El cabo del Comando Juan XXIII
Por Pablo Callejón
C. tenía 17 años cuando ingresó esposada a la celda de la Unidad Regional. Había sido secuestrada en su vivienda de calle Ituzaingó, en el macro centro riocuartense, tras ser vinculada como militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1975, los grupos de tareas se resguardaban en la impunidad de una represión que anticipaba el arribo del Golpe. Actuaban con una rigurosa sistematicidad bajo las directivas de Miguel Angel “Gato” Gómez, un represor sádico que parecía retroalimentarse con los llantos y súplicas de sus víctimas. En la sede de calle Belgrano, funcionaban las Divisiones Informaciones e Inteligencia, que dependían directamente de la D2 en Córdoba. Sus agentes debían “evitar hechos subversivos” atentos a las pautas del Area 315 del Ejército. Tenían licencia para detener, torturar y desaparecer, sin más argumentos que las órdenes de “la superioridad”.
Aquel 22 de agosto, la mujer fue inmovilizada y vendada como el resto de los detenidas. En las celdas con hedor insoportable, pudo recordar las voces de Rosana y Stella. Le impidieron comunicar a su familia sobre su detención y le negaron el agua y algún plato de comida. Los agentes que respondían a Gómez la insultaron y amenazaron, mientras aplicaron diferentes técnicas de tortura “para el ablande”. Antes de ser trasladada a la Cárcel de San Martín, C. pudo identificar a algunos de sus torturadores. Entre ellos, había un jovencito delgado, con mirada siniestra, que volvería a ver tiempo después en la televisión, cuando los reporteros informaron sobre la masacre de seis trabajadores del Banco Popular Financiero en la esquina del Boulevard Roca.
Varios meses después del secuestro, “El Gato” ordenó desviar la furgoneta hacia un camino interno y detenerse en un descampado. Los dos policías observaron inmóviles mientras Gómez violaba a la detenida. El traslado de C. a Córdoba fue parte de la logística represiva dispuesta por el Ejército. La mujer estuvo tres años recluida en el penal de San Martín, hasta que decidieron su traslado al Buen Pastor. En 1978 la derivaron, una vez más, a la Cárcel Número 1 y luego, al Servicio Penitenciario Federal de Devoto, donde permaneció hasta recuperar su libertad.
Mucho antes del Golpe, las ramificaciones represivas estaban insertas en las oscuras oficinas de la Policía y las unidades locales de las fuerzas armadas. Salinas conocía a los hermanos Juan Domingo Aspitia y Hugo Roberto Aspitia. “Uno era delgado y otro de contextura física grande, que fue jefe de inteligencia”, relató. El cabo policial negó haber trabajado para ellos, como también ocultó ante la Justicia haber estado en las celdas de tortura y conocer el nombre de las víctimas. Quienes nunca pudieron olvidarlo fueron quienes lo padecieron.
Sergio tenía solo 16 años cuando fue detenido en la Unidad Regional del Sud. Allí debió soportar durante horas los golpes de Salinas y las insistentes preguntas del “Gato”. Cuando todo pareció que había concluido, el jefe le ordenó al cabo que lo matara. Salinas sacó la pistola de su cintura y apuntó sobre la cabeza de Sergio. Gatilló dos veces y observó con tensión cada respuesta. El arma estaba descargada, pero había alcanzado el objetivo de los torturadores.
Salinas se había incorporado 1974 al Taller Regional de Aeronáutica para cumplir con el servicio militar obligatorio. Estuvo en el lugar un poco más de año y quienes lo conocieron, lo describieron como un tipo difícil y pendenciero. Un año después, se incorporó a la Policía. Río Cuarto no es la ciudad donde nació, pero no tuvo más remedio que elegirla para vivir. Su madre, a quien calificó como una prostituta, lo abandonó en la casa de una tía cuando aún era un bebé. Sin demasiadas convicciones para buscar mejores rumbos, optó por una salida de uniformado.
