“La solución no llega en la judicialización de la infancia vulnerable, hay que actuar antes”

“La solución no llega en la judicialización de la infancia vulnerable, hay que actuar antes”, afirmó el juez de Niñez, Adolescencia, Familia y Género, Mariano Correa. En diálogo con Póster Central, habló sobre la polémica que se destacó con el reclamo por mayor cantidad de recursos para contener a los sectores más afectados por la violencia, abusos y marginalidad. “
“Cuando los cuerpos técnicos de Senaf detectan que niños y niñas no pueden seguir en sus hogares por atentados a su condición física y psíquica, o porque son vulnerados sus derechos, es cuando el Poder Judicial interviene”, precisó.
Y agregó: “Yo no quiero plantear este tema como una crítica del Poder Judicial hacia Senaf, pero quiero remarcar que es clave la labor de los equipos técnicos para evitar que el niño, niña o adolescente sea afectado en sus derechos. Si las condiciones están dadas o no dependerá de los medios que tiene Senaf. Pero la situación social por la que atraviesa el país hace que proliferen estos casos. Hay cada vez más vulnerabilidad, más hacinamiento, más precarización”
“Habría que dotar de mayor equipos técnicos en Senaf y la secretaría de violencia familiar. Sin duda se produce un cuello de botella, nos sentimos desbordados. Solo en Río Cuarto uno puede ver los barrios periféricos y en viviendas más acomodadas, hay niños maltratados, abusados, con falta de acceso a educación, golpeados”, indicó.
Correa resaltó que “más allá de que sería necesario que Senaf tenga más equipos técnicos, no hay recurso que alcance si aumenta este drama social”
“El Polo de la Mujer es un paso muy importante. Se están destinando recursos e infraestructura para contener a la mujer luego de las medidas del Poder Judicial. Para que sea más efectivo y menos tortuoso”, precisó.
El magistrado consideró: “No creo que falte formación en el poder judicial en perspectiva de genero. Lo hablo en relación a quienes trabajaban conmigo. Debo hacer una mea culpa, en la Justicia penal, en relación a las órdenes de restricción. El juzgado de Mujer y Genero no detiene a ningún agresor, eso es competencia exclusiva de la Justicia penal, ya sea por una agresión o por desobediencia a la autoridad”.
“Estamos en una época de campaña política y es un momento para interpelar sobre las políticas publicas que se buscan llevar delante. Hay muchas leyes para actuar sobre el hecho consumado pero lo que debemos lograr es evitarlo”, arrgumentó.

La salita de juguetes rotos

“Por 10 mil pesos valoramos la vida y el futuro de un niño” La frase retumba en la casona desbordada de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba. Las voces se entrecruzan en los pasillos que derivan en oficinas burocráticas y las salas agobiadas por la falta de espacio. Trabajadores, víctimas y victimarios aceptan el pacto con la resignación que les impide resguardar algo de intimidad. Desde hace más de 8 años, es un escenario cotidiano y dramático donde se dirime el destino de infancias vulneradas por golpizas, abusos sexuales y abandono. En apenas 5 horas, el protocolo formal exige un esfuerzo desmesurado para contener unos 40 casos semanales. Casa historia es urgente. Una demora administrativa, un trámite sin firmar, un llamado que no llega a tiempo puede poner en riesgo la vida del niño o la niña. La Justicia entrega “el oficio” y los equipos técnicos integrados por becarios deben iniciar el protocolo de actuación. Son tres unidades para toda la ciudad y un grupo a cargo del resto de las localidades del departamento. No dan abasto. Cada módulo de intervención está integrado por especialistas de la psicología y el trabajo social. Solo dos de los becarios no son profesionales. El primer paso es determinar la gravedad de los casos y resolver el retiro de la víctima del hogar. En un plazo de 30 a 90 días buscan hallar las condiciones para reintegrarlos a su centro de vida. Si esto no sucede, comienza la etapa de la adopción. La oportunidad puede demorar mucho tiempo o no llegar nunca. Entre las familias inscriptas en el Registro Unico, el 90 por ciento solo aceptar acoger a menores de 3 años.

El hombre la observó con esa carga de ira que recordaba de las sesiones en la Senaf. “Ahora sé que tenés hijos”, le dijo mientras caminaba por una de las calles del centro. Pudo reconocerlo inmediatamente, era el padre de uno de los niños que debió rescatar de un hogar que lo violentaba. No fue la primera vez que la amenazaban. Las agresiones se multiplican también en las oficinas del organismo. Esta semana lanzaron pintura sobre al automóvil que utilizan para los operativos y unos días antes, rompieron los vidrios de la puerta de ingreso de la vivienda y pintaron el frente. El sistema no deja de agobiarlas y violentarlas. “Si te encuentro en la calle te mato, vos sabes que te mato”. Los agresores no ocultan sus advertencias. No podrían hacerlo. El hacinamiento de las oficinas obliga al personal a convivir con historias que se entrecruzan lastimosamente. La seguridad es un objetivo sin garantías. “Buscamos solas a los niños. Son contadas las veces que vamos con la Policía Juvenil. Si nos pasara algo no tenemos seguro de vida, ni obra social, nada” El relato de una de las trabajadoras es revelador sobre las fragilidades de un modelo de intervención donde todos pueden ser las próximas víctimas. Una de las especialistas estuvo en soledad a cargo de la sección de abuso sexual infantil durante dos años. La unanimidad de los casos se derivaba a ella. A pesar de su alta formación, cobra unos 10 mil pesos por mes en un sistema de becas que no logra encubrir la precariedad. Solo siete empleados están en planta permanente y ninguno de ellos integra alguno de los equipos de actuación directa. Se trata de una trabajadora social, una psicóloga, tres abogados y dos administrativos. El resto son becarios, casi en su totalidad mujeres, que deben asumir a diario la responsabilidad de exigir medidas excepcionales para resguardar la niñez con derechos abusados. Sustituyen decisiones que antes estaban en manos de los propios jueces, sin ningún margen para el error. Deben entrevistar a las niñas y niños en salitas de juegos donados o rotos, donde nada ni nadie parece resguardar el derecho que llega quebrantado desde la casa. Solo ellas parecen intentarlo.

“(Jorge) Ravera pudo tener un buen abogado pero los chicos no”, afirmó Fabricio poco antes de la sentencia. En 2009, había logrado impulsar la denuncia de los niños abusados junto a la coordinadora de la Residencia Roca, Irma Aguirre. Ravera era un puntero político acusado de manosear a las víctimas y obligarlas a callar con palizas que solían repetirse cada noche. La Cámara del Crimen lo condenó a 14 años de prisión. El abusador había logrado aquel puesto por sus vínculos con el Justicialismo local. Necesitaba ingresos y la política lo premió con un cargo para el que nadie concursaba. El aberrante hecho obligó al cierre definitivo de la Residencia. No había sido un episodio aislado. Los casos se multiplicaban en diferentes centros de la Provincia. La institucionalización de las víctimas derivó en situaciones aún más agraviantes que las soportadas en los hogares donde fueron rescatados. La ausencia de recursos y políticas que le otorguen al Estado un rol clave en la contención de las infancias es una interpelación sin costos electorales, mientras la niñez vulnerable se reduce a una salita de juegos rotos y mujeres que luchan en soledad.