“Las movilizaciones multitudinarias en defensa del agua están marcando en forma contundente la nueva agenda pública”

FUNAM y el premio Nobel Alternativo, Raùl Montenegro, denunciaron que “la insensata modificación de la ley 7722 impulsada por el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez dañó la imagen internacional de los productos mendocinos, en especial vinos y otros productos agrícolas y turismo”
También hicieron referencia al rol del gobierno nacional.

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Córdoba, Argentina, 29 de diciembre de 2019. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, y el Dr. Raúl Montenegro, premio Nóbel Alternativo –que recibió en el Parlamento Sueco en 2004- denunciaron que “la insensata modificación de la ley 7722 impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez dañó la imagen internacional de los productos mendocinos, en especial vinos, otros productos agrícolas y turismo”.
Mendoza “no solo debe afrontar la sequía que sufre desde el año 2010 sino
también la torpeza de funcionarios y legisladores que impulsaron una de las actividades extractivas más peligrosas para la provincia, pues consume gigantescos volúmenes de agua ya de por sí escasa, contamina el ambiente
con cianuro, y genera tanto en minas activas como en minas ya explotadas,
ello durante siglos, drenajes ácidos mineros, DAM, cargados con metales
pesados”.
Rodolfo Suárez “debería pagar con su propio patrimonio el daño que le
hizo a la economía regional mendocina. Su torpeza hizo que diarios como
‘The Guardian’ en Reino Unido y ‘El País’ en España analizaran el posible
inicio de megaminería metalífera en Mendoza. Aunque este lunes 30 se
restablezca la 7722 gracias a la histórica movilización popular, el daño
provocado a la economía regional no debería quedar impune”, sostuvo
Montenegro.
Agregó que lo sucedido estas semanas “dejó al descubierto una clara
alianza entre representantes de la mega minería local y extranjera, el
Secretario de Minería de la Nación Alberto Hensel, el propio Rodolfo
Suárez, el gobernador de San Juan Sergio Uñac y el gobernador de Chubut
Mariano Arcioni para acelerar la derogación de leyes que impiden la
megaminería metálica y prohíben el uso de insumos tóxicos. En el caso de
Alberto Hensel y Sergio Uñac siempre defendieron a rajatabla la
megaminería en la provincia de San Juan, minimizando
desvergonzadamente los derrames de agua cianurada desde Veladero, la
mina propiedad de Barrick Gold. Esta alianza nación-provincias sigue
ocultando que la megaminería, por definición, es contaminante, no
sustentable y letal para los recursos hídricos de provincias semiáridas
como Mendoza”.
“Alberto Hensel, Rodolfo Suárez, Sergio Uñac y Mariano Arcioni han
mostrado falsos cálculos y beneficios que sus técnicos dibujaron con mala
ciencia, sin ética y falta de respeto por la licencia social. A distintos plazos
la megaminería de metales como cobre, oro, plata, uranio y litio solo crea
pérdidas y puestos de trabajo efímeros, acelera en muchos casos la
destrucción de glaciares y ambientes periglaciares, rompe las cuencas
hídricas, contamina, favorece prácticas clientelares y deja peligrosos
pasivos ambientales cuya remediación futura nadie asegura.
Parafraseando la canción El Arriero de don Atahualpa Yupanqui, las penas
y los minerales se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, los
minerales son ajenos”.
“Al presidente Alberto Fernández las corporaciones mineras le contaron
una historia falsa y con datos incompletos, pero él personalmente alentó a
las grandes corporaciones mineras creyendo, equivocadamente, que la
exportación de metales beneficiaría económicamente al país. No logra ver
quizás que un país y la megaminería deben ser evaluados a la luz de todos
los riesgos en el tiempo, de la existencia o no de licencias sociales, y más
allá por cierto de los cuatro años de gobierno”.
“Las movilizaciones públicas contra la megaminería y a favor del agua se
irán expendiendo y profundizando en Argentina porque las actuaciones de
los gobiernos provinciales y de la nación olvidaron que la gente existe, y
que las comunidades conocen tanto los riesgos reales de la megaminería
como las falsedades distribuidas desde las corporaciones megamineras,
locales y extranjeras. Creer que las mesas participativas propuestas por
los gobiernos harán desaparecer los graves efectos ambientales, sanitarios
y sociales que ya provocaron Barrick Gold en Veladero, San Juan, o
Glencore en Alumbrera, Catamarca, resulta ingenuo. Las movilizaciones
multitudinarias de Mendoza y Chubut en defensa del agua, y contra la
megaminería, ahora extendidas a otras provincias de Argentina, están
marcando en forma contundente la nueva agenda pública”.
Desde FUNAM alertamos sin embargo que es necesario, por parte de los
gobiernos, aceptar y proteger las protestas pacíficas. La represión
desatada por el gobernador Rodolfo Suárez contra familias mendocinas
que protestaban pacíficamente es inadmisible, y debe ser condenada. El
propio presidente, Alberto Fernández, convocó a la gente para que desde la
calle le muestre cuando su camino se aparte de lo socialmente necesario.
“Gobernantes, funcionarios y sociedad deben saber que muchas de las
grandes corporaciones mineras, algunas de ellas con presencia pasada y
actual en Argentina, han estado vinculadas, en muchos países de la región,
y del mundo, a aprietes, pago de coimas, amenazas e incluso promoción de
asesinatos de líderes sociales y ambientales. A las empresas megamineras
con antecedentes de haber sido condenadas administrativa y judicialmente
por contaminación y otros delitos graves en otros países no se les debería
permitir operar en Argentina”, sostuvo Raúl Montenegro. “Si nuestra
legislación no es clara sobre este punto, o no existe, habrá que modificar
las existentes, o crear nuevas normas que nos protejan”.
FUNAM recordó que el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nóbel Alternativo (Right Livelihood College, RLC), con base en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, había enviado un documento a los diputados y senadores de la provincia de Mendoza fundamentando que cualquier regresión en la ley 7722 era ilegal pues violaba el Principio de Progresividad de la Ley Nacional de Ambiente.

Derogada

La Legislatura de Mendoza derogó hoy la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia.
Para que el clima de tensión no se agravara, el mandatario provincial, después de que la norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, decidió dar marcha atrás el viernes último y anunció que la iba a derogar.
Dicho proyecto de derogación ingresó hoy en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial, que es netamente minero.