Ante la sociedad

Por Pablo Callejón Periodista

“Si van a disculparse que lo hagan públicamente, ante la sociedad” La voz se vuelve temblorosa cuando recuerda a los policías bajando del móvil del Comando Radioeléctrico. Los agentes no se identificaron, simplemente dijeron que los había mandado el “el jefe de la unidad”. Ante la conmoción de las mujeres que daban las últimas pinceladas sobre el mural, comenzaron a lanzar una batería de preguntas intimidatorias. Faltaba solo un día para el acto en el que Rosa recordaría al niño que le arrebataron de sus brazos. Les dijo que era la madre de Ale, pero los policías ya lo sabían. Por eso estaban allí. Alguien les preguntó el nombre y los oficiales se negaron. No había ninguna denuncia previa, nada que justificara la presencia de los agentes en la placita que lleva el nombre del pequeño desaparecido. Después de algunos minutos se retiraron. Habían cumplido la orden y el cometido. Rosa tenía un nudo en la garganta, ganas de llorar. Había sido un móvil del Comando Radioeléctrico el que había atropellado a su hijo. Fueron agentes de esa misma fuerza quienes subieron el cuerpo agonizante al Renault 12, lo trasladaron a diferentes lugares, le impidieron una oportunidad de sobrevivir y ocultaron su cuerpo durante 18 años. Suficientes para garantizar la impunidad por prescripción de todas y todos los involucrados. “Me llevaron a mi hijo, me lo quitaron. Yo hubiese querido que fuera al jardín, a la escuela. Veo a los chicos con guardapolvo y pienso en Ale. Cuando llegaron estos policías lo sentí como una amenaza. Si alguien va a disculparse por eso que lo haga ante los medios, ante la gente. No quiero un mensajito, ni una reunión a escondidas” Rosa Arias parece templada por el coraje que le dieron tres décadas de una disputa desigual contra la impunidad. El 16 de marzo de 1991 estaba amamantando a Yohana, su beba de 4 meses, cuando advirtió que Ale no había regresado. Había refrescado y quiso llevarle un buzo. Preguntó a todos y nadie lo había visto. Comenzó una búsqueda de 17 años. En cada cumpleaños le compraba un juguete y jamás desarmó la cama de su cuarto. El día en que le devolvieron los restos, los enterró con los autitos que había conservado para él. Y aunque ya no parece haber tiempo para la Justicia, la madre de mil batallas está resuelta a impedir que lo olviden.

Víctor recibió el llamado del jefe de la Unidad Departamental, Gustavo Dellamea, mientras se encontraba en el acto junto a su familia. La reunión se concretó sobre el final de la noche. El papá de Ale pidió tomar fotografías del encuentro y Dellamea aceptó. “Me dijo que no estaba enterado del tema, que no sabía lo que había pasado, pero lo sucedido había llegado a oídos de la jefatura de la provincia de Córdoba. Es tremendo que no haya una coordinación, que el jefe de la Policía no se entere. Lo que hicieron fue intimidatorio. Si yo hubiera estado en ese momento, las cosas hubieran sido distintas”, afirmó Flores. Nadie de la Unidad Departamental o el ministerio de Seguridad de la Provincia habló públicamente sobre la presencia de los agentes en la placita de Ale, ni hubo una disculpa formal para la familia del niño por la responsabilidad que se le adjudica a la Policía en su muerte. En aquella tardecita de “Verdad, Memoria y Justicia” faltaron también los funcionarios municipales y provinciales. Ale fue un desaparecido en democracia hasta que sus padres hallaron los huesitos al final de una alcantarilla. “No estaban todos. Al cuerpo lo trasladaron y lo arrojaron allí. Esperaron lo que tenían que esperar”, lamentó Víctor. En su propia investigación pudo determinar que “los policías que iban el auto estaban relacionados con el cobro de coimas por la prostitución y las drogas”. “Por eso necesitaban ocultar a mi hijo. Había sido un simple accidente pero no podían justificarlo. En esta causa ya aparecen los Vargas Parra, los mismos que están vinculados con la desaparición de Nicolás Sabena”, afirmó el padre del niño que hoy sonríe sobre una vela encendida con pequeños mosaicos que reconstruyen definitivamente la memoria.

