El Gobierno insiste con la reforma laboral: Promueve fragmentar vacaciones y la creación de “un banco de horas”

El Gobierno nacional insiste en avanzar con un reforma laboral y negocia con empresarios y sindicalistas un proyecto de ley.
La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como base el proyecto “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentado por la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, junto con otros 14 coautores del mismo bloque. Entre ellos, José Luis Espert y Gabriel Bornoroni.
El proyecto propone cambios en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Uno se refiere a la “irrenunciabilidad” y postula que “será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Esta modificación permitiría que todas aquellas condiciones acordadas por encima de la ley o los convenios colectivos de trabajo, es decir las convenidas entre las partes o por costumbre, “pueden ser renunciables por el trabajador”.
Uno de los ejes más polémicos es la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que el gobierno de Javier Milei propone que “el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”. Según la reforma, “cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”.
Además, se introducen cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo flexibilidad en su otorgamiento y la fragmentación de los períodos (no inferiores a una semana). También se permite la instrumentación de sistemas de banco de horas, horas extras y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente, garantizando el salario durante los períodos de incapacidad y regulando el procedimiento de certificación médica.
Otro capítulo se refiere a la “modernización” de La Ley de Trabajo Agrario.