La vaca atada

Por Pablo Callejón

Transparence and Sustainable Development S.R.L., traducido al español como “Transparencia y Desarrollo Sostenible”, figura en los acuerdos oficiales como TraSus Argentina, la empresa que fundó y dirige el ex ministro de Finanzas de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, el contador Angel Mario Elletore. Durante casi una década, el ahora empresario estuvo a cargo del manejo de la economía provincial y pudo acceder a datos claves sobre el funcionamiento de las administraciones del Estado. Y la información no es solo poder, también puede ser un gran negocio. La compañía de Elletore propone “la construcción, implementación y evaluación de políticas públicas, elaboración de diagnósticos, gestión de riesgos, análisis de clima laboral y satisfacción ciudadana”. En su web oficial asegura contar “con un sistema que permite la informatización y digitalización de la gestión administrativa, económica y financiera de organizaciones públicas y privadas”. La ambiciosa carta de presentación es la síntesis de un negocio sin fisuras. El paso de Elletore por el Estado le habría facilitado el acceso a las herramientas y mecanismos de funcionamiento administrativo, además de proporcionar los vínculos para que los municipios le cedan en forma directa montos millonarios por sus servicios. En la jerga política admiten que el “Angel de las Finanzas” tiene la vaca atada.

Con el argumento de ser la mejor (y única) opción para la eficiente gestión digital administrativa, el municipio avanzó en un vínculo contractual inmerso en una vorágine de críticas y sospechas. Desde el Cluster Tecnológico advirtieron que la elección directa de TraSus excluyó al “aporte capacitado” de riocuartenses. El crítico documento de las empresas de software locales llevó al debate público un convenio que se diluía en un sencillo trámite parlamentario. El gremio de municipales apuntó a un vaciamiento de las áreas informáticas del Estado local y la oposición lanzó todos sus dardos. Carlos Ordóñez calificó el acuerdo como “un contrato espurio”, Pablo Carrizo dijo que se trata de “dinero para las campañas”, Gonzalo Parodi consideró que “se beneficia a un amigo del poder” y Pablo Benítez advirtió que todo fue “poco transparente”. El Gobierno de Río Cuarto prefirió asumir el mal trago y que “pase rápido”. Sin embargo, las consecuencias trascienden la aprobación por mayoría en el Concejo Deliberante. Lo que debió ser un anuncio estridente de “modernización y transparencia”, quedó condicionado por el millonario beneficio para un ex ministro devenido en exitoso empresario.

El vínculo entre el municipio de Río Cuarto y la firma de Elletore tiene como antecedente el aporte del sistema informático para la “Subasta Electrónica Inversa” en 2020. Se trató de una herramienta para la compra de bienes y servicios, con un precio base que fija el Gobierno y que buscaba generar una “mayor optimización y ahorro de recursos”. Los nuevos contratos amplían el vínculo con montos millonarios. El voto de los ediles de Hacemos por Córdoba permitió la aprobación del acuerdo con AME S.A.S. para “el acompañamiento y capacitación en todo el proceso para la certificación de normas internacionales ISO 9001, la generación de reportes de sustentabilidad bianuales y la presentación del pedido de adhesión de la Municipalidad de Río Cuarto al Pacto Global de Naciones Unidas”, una propuesta en la que la empresa de Mario Elletore asegura estar especializada. Por este primer convenio, los riocuartenses deberán aportar $850 mil pesos más IVA durante al menos dos años, con una actualización trimestral. El segundo contrato implica la adquisición de un software de administración y gestión municipal de TraSus para el trabajo con proveedores, recursos humanos, faltas y la realización de documentos y expedientes electrónicos. Aquí los montos se elevan a 3 millones 600 mil pesos más IVA, actualizables cada tres meses.
Las contrataciones directas de la firma que dirige Elletore ya habían generado fuertes reproches en otros municipios. En Villa María, en julio de 2020, el Tribunal de Cuentas pidió rendiciones por el jugoso acuerdo. Pese a las críticas sobre la legalidad de los actos, el proceso continuó con el aval político del oficialismo.

En Juntos por el Cambio aseguraron que el Gobierno de Río Cuarto modificó una ordenanza del año 1994 para allanar el arribo de TraSus. El concejal Ordóñez destacó que se produjeron cambios en el inciso D del artículo 14, de la ordenanza 853, que estaba destinada a “adquirir o ejecutar obras de arte…” Según indicó, el pasado 28 de abril se modificó la normativa y se añadió la contratación directa de “bienes o servicios profesionales, técnicos, científicos, artísticos, culturales, históricos y obras de arte, que por su naturaleza requieran que su ejecución deba confiarse a personas humanas o jurídicas, cuando su competencia, especialidad, experiencia e idoneidad sean características determinantes para el cumplimiento de la prestación…” Para el edil radical, “no hay dudas de que todo fue premeditado”. El secretario de Economía, Pablo Antonetti, salió al cruce de los planteos de Ordóñez y en diálogo con Así son las cosas en la radio, aseguró que el acuerdo fue “en base a una ordenanza del año 1985 sobre contrataciones directas”. El funcionario expresó que los planteos “son una falacia total de la oposición que no analiza los textos que se someten a debate y busca confundir a la población”

Desde el Cluster Tecnológico, una organización empresarial que parecía haber tomado impulso durante el mandato de Juan Manuel Llamosas, señalaron tras la contratación de la empresa de Elletore, que “acciones como estas socavan un vínculo que llevó años de construcción y fortalecimiento”. “¿cuál es la urgencia de la contratación que justifica el accionar? ¿Qué otros sistemas se evaluaron? ¿Cuáles eran los costos? ¿Por qué se rechazaron?”, se preguntaron en un extenso documento.
Mientras en el Palacio de Mójica a algunos les costó disimular su malestar por el avance con un acuerdo con alto costo político, la decisión final fue encolumnarse detrás de un discurso único. El secretario Antonetti consideró que “cuando la situación lo amerita o la característica de la empresa y el servicio lo requiere, se utiliza la contratación directa”. Y recordó que “la oposición también lo hizo con el Banco Ciudad durante la gestión anterior”.
TraSur no solo tiene un aceitado vínculo con numerosos municipios cordobeses, algunos gobernados por intendentes de otras fuerzas políticas, sino que promociona en su cartera de clientes a compañías y organismos ligados al Estado provincial como Bancor, EPEC o la misma Justicia de Córdoba. El dato que surge de la propia web de la empresa revela la dimensión de una firma creada por quien fue el mandamás de las finanzas cordobesas y evidencia los nexos contractuales con ámbitos que antes dependieron de su poder de decisión. Las condiciones ideales para un negocio sin fisuras donde solo parece haber una puerta por golpear.