El oficial ya no está en las sombras

Por Pablo Callejón

Poco antes de que se destapara la olla con olor nauseabundo en las oficinas de Investigaciones de la Unidad Departamental y fuera detenido, Gustavo Oyarzábal logró un retiro exprés como integrante de la fuerza. La medida no sorprendió en los despachos de la Jefatura en calle Belgrano y encontró respuestas públicas pocos meses después. El ahora oficial retirado de 43 años está acusado y detenido por encubrir a delincuentes y formar parte de operaciones ligadas al narcotráfico y lavado de activos.
Al procesamiento del Juzgado Federal por la mega causa que hizo eclosión a partir del crimen de Claudio Torres, Oyarzábal sumó un nuevo capítulo a su prontuario. El fiscal de Instrucción Javier Di Santo resolvió elevar a juicio el caso por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado” a favor de la familia Vargas Parra, condenados por el secuestro de Nicolás Sabena y principales sospechosos de haber asesinado al joven y ocultar su cuerpo.

Según surge de la resolución del fiscal a la que pudo acceder Póster Central, a las 14:09 del 3 de noviembre de 2008, Oyarzábal se comunicó en dos oportunidades con Lucía Vargas desde el teléfono celular de flota que poseía: la primera de una duración de 24 segundos y la segunda, de solo 5 segundos. El objetivo fue “favorecerla y colaborar con el resto de la familia, conformada por José Vargas Parra, Adelina Flores y José Vargas Parra (hijo)”. Di Santo determinó que el oficial les informaba a los sospechosos “acerca de las constancias y el rumbo de la tarea investigativa”.
El segundo hecho surge a las 18,56 del 18 de noviembre del 2008. En este caso, Oyarzábal recibió una llamada de 40 segundos a su teléfono celular particular desde el móvil utilizado por Adelina Flores. Era tal la cercanía entre el jefe de Investigaciones y los Vargas Parra, que los integrantes de la familia delictiva contaban con su número personal.
Un tercer hecho emerge a las 22:22 del 4 de diciembre de 2008. Oyarzábal llamó desde su teléfono al móvil de José Vargas Parra. Aquella comunicación de 34 segundos se produjo tres meses después del último contacto de Nicolás con su familia y cuando la sociedad reclamaba medidas urgentes de detención contra los Vargas, que el entonces fiscal de Instrucción Walter Guzmán se negaba a ejecutar.

Al ser indagado, Oyarzábal negó haber cometido un delito en su accionar. Dijo que en la primera llamada marcó el 0341 153816744 porque era “la última línea telefónica que mantuvo comunicación con el desaparecido Sabena”. Según indicó, “llamó a dicho número con el solo objeto de determinar quién lo utilizaba y a quien le pertenecía, para saber cuál fue la conversación”.
Añadió que en el listado aportado por la empresa telefónica, “figuran también llamadas ese mismo día, minutos después de la suya, al mismo número y con los mismos fines, realizadas desde el celular del comisario Fernando Pereyra y desde el teléfono fijo de Jefatura”.
En relación al segundo hecho, el oficial Oyarzábal expresó que intentaba determinar a quién pertenecía el número 0341 153816744. Según su relato, el 18 de noviembre de 2008, lo llamó Lucía Inés Vargas para confirmar que ella había utilizado el móvil con característica 0341 y que informó sobre el dato obtenido al fiscal.
Finalmente, sobre el tercer hecho, manifestó que habría llamado a Pepe Vargas “para anticiparle sobre una citación ordenada por el Fiscal”. Al ser consultado sobre por qué no se realizó la convocatoria por escrito, como se realizaba formalmente, Oyarzábal argumentó que “era muy tarde para ir hasta la quinta de los Vargas, en donde era complicado su ingreso por la lejanía de la entrada con la casa y los numerosos perros que tenían”

Rosa Sabena había comenzado a sospechar de las maniobras de Oyarzábal en medio de la instrucción y pidió que sea investigado. Ante la Justicia, advirtió que el oficial “evidenciaba una actitud poco colaborativa, razón por la cual solicitó que fuera la Policía Judicial quien realizara el análisis telefónico”.
Rosa le había preguntado a Oyarzábal por la última llamada que recibió el teléfono de Nicolás el día 22 de septiembre de 2008, a la hora 16:50. El oficial le respondió que “no existió la comunicación porque es de 3 segundos y que para que la misma pueda ser rastreada necesita 11 segundos”. Sin embargo, la madre de Nicolás pudo determinar a través de la empresa “Claro” que esa llamada fue tomada por una antena diferente a la registrada en la última comunicación de Nicolás. La mujer precisó que el celular “fue activado, colocado nuevamente el chip y trasladado de lugar días después, información que no pudo ser desconocida por el Oficial Oyarzábal”. A mil metros de la antena que lo registra se encuentra una tapera a orillas del río que los Vargas usaban como “aguantadero”.

Para Di Santo, queda “inconmoviblemente acreditado, tanto el acaecimiento histórico de los hechos narrados por Sabena, como el protagonismo doloso que a Oyarzábal se le endilga en su ejecución material”.
El fiscal precisó que se pudo comprobar que “el acusado conocía perfectamente sobre la movilidad telefónica” y lo hacía “para mejorar la situación procesal que tenía comprometida Lucía Vargas”.
En la resolución, Di Santo también advirtió sobre la conexión entre la causa por la desaparición de Nicolás Sabena y la pesquisa de lavado de activos que impulsa el Juzgado Federal, con “la comercialización de drogas prohibidas como hilo conductor”.
Oyarzábal podrá apelar la elevación a juicio ó dirimir frente al Tribunal la acusación por desviar la investigación para que los Vargas eludieran la persecución penal. Será un nuevo capítulo de una historia que ya no podrá tejerse en las sombras de la división de Investigaciones de la Policía de Río Cuarto.