La prueba piloto en Jujuy

Por Pablo Callejón Periodista

La imagen de la irrupción de efectivos policiales en la Universidad Nacional de Jujuy, cuando se encontraba en sesiones el Consejo Superior, logró el primer acto de subordinación de la militancia propia. Al menos, a través de un comunicado de la Juventud Radical jujeña en la que advirtieron sobre la violación a la autonomía universitaria y reivindicaron la reforma de 1918. Varias horas después, Gerardo Morales buscó distanciarse del violento desembarco de la fuerza de seguridad que conduce como gobernador de la Provincia y habló de un “un hecho inadmisible y condenable” de “abuso de poder”. El episodio, que fue reprobado por todas las universidades del país, se produjo luego de que Morales amenazara con expropiar la sede de la UBA en Tilcara. El mandatario aseguró que los trabajadores “incentivaron el corte y pusieron camionetas para llevar”. “Vamos a terminar de imponer el orden”, lanzó el mandamás al canal 7, el de mayor audiencia en la provincia. La escalada discursiva tuvo un impacto directo sobre las medidas represivas a la protesta social que mantiene en vilo a la provincia norteña desde hace meses.
A pesar de concretar un despliegue abrumador de efectivos en todas las áreas donde se desarrollaron las manifestaciones y de contar con una mayoría automática en el Poder Judicial jujeño, Morales solo reveló en su cuenta de Twitter tres elementos probatorios sobre la presunta injerencia de instigadores foráneos en las protestas de docentes y pueblos originarios. La primera, fue la foto de militantes de la agrupación 13 de abril de Vicente López. El Gobernador tuvo que borrar la publicación al advertir que la imagen había sido registrada en otro lugar y en otro momento. El segundo aporte probatorio fue una serie de Whatsapp sobre un presunto diálogo “motivador” de las protestas entre personas que nunca fueron identificadas. La tercera revelación mostró a un agente de Gendarmería sacando una foto a manifestantes que posaban sobre la ruta. Nada más.
Las multitudinarias marchas docentes fueron la primera revelación del malestar emergente a pesar de un triunfo arrasador del oficialismo aliado a un Justicialismo provincial cómplice. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, los maestros jujeños perciben el salario inicial más bajo del país. El básico es de $87.074 y alcanza los 107 mil pesos con la aplicación de un bono. Los magros salarios se referencian en la delicada situación que también padecen docentes de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa. Ante el creciente enojo social, Morales se desligó de su promesa de campaña para activar una reforma constitucional sustentada en un consenso mayoritario y avanzó con una metodología express, avalado por el respaldo del peronismo aliado. En un intento por aliviar la tensión por el proyecto que reformulaba derechos de las comunidades indígenas, impulsaba la prohibición de los cortes de calles y modificaba el manejo de recursos naturales y tierras fiscales, Morales dio de baja dos artículos, el 50 y el 36, que volvieron a su redacción original de 1986. El manejo discrecional del texto fue una ostentación de poder que no logró evitar una jornada de violencia y represión.
El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que el gobierno de Jujuy “pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro” y sostuvo que “la fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social”, tras la detención masiva de manifestantes por los graves incidentes frente a la Legislatura jujeña. Desde el CELS describieron operativos en domicilios y detenciones en las que los familiares de los apresados “nada sabían sobre las condiciones de aprehensión, ni sobre los lugares de alojamiento carcelario o policial”.
El boom por el Litio, un mineral buscado especialmente para las baterías por su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía, apuntó las miradas sobre Jujuy, que posee una de las mayores reservas en el mundo. Los representantes de pueblos originarios que se levantaron contra la reforma constitucional creen que el gobierno de Morales buscó decidir sobre el uso de la tierra de las comunidades para garantizar la explotación minera. El artículo 50 de la Constitución reformada impulsaba “el poder de sacar a las comunidades de sus tierras asignándoles otras” y el 67, reforzó los fundamentos para reprimir protestas en cortes de ruta. Los cambios parecían garantizar un negocio que podría cambiar definitivamente la estructura económica y productiva de la provincia, con una política extractivista impulsada por inversiones extranjeras asociadas a una empresa estatal jujeña. Un modelo que aún no parece contemplar el impulso de la generación nacional de baterías y otros productos industrializados con mano de obra argentina.
El presidente de la Unión Cívica Radical y pre candidato a vicepresidente en alianza con Horacio Rodríguez Larreta, había logrado romper con una histórica hegemonía del peronismo en Jujuy y desde un principio, se obsesionó por desmantelar la organización Tupac Amaru, que lidera la dirigente Milagro Sala. “Gerardo logró meterla presa”, afirmaron desde Juntos por el Cambio. La definición tiene la contundencia de los hechos. En Jujuy, no es la Justicia la que determinó la presunta responsabilidad delictual de Sala ni su eterna prisión preventiva. Fue Morales y el poder que consolidó a partir de la reforma del 2015, que elevó de cinco a nueve los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, lo que le garantizó un dominio sobre un organismo clave. El peronismo se silenció ante la designación de 25 familiares de Morales en diferentes ámbitos del Estado provincial y fue acompañando la extensión de un poder hegemónico que tuvo, en algún momento, a Sergio Massa, candidato presidencial de Unidos por la Patria, como un aliado preferencial del gobernador radical. Un armado de mano dura y criminalización de la protesta social que parece actuar como prueba piloto para un nuevo escenario nacional a partir del 10 de diciembre.