Antecedentes penales para municipales: “Roza la inconstitucionalidad, la política de Río Cuarto se derechizó”

“Roza la inconstitucionalidad, la Justicia ya impone un castigo por la comisión de un delito y no se puede prohibir trabajar, la política de Río Cuarto se derechizó”, afirmó el doctor Daniel Fernández, especialista en Derecho Penal, tras la decisión del Concejo Deliberante de aprobar la ordenanza que “actualiza el régimen de antecedentes penales para funcionarios políticos y trabajadores municipales”.
La iniciativa establece la presentación obligatoria del Certificado Nacional de Antecedentes Penales y del Certificado Provincial de Antecedentes Penales para quienes integran la administración municipal. Además, deberán acreditar que no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y renovar toda la documentación cada dos años durante el ejercicio de sus funciones.
Fernández sostuvo que “una persona que comete un delito tiene un castigo, que es la condena penal”
“La cárcel esta llena de un montón de personas inocentes y un montón de culpables afuera, lo que habla de los errores de la Justicia. La persona que comete un delito tiene que tener la posibilidad de resocializar, porque si se le cierran las puertas seguirán en el delito”, argumentó.
Y añadió: “Jurídicamente puede ser viable que se le exijan antecedentes penales para seguir en el empleo público, pero tiene que definir si no es discriminatoria”.
“¿Si yo tengo una condena de homicidio culposo por un accidente me inhabilita para seguir en el Estado? ¿Una condena por un delito menor me inhabilita?”, expresó.
Fernández dijo que “en el ámbito privado se prohíbe la exigencia de antecedentes penales para acceder a un empleo”.
“Yo creo que es inconstitucional lo que se aprobó en el Concejo. Se vulnera la justificación constitucional. Para acceder a un empleo público no se deben exigir certificados de antecedentes, sino que la persona sea idónea”, enfatizó.
El abogado especialista en derecho penal consideró que “ya hay sanciones que cometen delitos pero negarle trabajar es algo que no está previsto en la ley”.
“Toda persona tiene derecho a resocializarse, a rehacer su vida. Tienen la obligación de pagar la deuda con la sociedad y de ahí en más mejorar s vida”, insistió.
Y añadió: “La sociedad y los políticos, especialmente en Córdoba y Río Cuarto, están cada vez más derechizados. La vocación punitiva está cada vez más generalizada y esto no conduce a nada. Hay que ser más racionales”.
“Personalmente le he dado trabajo a mucha gente que ha salido de la cárcel y se ha resocializado más del 95 por ciento”, expresó.
Al ser consultado sobre si esta ley hubiera permitido detectar la conducta de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina en Córdoba, Fernández respondió: “De ninguna manera, porque para que aparezca en los antecedentes penales tiene que haber una condena firme, no una denuncia. Porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
“No se debaten ni se razonan todas estas cuestiones y se aprovecha una onda, pero para mí la política es otra cosa”, opinó.