigualdades que embanderan una marcha por Vicentín o imaginar una economía menos desigual, más previsible y algo más justa. Los números revelan el costo de la crisis. La apuesta es reconocer a quienes la seguirán pagando.