Al fin de cuentas

Por Pablo Callejón

“Ya no solo expulsan investigadores y científicos como hicieron en los 90, ahora están obligando a los docentes a dejar las aulas”. La frase retumbó en un pasillo del campus como una severa interpelación a todo el sistema universitario. El sindicato ya lo había alertado: hay profesores que están optando por la actividad privada porque “no les alcanza para vivir”. El desaliento se profundiza ante la insensibilidad de las respuestas oficiales.

Los trabajadores obtuvieron incrementos del 70 por ciento en sus haberes con una inflación del 120 por ciento desde diciembre. Y aunque el desplome salarial empujó a la mitad de los afectados a la pobreza, el Gobierno les ofreció un 3 por ciento de aumentos para agosto y un 2 por ciento para septiembre. La propuesta pareció sentenciar una mirada despectiva sobre la viabilidad de la educación pública. Es la peor caída de ingresos desde el 2002, incluso superior a la hiperinflación de 1989. Un cargo de ayudante de primera simple no supera los 150 mil pesos y hay profesores a cargo de materias que no cubren una canasta básica de alimentos. El ex secretario del Gremio Docente, Guillermo Ashworth, advirtió que “una de las formas de hacer desaparecer las universidades es desfinanciarlas”, un paso previo a reactivar el principio mercantilista de la educación superior que alientan las bases del pensamiento libertario.
Las multitudinarias marchas del 23 de abril se convirtieron, con el paso del tiempo, en un complejo desafío. No se trata solo de sostener la visibilidad del conflicto, sino de atravesar los límites del campus. Una amplia mayoría de argentinos han sufrido pérdidas abruptas en sus ingresos y son parte de una oferta laboral con crecimiento del desempleo o empleo en negro. Los asalariados pueden ser pobres aunque tengan años de antigüedad y un puesto formal, con aguinaldo y vacaciones. En la balanza que mide los equilibrios entre los ingresos de los dueños del capital y la fuerza laboral, la participación de los trabajadores se redujo al 44 por ciento, el punto histórico más bajo. ¿Por qué debería la sociedad sensibilizarse particularmente con la realidad de sus docentes si todos, en mayor o menor medida, pasamos por lo mismo? El interrogante exige ir más allá de los efectos particulares y la dolorosa descripción de los recibos de sueldo. Resulta necesario lanzar una advertencia sobre las consecuencias que esto genera en la educación pública. ¿Cómo sería Río Cuarto si no tuviera una Universidad? ¿Qué cambió en la ciudad en estos últimos 50 años? Una nueva dimensión del debate nos permitiría revelar que no habría Bio 4 ni Ascentio Technologies sin egresados de nuestra casa de estudios. A las clínicas y hospitales les resultaría muy complejo convencer a enfermeras que lleguen a trabajar desde otros lugares y los Tribunales de Río Cuarto no necesitarían de una estructura tan amplia frente al escaso número de abogados. Las Agtech no serían fuente de consulta y solución de problemas productivos para el campo y nos faltarían los veterinarios que son orgullo nacional por su alto nivel de formación. Sin la Universidad, no habría hijos contadores, ni ingenieros. Las compañías que esperan ansiosas a sus nuevos profesionales para innovar o mejorar sus productos deberían buscar en otras regiones. Quizás, ni siquiera tendría sentido que estuvieran radicadas aquí. Nos quedaríamos sin químicos, matemáticos, bioquímicos, analistas de sistemas, administradores de empresas, educadores, geólogos, filósofos o trabajadores sociales. No sería necesario que miles de jóvenes subieran a un colectivo, alquilaran departamentos o fueran a comprar todas las tardes en el almacén del barrio. No llegarían desde la región, ni decidirían radicarse en la ciudad. Seríamos muchos menos habitantes.
No hay Universidad de calidad sin salarios dignos, aunque el análisis no solo incluye la pérdida que sufren los trabajadores universitarios sino el enorme costo social que provocan las políticas de desfinanciamiento. El reclamo trasciende los tiempos políticos, aunque se acentúa en contextos de ajuste brutal. La Universidad se plantó frente a la embestida de Ricardo Lopez Murphy en la agonía de la Alianza, sus profesores salieron a limpiar vidrios de los autos en el 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández, se movilizaron por las calles contra los mandatos del FMI en la presidencia de Mauricio Macri y realizaron paro frente al modelo deterioro salarial de Alberto Fernández. No siempre lograron la misma intensidad, ni alcanzaron suficientes espacios de unidad. Sin embargo, la marcha de abril reveló que la educación pública valida los argumentos que confrontan la destrucción del Estado. En esa movilización estuvieron los que votaron a unos y otros, convencidos en que la Universidad es el límite. Reconvertir la discusión salarial en un debate sobre la viabilidad del sistema surge como una búsqueda prioritaria. El reclamo también apunta sobre los funcionarios y representantes parlamentarios que se muestran distraídos, y hasta conniventes, con las embestidas contra las universidades. No puede haber educación de calidad con los docentes fuera de las aulas o imaginando un mejor lugar a donde ir. El dilema que debería ingresar en los hogares de los miles de estudiantes en el campus: ¿Cuántos de ellos podrían seguir una carrera universitaria sin la educación pública? Al fin de cuentas, de eso se trata.