El costo de vivir con miedo

Por Pablo Callejón

La inseguridad, desde hace mucho tiempo, aparece cómo la principal preocupación de los riocuartenses y cordobeses. No solo lo señalan las encuestas. En los consejos barriales, los vecinos hablan de los hechos sufridos o los que relataron otras víctimas. Lo que más piden, es la proliferación de cámaras y alarmas comunitarias. La problemática supera la preocupación que pueden generar otras falencias como la inflación, la falta de trabajo, el acceso a la vivienda o la asistencia social. En el municipio admiten que los reclamos no se reducen a un sector o barrio. Sin estadísticas fiables que describan los tipos de delitos, ni las causas que los provocan, las políticas oficiales apuntan a medidas con mayor impacto público. En Río Cuarto hay 104 cámaras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y el objetivo del Palacio de Mójica es alcanzar un despliegue de 418 domos que vigilen sistemáticamente, las 24 horas, las calles del centro y la periferia. El secretario de servicios Públicos Marcelo Bressan aseguró que la ciudad alcanzará “gradualmente” los parámetros internacionales que promueven el uso de cuatro cámaras cada mil habitantes. Determinar los movimientos urbanos al aguardo de poder advertir un arrebato, un robo, alguna corrida, una amenaza de arma de fuego, el acercamiento de dos motochorros o cualquier acción sospechosa, exige que haya un agente municipal observando en forma simultánea 15 cámaras, durante un periodo de 6 horas. En la sala dispuesta en el Ente de Prevención Urbana, la coordinación está a cargo de efectivos policiales que deben notificar a los móviles cuando constatan el alerta que surge de las cámaras. La incorporación de más domos exigirá ampliar el escenario del Gran Hermano urbano que las sociedades modernas aceptan cómo parte del costo que deben asumir para “sentirse más seguros”.
El millonario negocio del miedo promueve altísimos costos para enfrentar la inseguridad. Los riocuartenses deberán pagar más de 400 mil dólares, unos 55 millones de pesos a cotización del 19 de mayo, para adquirir 30 cámaras. El precio de casi 2 millones de pesos por cada domo fue cuestionado por la oposición que advirtió sobre un valor que “duplica a los del mercado”. En el municipio defendieron la compra al señalar que se trata de equipos “con la mayor tecnología, un alcance de 400 metros y un zoom óptico de 360 grados”. En realidad, los municipios que forman “parte del mismo equipo”, decidieron acatar la subasta electrónica que realizó el Gobierno provincial y que derivó en la adquisición de un equipamiento de origen alemán. Bajo la presunción de un mejor reordenamiento del tránsito, el observatorio oficial incorporará un área vial para labrar multas de tránsito a quienes pasen en contramano, crucen un semáforo en rojo o incumplían alguna otra norma vial. La decisión serviría para financiar un sistema cada vez más complejo y costoso. El ex Edecom dispondrá de otro equipo de agentes para evaluar las infracciones a través de algunas de las cámaras ubicadas en “puntos estratégicos”. La captura de pantalla será analizada por un fiscal contravencional que dispondrá la sanción a aplicar. Aunque la sensación de inseguridad no cede, desde el Gobierno afirman que las cámaras no solo son efectivas para probar un delito, sino para prevenirlo. “El delincuente no está pendiente los registros fílmicos, obviamente, pero se hacen más de 400 intervenciones en promedio por lo que pueden observar los agentes”, aseguró Bressán. La posición oficial tiene, al menos, dos factores que debilitan la argumentación. No hay datos objetivos que muestren una merma de los delitos, o al menos, de algunos de ellos, desde que empezamos a ser observados las 24 horas del día. Tampoco se ha modificado la percepción de los vecinos y vecinas que piden ampliar el sistema aunque eso no les permita recuperar la sensación de mayor seguridad. Al registro de las miradas oficiales se suman las miles de cámaras que están ubicadas en viviendas o comercios en todas las zonas urbanas. Un esquema de observación público y privado que se expande junto al temor individual y colectivo que muestran los sondeos.
En 2021, se denunciaron 77.669 delitos contra la propiedad en toda la provincia de Córdoba, un promedio de casi 10 robos por día, según señaló el portal del Observatorio del Delito. La cifra solo revela la dimensión de los hechos formalizados en las comisarías. Aunque los episodios más graves de violencia ocurren en los barrios más postergados, la inseguridad con mayor visibilidad es la que impacta en los sectores medios y altos. Las víctimas de los sectores vulnerables rara vez ocupan la portada de los medios. Cualquiera puede padecer un robo pero no todos tendrán el mismo espacio para contarlo. A la par de las exigencias por más sistemas que observen, vigilen y persigan, se suman los pedidos por los recorridos permanentes de móviles. La respuesta del Ministerio de Seguridad fue el impulso de mega operativos cinematográficos en diferentes zonas. Córdoba tiene 22.000 agentes policiales, uno cada 625 habitantes. En la última década se incorporaron más de 10 mil efectivos sospechados sobre los niveles de capacitación y formación constante que reciben en la fuerza. Los crímenes por gatillo fácil de Blas Correas, José Ávila, Joaquín Paredes y la muerte durante una detención de Jonatan Romo, expusieron a la fuerza bajo el mando político del ministro de Seguridad Alfonso Mosquera. El gobernador Juan Schiaretti decidió sostener al funcionario riocuartense a pesar del abrupto malestar con las políticas que se impulsan desde la cartera. Mosquera solo aparece públicamente a través de posteos en las redes sociales del ministerio, mientras se multiplican los pedidos para un cambio en la conducción que Schiaretti resolvió desoír. El presidente Alberto Fernández afirmó que “la desigualdad es una de las causas del delito”. Y la Argentina es cada vez más desigual. La distancia entre quienes más ganan y los sectores más empobrecidos se profundizó en los últimos años a la par de un deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos. Ni siquiera un trabajo formal es garantía de no caer en la pobreza. La complejidad del sistema represivo y punitivo revela unidades penitenciarias repletas de personas humildes y marginales. La trampa social que no logran mostrar los movimientos de las cámaras en las calles.