El protocolo que deshumaniza

Por Pablo Callejón

Pablo se distanció por un momento del grupo de personas que estaba sobre la vereda, detrás de un par de vehículos estacionados. Logró ubicarse frente a una estructura escuálida que vomitaba fuego desde el asfalto y se agachó para lograr el mejor plano de la foto. Mientras apuntaba con su cámara, un cartucho de gas lacrimógeno que fue lanzado en línea recta hacia su cuerpo, impactó sobre la cabeza provocándole una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Tres manifestantes se acercaron para asistir al joven fotógrafo que había quedado inmóvil, delante del humo intenso y asfixiante que emanaba el gas contaminante. Actuaron también como un escudo humano ante la columna de policías que no dejaba de lanzar proyectiles a una distancia de pocos metros. A sus 35 años, Pablo Grillo es freelance, y como muchos otros reporteros gráficos, resiste a la precarización y magros salarios de los medios de comunicación. En la jornada de represión enfurecida frente al Congreso, Pablo solo buscaba una mejor perspectiva para tomar la foto. La imagen que mostró el momento en el que le disparan fue registrada por el celular de un testigo. Resultó el primer documento de certeza sobre la agresión de las fuerzas que ofrecieron un escenario de militarización en el centro de Buenos Aires. La segunda prueba testimonial surgió de un drone del sitio Infobae que refutó la versión de Patricia Bullrich. La ministra de seguridad intentó deslindar de responsabilidades a los ejecutores de la represión que ella había ordenado. La funcionaria dijo que “la Policía cumplió con el protocolo” que exige disparar a 45 grados y aseguró que el cartucho rebotó en el asfalto antes de impactar sobre la cabeza de Pablo. El video desde el aire desmintió a la Ministra, al revelar el direccionamiento recto y fulminante del cartucho hacia la víctima. Sin más fundamentos defensivos que la estigmatización, el gobierno nacional cuestionó a Pablo por su militancia social y política. Lo hizo nuevamente con argumentos falsos. Bullrich manifestó que el joven fotógrafo es un “militante kirchnerista que dice ser periodista” y lanzó que “trabaja en Lanús para Julián Álvarez”, el exviceministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner. El intendente de la ciudad bonaerense negó que el joven reportero tenga algún cargo en su municipio y desestimó las expresiones de la ministra: “como si eso importara”. Para el discurso oficial, la vida de Pablo solo puede medirse en la escala de ponderaciones de las afinidades políticas. “No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”, lanzó la diputada mileista Lilia Lemoine en una entrevista periodística, mientras el padre de Pablo aguardaba frente al Hospital de Ramos Mejía un nuevo parte médico sobre la salud crítica de su hijo. El presidente Javier Milei fue el último vocero de la secuencia que buscó deshumanizar la agresión. En su visita a la Agroactiva junto a Bullrich, el mandatario no solo defendió a la funcionaria a la que antes consideraba una “montonera asesina”, sino que aseveró: “si acelero en las curvas, ahora voy a acelerar mucho más”.Diego Ayala, amigo de Pablo, lo describió como “una persona excelente, humilde, trabajadora y todos lo quieren en el barrio”. El reportero agredido siempre tuvo una especial sensibilidad en sus coberturas periodísticas. Aquella tarde, como tantas otras antes, había decidido acompañar con su cámara el reclamo de jubilados que dejaron de temerle a los barrotazos de la Policía cuando ya no pudieron pagar los medicamentos ni asegurar un plato de comida caliente todos los días. Pablo se encuentra en terapia intensiva, bajo un coma inducido. Los médicos expresaron que se pudo bajar la presión intracraneal y reconstruir parcialmente el tejido junto a una respuesta pupilar. Afuera del Hospital hay cadenas de oración y reclamos de Justicia. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina advirtió que, al menos, “una veintena de nuestras y nuestros asociados fueron baleados y gaseados por las fuerzas de seguridad, a menos de una semana de asumir el actual gobierno”. El protocolo de Bullrich, que fue cuestionado por Amnistía Internacional, desestima el rol periodístico de quienes registran los hechos sin algún acto de sumisión. Juan Manuel Foglia, el primero en fotografiar a Pablo tras ser herido en la plaza, admitió que “es un hecho que se veía venir, lamentablemente”. El reportero de Noticias Argentinas destacó que “varias organizaciones ya venían denunciando mayor represión a trabajadores de prensa, en las marchas más violentas de los últimos quince años”. Foglio consideró que, frente a la agresión policial, “todo es azaroso, no se puede predecir si vas a resultar herido o no”. A Pablo le impactó “un disparo directo y certero por parte de las fuerzas de seguridad”, alertó el presidente de la comisión directiva de Argra, Sebastián Vricella. Para el histórico fotógrafo de la Nación, Pepe Mateos, “todas y todos los que trabajamos en la calle estamos en riesgo, cualquiera de nosotros podría haber sido Pablo”. Advirtió que, en el contexto del Protocolo Bullich, “las fuerzas represivas están habilitadas para ejercer crueldad y la aplican contra cualquiera y con total desprecio”. Frente a esa imagen desoladora de la víctima ensangrentada sobre el regazo de un manifestante que pedía a gritos por ayuda médica, la fotógrafa independiente y docente Anita Pouchard Serra se preguntó “¿cómo formamos a nuestros estudiantes y cómo seguimos repensando nuestra profesión y nuestras prácticas?, ¿qué imágenes vamos a buscar?”.El uso de la pistola lanza gases que hirió gravemente a Pablo estuvo prohibido hasta el 2023, cuando Bullrich asumió como ministra. Se la considera un arma potencialmente letal. El protocolo anti protestas les devolvió a las fuerzas de seguridad la vía libre para usarlas en manifestaciones y eventos. Amnistía Internacional ya había alertado que, “bajo ningún concepto, el gas lacrimógeno puede dispararse directamente una persona”. La velocidad a la que viaja el proyectil puede causar daños severos en caso de impacto directo. Ejecutar el arma hacia los manifestantes puede tener como consecuencia hasta la propia muerte. El protocolo también facilita las detenciones masivas y arbitrarias. No se trata de causas sino de números. Entre los apresados había pibes de 12 y 14 años que habían salido de la escuela. La jueza Karina Andrade ordenó la libertad de los 114 detenidos porque no se habían cumplido las mínimas condiciones legales. El dispositivo del Gobierno no solo pretende definir nuevas condiciones de represión, se apropia, además, del avasallamiento constitucional. La jueza no impidió con su fallo la investigación sobre los aprehendidos, sino que apeló a “un argumento estrictamente jurídico”. El Gobierno le respondió con un pedido de juicio político y los voceros mediáticos completaron la estrategia de estigmatización: para Clarín, la jueza pasó a ser “camporista”. El cierre de los medios gráficos y la precarización que afecta a toda la actividad somete cada vez más a quienes resisten en la defensa del periodismo. La lógica de que “solo los de azul son los buenos”, deja del otro lado al resto: los que se manifiestan y los que describen o muestran las marchas desde el mismo lugar de los hechos. Pablo apuntó con el lente de la cámara frente a los que dispararon sin miramientos. Quienes trabajan en forma independiente no tienen equipos de protección ni un medio de comunicación que los contenga ante el riesgo de la agresión. A Pablo lo golpearon con un cartucho en las calles y le apuntaron con todas las armas discursivas del Estado, aún convaleciente. La embestida de un protocolo de zona liberada resuelto a enfrentar la presunta amenaza de los que solo gatillan el obturador de una cámara.