Ningún móvil policial colaboró en la búsqueda de Ale cuando el niño desapareció. Rosa estaba preocupada, se venía una fuerte tormenta. Su hijo había salido a jugar con los primos y amigos en la placita del barrio. La mujer convocó a los vecinos que lo buscaron durante toda la noche. Sin noticias oficiales, decidió ir al Hospital. Quizás estaba internado. Cuando llegó al viejo edificio al sur de la ciudad se cruzó con un patrullero. Les preguntó por qué no lo buscaban. El efectivo le dijo que tenía la radio rota y nadie les había avisado. Víctor sospecha que trasladaron inicialmente a la criatura al nosocomio con la complicidad de un grupo de enfermeras, antes de derivarlo a la vivienda de alguna de ellas, donde finalmente murió. La autopsia sobre los restos óseos de Ale determinó que presentaba fractura de cadera y miembros superiores e inferiores como consecuencia de la embestida del vehículo. El fiscal Javier Di Santo pudo determinar que los policías Mario Luis Gaumet y Gustavo Javier Funes, entre las 14 y las 16, colisionaron a Alejandro con el móvil del Comando, en el cruce de Carlos Rodríguez y Pedro Zanni. La decisión pareció dar el respaldo judicial que la familia reclamaba, pero el funcionario judicial aceleró el archivo por prescripción. La resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia y en 2014, la Corte Suprema de Justicia confirmó la extinción de la pretensión penal. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que esto “no implica desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de conocer la verdad de los hechos”. Aquella verdad Rosa y Víctor la conocían desde hace años. Lo que esperaban era la reparación judicial que nunca llegaría.

La connivencia de los jefes policiales y los investigadores para garantizar durante años la impunidad de Gaumet y Flores no fue un argumento suficiente para calificar la muerte de Ale como un crimen de lesa humanidad. El Tribunal Superior consideró que “el deber de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos no puede constituir fundamento autónomo suficiente para proseguir el ejercicio de una acción penal que ha sido declarada extinguida cuando el hecho investigado no es un delito imprescriptible”. Las cartas estaban echadas. Los padres desistieron de una demanda civil, nunca buscaron una reparación económica. Solo esperaban que el Estado les dijera cómo mataron a su hijo y quienes lo hicieron. El único policía que resolvió hablar terminó fuera de la fuerza, perseguido y empobrecido. Jorge Múo fue imputado de falso testimonio, aunque nunca mintió. Lo quisieron callar y tuvo miedo. El peso de la conciencia pudo más. En el acto a 30 años de la desaparición del niño, Múo recibió los abrazos de Rosa y Víctor. Le agradecieron aquella decisión que permitió identificar a los responsables. Múo había escuchado por casualidad la confesión de Gaumet y Funes ante sus superiores. La trama de complicidades alcanzaba a todos los jefes de la fuerza. Lo sabían y ocultaron la verdad. Nadie pagó un costo por encubrir a los implicados. El jefe de la Regional 9, Máximo Lascano, fue años después el máximo titular de la Policía de Córdoba y la fuerza impulsó los ascensos de los agentes que circulaban en el móvil que atropelló al niño.

El 8 de junio de 2009, el juez de Control Daniel Muñóz había dictado el último fallo que permitió alguna esperanza para la familia de Ale. “En periodos de vigencia democrática no es común que las estructuras estatales se vuelvan sistemáticamente en contra de quienes tiene que proteger. Participaron funcionarios públicos que actuaron con una gravedad metodológica que no difiere de la que ponen en práctica estructuras profesionales que desnaturalizan su función”, advirtió el magistrado. El dictamen no fue ratificado por el resto de las instancias y la causa ya es un voluminoso archivo de expedientes húmedos en algún edificio de Tribunales. El caso reveló que, aún en Democracia, una fuerza de seguridad puede matar y ocultar el cuerpo de un niño sin más condena que la social. El mismo año en que aparecieron los huesitos de Ale, a Nicolás Sabena se lo tragó la tierra. Tres agentes policiales están sospechados de connivencia con los Vargas Parra, condenados por el secuestro coactivo del joven de 21 años. Algunos protagonistas se repiten, como un deja vu macabro de nuestra historia reciente. Un tiempo sin lugar para las disculpas que carecen de nombres propios.