“Hay poca comida, pero hay muchas balas…”

Por Pablo Callejón

En noviembre de 2018, cuando aún era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich aseguró que la Argentina “es un país libre y el que quiere estar armado que ande armado”. Aunque después intentó matizar aquellas declaraciones realizadas a la salida de un restaurante en Río Cuarto, la funcionaria pareció dejar una declaración de principios. Más de seis años después, el Gobierno de Javier Milei, también con Bullrich como ministra, promueve la “tenencia express de armas”. El plan se incorpora a otros capítulos de “desburocratización del Estado”, o de “transformación” y “desregulación”, cómo prefieren indicar las reglas del discurso libertario.

La modalidad express apuntaría a “poder agilizar trámites de tenencia de armas de fuego adquiridas en armerías habilitadas”. Según describe la normativa oficial, “permitiría acceder a un arma de fuego y poder utilizarla, siempre que se cuente con la Credencial de Legítimo Usuario”. El Estado que busca facilitar el acceso a las armas está al mando de los mismos gobernantes que exigieron a los jubilados hacer largas colas frente al Pami, bajo el rigor de temperaturas asfixiantes, para no perder la posibilidad de contar con los medicamentos de la presión o la diabetes. Es también, el mismo Estado, que obligó a las familias de personas con discapacidad a cumplir con engorrosos formularios para no perder una pensión con valores de indigencia. En el país de la libertad, podría resultar más rápido obtener un arma que un remedio para la gastritis.

La destrucción ordenada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba de casi 8 mil armas incautadas por investigaciones judiciales y procedimientos preventivos, reveló la magnitud de la problemática ligada con el consumo de estupefacientes, la inseguridad y la violencia urbana. Aunque fueron miles, representan un escaso porcentaje en el volumen que puede hallarse en la marginalidad. Las armas que recaen en el circuito ilegal y la proliferación de hechos violentos, por inseguridad o disputas barriales, son también parte del problema.
En los comunicados oficiales de la Unidad Departamental y la Municipalidad de Río Cuarto son frecuentes las referencias al uso de armamento por parte de quienes son detenidos in fraganti o en sospecha de cometer algún delito. En algunos hechos, se trata de réplicas de juguete que parecen recrear la efectividad de las escenas. Resultan útiles para que los asaltantes puedan amedrentar y generar pánico en sus víctimas. En otros episodios, el desenlace por el uso de armas puede terminar con la vida de los afectados. Los crímenes de Emiliano Veliz, en un Rapipago al sur de la ciudad, de Luis Díaz, en un quiosco frente al Piletón municipal, o de Alberto Cobos, en el barrio Lomitas de Oro, son algunos ejemplos dolorosos y recientes de lo que implica el accionar de delincuentes armados.
Las disputas entre barras, riñas juveniles o desencuentros en fiestas ilegales, han sumado numerosos capítulos de sangre en la historia reciente. La violencia urbana contabilizó hasta un homicidio por mes en la ciudad. En casi todos los casos, el exceso en el consumo de estupefacientes y el uso de armas letales fueron parte de la descripción policial.

Estadísticas oficiales revelaron en 2022 la existencia de más 1 millón 60 mil usuarios legítimos de armas de fuego, Sin embargo, 3 de cada 4 portadores, tenían su credencial vencida. La tenencia de armamento en poder civil es un debate que en la Argentina parece postergarse en virtud de la alta sensibilidad que provocan los hechos de inseguridad. El presunto uso para la defensa personal contrasta, sin embargo, con el impacto real de la proliferación de armas.
Para la adquisición de un revolver, “se requiere ser mayor de 21 años, aprobar un examen psicofísico, contar con un certificado de inexistencia de antecedentes penales y acreditar idoneidad en el manejo”. Una vez obtenida esta credencial, se puede avanzar en la tenencia. Sin embargo, los controles son cada vez más laxos. La comercialización trasciende a las armerías habilitadas hasta multiplicarse en grupos de Whatsapp o redes sociales, donde comprar una pistola puede exigir las mismas condiciones que adquirir un Iphone.

Existe una diferencia regulatoria entre la tenencia y la portación. El permiso para disponer de un arma cargada, en condiciones de uso inmediato en un lugar público, debe estar justificada por razones de seguridad o defensa. En este caso, tiene 12 meses de vigencia y no se renueva automáticamente. El dilema devuelve la discusión al punto de partida: los controles son inexistentes o vulnerables. Un informe del sitio Chequeado señaló que casi un 75 del total de personas con credencial para tenencia tiene su habilitación vencida.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales advirtió en 2019 que ya existían más de 3 millones de armas de fuego en manos de civiles en Argentina. Un 60 por ciento de esas pistolas, revólveres o escopetas, están en el circuito ilegal. En el país mueren entre siete y ocho personas diariamente por disparos de arma de fuego y uno de cada 4 femicidios son cometidos con estos dispositivos. Los expertos alertan que “en el hogar, hay más chances de que el arma pueda utilizarse en accidentes, delitos, suicidios o conflictos interpersonales, que para defensa personal”. El American Journal of Epidemiology resaltó, además, que quienes poseen un revólver en el hogar tienen un 90 por ciento más de posibilidades de ser víctimas de un homicidio que quienes no lo tienen. Incluso, poseer un arma de fuego incrementa 4,5 veces los riesgos de recibir un impacto de bala durante un robo.
A través del Centro de Estudios de Información Jurídica, alertaron que “las armas de fuego se constituyeron en un factor determinante en el aumento de los niveles de violencia y están fuertemente asociadas al crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica”.

“Hay poca comida, pero hay muchas balas…”, sostuvo Residente en aquella canción de Calle 13 donde las personas se desploman frente al registró fílmico, como si fueran impactadas por esas balas que “obedecen a su patrono solo una vez en la vida”. La secuencia de muerte y desazón que ocupa las portadas policiales se reduce a un espasmo fugaz de indignación. Solo queda lugar para la imagen sombría del revólver que actúa como material probatorio de la muerte consumada, pese a la frágil tentación de alivianar los trámites burocráticos. Mientras el Estado abandona sus espacios de territorialidad, los barrios se dirimen entre las balas que “van más rápido que el viento, defendiendo cualquier argumento”.