Huellas del horror

Por Pablo Callejón

Una vez que estaban dentro, no había salida. La presión física y psicológica era abrumadora para las víctimas que llegaban vulnerables y solas. En algunos casos, eran cooptados junto a sus hijos o hermanos. La fragilidad de sus vidas estaba cercada por las adicciones y el sometimiento laboral a tiempo completo, para satisfacer las exigencias económicas de “los españoles”. Pedro Gómez Martin había nacido en Salamanca y María Maite Varela Lorenzo, era oriunda de Vigo, en la zona de Galicia. Ambos eran representantes de REMAR Río Cuarto, la organización que prometía una salida comunitaria al consumo de drogas. El valor de las víctimas que pudieron contar lo que realmente padecían en los predios bajo el control de la organización, reveló el horror que sufrían a diario.
La causa se inició en 2014 por una denuncia en San Luis, aunque la sospecha apuntaba a un modus operandi que se repetía en las diferentes sedes. El juez Juan Esteban Maqueda ordenó 32 allanamientos en varias provincias y logró el rescate de 403 posibles víctimas de trata. Los expedientes se concentraron en Córdoba, y en un juicio abreviado, la camarista federal, Carolina Prado, condenó a Gómez Martín y Varela Lorenzo a tres años de prisión por la “explotación laboral de personas que ingresaban a la organización con fines de rehabilitación, quedándose con sus ingresos y haciéndoles trabajar durante el día en excesos de carga horaria”. La acusación incluyó el sometimiento de “menores de edad para realizar tareas diversas, además de utilizar metodología de castigo corporal y mental”.
El reconocimiento de los imputados sobre los delitos por los que fueron acusados no pudo ocultar el drama de quienes fueron alojados en la quinta de Remar en Las Higueras. En el lugar hallaron a una niña de 13 años que había acompañado a su hermana de 20 en su lucha contra las adicciones. La menor vivía junto a otros doce niños y adolescentes.
“Los españoles” utilizaban como metodología el castigo corporal y mental, “a través de rezos religiosos y lectura de la Biblia”. Sujetaban a las víctimas contra su voluntad “aprovechándose de la extrema situación de vulnerabilidad que soportaban”. Los allanamientos en Río Cuarto se desplegaron en varias direcciones. REMAR tenía sus oficinas centrales en el Boulevard Roca, aunque la Justicia determinó que había niños alojados en una vivienda de calle Alsina. Además, contaban con dos quintas. Uno de los predios, destinado a “la rehabilitación de mujeres”, se encontraba sobre ruta nacional 36, kilómetro 600 de Las Higueras. La otra quinta, a la que derivaban a los hombres, estaba sobre el kilómetro 279 de la ruta nacional 158. Los investigadores hallaron una carpintería en la que se elaboraban los muebles que eran comercializados en Boulevard Roca al 800 y diferentes locales de venta de ropa y objetos usados provenientes de donaciones. Para garantizar el sistema de explotación laboral, los acusados “imponían, bajo amenazas y coerciones de distinto tipo, la realización de trabajos o servicios forzados”, que les garantizaba un constante ingreso flujo de dinero. Los responsables de REMAR no solo incautaban los fondos que obtenían las víctimas por sus tareas, sino que secuestraban los montos que percibían por asignaciones estatales o las remesas que les enviaban sus familias.
Para la Justicia, “la libertad ambulatoria de los internos se hallaba seriamente comprometida y para salir de la institución, siempre debían hacerlo bajo la vigilancia de otros internos que funcionan como “encargados en las distintas sedes del REMAR”. Las víctimas tampoco tenían permitido “establecer comunicaciones fluidas y libres con sus allegados o familiares”. Cada llamado debía realizarse “bajo la autorización y supervisión de los encargados o sus ayudantes”.
La fiscalía General pudo precisar que “las víctimas fueron engañadas por sus necesidades y adicciones”, y advirtió que “algunas habían sido derivadas por organismos del Estado”. Un informe probatorio fundamental fue aportado por la subsecretaria de Asistencia y Trata de Personas, donde se detalló “una grave situación de vulnerabilidad y abusos dentro del centro REMAR”. Los sobrevivientes hablaron de acciones de “disciplinamiento y coerción psicológica”, basada en mensajes religiosos utilizados “para controlar y desalentar la inserción en el sistema escolar o la vinculación con personas”. Una de las claves de la explotación fue mantener a las víctimas “alejadas de sus redes de apoyo y contención familiar y comunitaria, con ausencia de equipos médicos”.
La SENAF precisó que REMAR tenía alojados en calle Alsina a 12 menores, cuyas edades oscilaba entre 1 y 17 años”. Además, en el Centro de Rehabilitación en la Ruta Nacional158 encontraron a “tres internos menores de edad, uno de ellos de 14 años y los restantes de 17 años” También en la quinta sobre Ruta Nacional constataron que “algunas mujeres vivían con sus hijos pequeños a su cargo y había una menor de 13 años oriunda de Entre Ríos”. Cuando el equipo de SENAF entrevistó a la niña entrerriana confirmó que se hallaba en el lugar desde hacía casi dos años y que “estaba acompañando a su hermana”, quien sufría una adicción a las drogas. Ambas habían sido destinadas “durante un tiempo” a San Luis, “como forma de disciplinamiento por haber salido a dar un paseo por Río Cuarto, en compañía del hijo de los pastores y un amigo suyo”. Gómez Martín y Varela Lorenzo le prohibieron a la niña concurrir a la escuela secundaria porque “podría empezar a gustarle algún chico… y eso la desviaría del proyecto”.
Una de las mujeres víctimas recordó que al llegar a Remar la llevaron a una mueblería y le quitaron su tarjeta el DNI. Además, le exigieron que indicara la fecha de cobro del beneficio social que percibía. La sobreviviente relató que les hacían “cortar leña para bañarse” y que se alimentaban “a base de donaciones”. “Esas donaciones eran también eran para vender, todo lo que ingresaba a la institución era para vender. Nos obligaban a trabajar y nunca nos pagaban”, admitió. Otra de las testigos advirtió que dormían “de a 4 o de a 5 en el mismo lugar” y que a los niños y adultos los obligaban a bañarse con “duchas de agua fría cuando se portaban mal”
“El tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia definitiva, la predisposición de los imputados ante las convocatorias judiciales y la falta de antecedentes computables”, favoreció finalmente a los imputados para obtener la pena acordada en el juicio abreviado. Ambos fueron condenados por “trata de personas mayores y menores de edad con fines de explotación laboral, mediante amenazas, coerciones, abuso de autoridad, abuso de situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas”. Fue el desenlace de una oscura historia de sometimientos que reveló, además, la frágil estructura de contención para las personas adictas, inmersas en contextos de vulnerabilidad económica y social.

Foto: Registro oficial de la Justicia durante los allanamientos