Salinas afirmó en su indagatoria que ingresó a la Policía el 1 de septiembre de 1975 y se definió como “un novato en el puesto de guardia” que salía “de rondas, en dupla, dentro de un radio de calles asignadas”. Luego, regresaba a esa “guardia” donde esperaban personas secuestradas, amordazadas, incomunicadas y torturadas. Salinas trabajaba en “Informaciones” y según admitió, se desempeñó “en todas las comisarías y destacamentos”.
La Democracia no logró desempolvar sus legajos ni advertir sobre su oscuro pasado en las salas de tortura. El cabo policial supo acomodarse en esas estructuras policiales bajo la tutela de los resabios de la Dictadura, al menos, para pasar desapercibido. Tenía una vida normal de mateadas en las comisarías, picaditos de fútbol los días libres y changas de adicional en el Banco donde había logrado hacer amistad con sus empleados, y hasta compartió algunos asados. La noche anterior a la masacre, el “Pancho” Nievas recibió a un Salinas excitado por un plan que los sacaría de una vida de pobreza. El cabo parecía estar seguro de que todo saldría bien. Los empleados del Popular Financiero no podrían imaginar que el homicida descargara el tambor sobre ellos hasta asesinarlos a todos. O a casi todos. Solo sobrevivió el gerente Roberto Denner, quien buscó Justicia hasta el día de su muerte. A Salinas y Nievas los detuvieron casi en forma inmediata con un botín de unos 15 mil dólares y las manos manchadas de Sangre. Antes de asesinar a las víctimas, los habían encadenados y encapuchados. En la radio poco a poco fueron informando el nombre de las personas asesinadas. Los cuerpos de Rubén Bianco (37), Angel Angellini, (68); Alejandro Muzzio (26); Víctor Meynet (44); Ricardo Ferreyra (29) y Jorge Garay (44) fueron hallados en diferentes lugares de la entidad, mientras que Denner agonizaba con un disparo en la cabeza.
S.G. fue detenida en el bar “San Marcos”, sobre calle Sobremonte. Unos minutos antes de pedir el café, Gómez y sus subordinados habían ingresado a la vivienda d ela mujer y le amputaron en la cabeza al hermano de 15 años. Luego, obligaron a la hermana a que los llevara hasta el lugar donde se encontaba S.G. La redujeron ante la vista de todos y la trasladaron a la sede policial donde Nieto, Di Santo y Salinas cumplieron con las órdenes de torturar con golpes en el cuerpo a la jovencita que permanecía con una capucha en el rostro. La empujaban de un lugar al otro hasta que la obligaron a recostarse desnuda sobre una mesa de madera, donde amenazaron con violarla. S.G. fue derivada unos meses después a la Cárcel de San Martin y con la irrupción del Golpe la derivaron al penal de Devoto. En ese lugar estuvo detenida hasta 1980, donde deciden liberarla.
El 22 de agosto del 75, S.M.G. escuchó por primera vez sobre el “Comando Juan XXIII”. Nunca antes nadie le había hablado sobre ellos. Años después pudo identificar entre sus integrantes al Gato Gómez, Juan Carlos Nieto y Miguel Angel Salinas. La secuestraron en su casa de la calle Almirante Brown, en Río Cuarto, después de romper la puerta de ingreso. A su hermanito le apuntaban con un arma en la cabeza y a su hermana, la buscaban en cada bar de la ciudad. Cuando ingresó a la Unidad Regional le colocaron una capucha y la arrastraron hasta la celda donde la golpearon con puñetazos en el estómago y la cabeza. Alguien le gritó que la iban a violar y otras personas la tiraron de la silla donde la mantenían inmovilizada. En los pabellones reconoció por la voz a otras detenidas. Cuando le quitaron la capucha, Gómez la trasladó a la oficina de interrogatorios donde le entregó un papel que debió firmar bajo amenazas. Un policía le sacó una foto y luego, le permitieron una comunicación con la familia. Habían blanqueado su detención y ese podría ser el único reaseguro para que no acabara muerta. El Juzgado Federal la acusó de asociación lícita y la trasladaron en una camioneta tipo furgón a la Cárcel Número 1 de Córdoba. Cuando los militares tomaron el poder, el penal se convirtió en un infierno. La obligaron a bañarse desnuda frente a los represores que la manoseaban y golpeaban. En el 79 la trasladaron al penal de Devoto y un año después, fue liberada. Para la Justicia, ya había cumplido su condena.
