Bressan dijo que el municipio no participó en la subasta de las cámaras y defendió su compra: “la oposición solo hace política con esto”

“Sumamos cámaras porque la principal preocupación de los vecinos es la inseguridad, la oposición solo hace política”, afirmó el secretario de Servicios Públicos Marcelo Bressan, tras los fuertes cuestionamientos de la oposición por el costo de las cámaras y el modo en que fueron adquiridas.
El funcionario afirmó que “el intendente (Juan Manuel) Llamosas había planteado en la campaña en el 2016 que Río Cuarto iba a actuar en materia de seguridad y se iban a incorporar cámaras para cooperar con la Policía y la Provincia”.
“Es la primera ciudad con un centro de monitoreo propio, que actualmente cuenta con 104 cámaras. La inseguridad está en la agenda de los vecinos. Ayer tuvimos una reunión con vecinos del sector sur y oeste de la ciudad y la totalidad de ellos reclamaban por cámaras y alarmas comunitarias”, aseveró.
Bressan sostuvo que “el gobernador dispuso que Córdoba llegue a los estándares de video vigilancia internacional, con dos cámaras cada mil habitantes y en Río Cuarto se van a sumar más de 300 equipos para llegar a 418 en forma gradual”
Ante las críticas por el modo en el que se comprarán los módulos y el costo, que supera los 400 mil dólares, el funcionario lanzó: “El gobierno municipal aportará dinero para la adquisición de las 30 cámaras, como lo aprobó el Concejo Deliberante. El Gobierno local no participa de la licitación ni de la subasta electrónica, esto lo hace la Provincia. Son cámaras con un alcance de 400 metros y giro de 360 grados, es lo mejor que viene para esto. La oposición venía diciendo que era necesario que se incorporen más domos, que había muy pocos y hasta se mofaban de la situación. Si quieren hacer políticas con estos temas, no vamos a entrar en eso”
“No sabemos contra que están contrastando desde la oposición. Aquí se ha fijado la tecnología necesaria y se siguieron los procedimientos que indica la ley con la subasta  electrónica. Seguramente hay un montón de cámaras y particularidades, pero estamos hablando de las de mayor tecnología”, argumentó Bressan.
El titular de servicios públicos sostuvo que “los especialistas vienen explicando que las cámaras no solo sirven para la prevención, sino para probar delitos”.
“Las 24 horas personal municipal controla las cámaras, con la coordinación de personal policial. Son 400 intervenciones promedio.  Además, los jueces pueden utilizar las cámaras como medio de prueba en un juicio. Cada agente municipal evalúa 15 cámaras durante 6 horas. Cuando observan un delito da aviso al personal policial en el lugar, quien debe evaluar la situación y notificar al móvil”, describió.
También hizo referencia al uso que se hará de las cámaras para labrar actas viales: “Cuando se trate de infracciones de tránsito o ambientales, será otro personal que va a monitorear algunas cámaras. Lo hará durante determinado tiempo y tomará nota de las infracciones. Luego, un inspector constatará la infracción y la fiscalía contravencional  aplicará las sanciones. No hay un fin recaudatorio sino ordenatorio ante los incumplimientos de tránsito y ambientales”

La aprobación

Con el voto del oficialismo, se aprobó en el Concejo Deliberante la compra de las cámaras de seguridad, con una inversión total de 55 millones de pesos.
El municipio de Río Cuarto “financiará 30 cámaras domos de videovigilancia de seguridad ciudadana para ser instalados en la ciudad y en las ubicaciones que determine el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba”.
Los domos “equipados con zoom óptico de 360 grados, se sumarán a los 104 que se encuentran operativos actualmente en la Central de Monitoreo”.
El costo total es de $55.080.000 pesos, equivalente a u$s405.000 dólares (con una cotización de cambio de dicha moneda extranjera para el tipo vendedor del Banco de la Provincia de Córdoba del día 19/07/2022 de $136,00).
Según se informó, el pago se realizará mediante “el Régimen de Coparticipación de Impuestos (Ley N° 8663) que le corresponde al Municipio: anticipo financiero de u$s141.750 y 6 cuotas del monto restante en el transcurso de 300 días”.
El protocolo entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad apunta a “desarrollar acciones conjuntas de cooperación y colaboración recíproca, en materia de prevención y control de contravenciones, en el ámbito de las competencias propias de la jurisdicción municipal”.
Las cámaras no solo se usarán para seguridad, sino que buscarán “disminuir la tasa de siniestralidad vial e infracciones a las normas de convivencia”.
Además, se utilizarán para “compartir información, conocimientos y experiencias en materia de educación vial y análisis de conductas de riesgo generadoras de siniestros viales”
La Central de Monitoreo cederá las imágenes registradas y grabadas a la autoridad competente que determine el Municipio “para que se realice la inspección de éstas a fin de obtener evidencia para el labrado de actas de constatación de infracciones de tránsito y/o ambientales”.