Estaba embarazada de un mes cuando Gómez llegó con sus hombres a la vivienda en calle Suipacha. A P.C.G. le secuestraron algunos libros y luego, la obligaron a subir a una estanciera para trasladarla hacia la sede policial, donde la recluyeron en un calabazo. El ablande duró algunas semanas hasta que la joven de 19 años fue derivada a la Unidad Carcelaria del “Buen Pastor” en Río Cuarto. Dio a luz a su hijo en la Maternidad Kowalk y desde la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y el Área 311 ordenaron que sea derivada a la Cárcel de San Martín. Los militares decidieron también que su hijo fuera entregado a su padre y la abuela materna. El Juzgado Federal dictó su sobreseimiento tras “determinar” que no había elementos para suponer que integraba “el grupo político” investigado.
La joven había estado detenida junto a R.M., a quien secuestraron por su presunta vinculación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Ella estaba en su hogar en calle Antártida Argentina cuando la obligaron a trasladarse hasta la sede policial en pleno microcentro riocuartense. Nieto y Salinas la torturaron durante semanas bajo las órdenes de Gómez y posteriormente, la llevaron a Córdoba. En el penal 1 la aislaron en condiciones infrahumanas de detención. No podía comunicarse, ni recibir visitas. Permaneció hacinada, con prácticas degradantes hasta su liberación. En su declaración recordó que solo había un pequeño vidrio entre cada celda que “apenitas abría” y con el que podía comunicarse con Marta y Liliana. Las dos detenidas fueron asesinadas y desaparecidas.
Los tipos que detuvieron a J.C.G. no tenían uniforme. Era agosto de 1975 y los grupos de tareas funcionaban a su antojo. Entre Salinas y Nieto se turnaban para golpearlo y torturarlo. El hombre permanecía con los ojos vendados y las manos atadas durante horas. Le negaban comida y el agua, mientras le hacían preguntas sobre personas que no conocía y le exigían que reconociera una supuesta pertenencia a un grupo político. Entre puñetazos y patadas, lo sometían a las prácticas de “submarino” en las que perdía el aire y parecía que caería desmayado. Fue trasladado a la cárcel de encausados y el penal de San Martín, antes de la orden del destino final en Sierra Chica, donde recuperó la libertad en 1982. Desde Córdoba hacia la cárcel bonaerense fue trasladado en un avión donde los militares les advertían que serían lanzados al vacío desde el aire.
A diferencia de otros imputados que aparecían en pequeñas pantallas de virtualidad, Salinas se sentó junto a un puñado de represores en la sala del edificio federal. Habían pasado 39 años desde aquella fotografía en blanco y negro que actuaba como único recuerdo de la sociedad riocuartense, en la que Salinas aguardaba paciente la irremediable sentencia judicial Si en la masacre de los empleados del Banco actuó para otros mandatos o mesas de dinero, el cabo decidió callarlo. Tras ser condenado a perpetua, logró la excarcelación 20 años después “por buena conducta”. En libertad, optó por el oficio de electricista para sobrevivir y nadie más supo de él, hasta que enfrentó al tribunal que amablemente pidió por sus datos personales. Salinas respondió las preguntas de la jueza como si nada hubiera ocurrido antes y hasta ocultó su pasado en la Policía. Esta vez, tenía un pelo de cenizas, anteojos ochentosos y vestía un traje oscuro, con corbata gris. Aunque había algo de resignación y fastidio en su rostro de gestos inmutables, el paso del tiempo no pudo evitar que emergiera la negación cobarde de los asesinos.
Ciudad de contrastes
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