La resistencia a un modelo universitario con estudiantes de primera y de segunda

Por Pablo Callejón

Las universidades fueron el primer bastión de resistencia ante el discurso que deslegitima todo lo que es público. La defensa de la educación universitaria logró movilizar por las mismas calles a sectores antagónicos, incluso, a quienes aspiran alcanzar un Estado bulímico como promete en su discurso el presidente Javier Milei. El Gobierno nacional no solo busca desestimar, sino destruir o cerrar. Lo hicieron con los organismos que tuvieron a mano y parecen resueltos a intentarlo con todo aquello que pudiera pasar a manos privadas. Hay un país de saldo. La embestida trasciende las reglas del mercado, en un intento por alcanzar el imaginario anarco capitalista. El mandatario nacional advierte en el Estado una asociación criminal que hoy le toca conducir. El control de lo público está en manos de un gobernante que lo detesta. No es solo un movimiento local, sino la representación de expresiones de extrema derecha mundial, con simpatías neo fascistas. Milei disfrutar de ser recibido en actos del partido Vox en España y los Proud Boys en Estados Unidos, mientras ostenta en la red social de Elon Musk haberse convertido en “un fenómeno barrial”. Sus viajes por el mundo se reflejan en una aventura personal que no ha dejado, al menos hasta ahora, ninguna repercusión de importancia para la asfixiante agonía económica de los argentinos. Es un proyecto político que se sostiene en la necesidad de redoblar la apuesta. La política tradicional hubiera optado por la esperanza de un segundo semestre o la ilusión de alcanzar luz al final del túnel. El proyecto libertario resulta menos compasivo.
Con la complicidad de un discurso mediático que valida cada denuncia sin importarle demasiado la sustancia probatoria, el Gobierno de Milei aspira a desacreditar cada estamento público por ineficaz o corrupto. No se trata de números ni documentación, sino de certezas inapelables en un título del diario o la versión de panelistas de televisión. Lo intentaron con las universidades y lograron que un sector social saliera a pedir auditorias frente a lo que suponían antros de negociados espurios. El reclamo tuvo más intensidad que influencia ante las multitudinarias marchas en respaldo de las casas de estudios. De todos modos, rectores y rectoras debieron salir a explicar que los fondos públicos son auditados en forma permanente y con un carácter exhaustivo. La liviandad de opinión entre quienes desconocen absolutamente el funcionamiento de las universidades planteó también una advertencia: ante las acusaciones infundadas era necesario construir un contra discurso.
El acuerdo del Gobierno nacional con la Universidad de Buenos Aires no solo buscó alinear respaldos del radicalismo al debate de la Ley Bases en el Senado o alcanzar una fragmentación en el frente educativo. Fue también un acto discrecional que apuntó a disciplinar desde el reparto de los recursos. No resultó necesaria ninguna auditoría para aumentar en un 300 por ciento los gastos de funcionamiento de la UBA. Hubo una admisión del reclamo justo y legítimo que alertó sobre la imposibilidad de funcionar con fondos aprobados en el 2022. Sin embargo, el Gobierno de Milei optó por beneficiar a una sola universidad, relegando a otras 60 en todo el país. La decisión provocó el rechazo del Consejo Interuniversitario Nacional que advirtió sobre un modelo “con estudiantes de primera y otros, de segunda”. La rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, reconoció que no descartan una acción judicial ante la evidente discriminación y llamó a la reflexión a la Nación frente a “una decisión incomprensible e inadmisible”.
En un informe de rendición presupuestaria ante el Consejo Superior, el secretario económico de la Universidad, Gastón Chiesa, aseguró que trabajan en la implementación de un portal de transparencia y sostuvo que el 93,3 por ciento de los fondos se destinan a personal. El restante 6,7 por ciento corresponde a gastos de funcionamiento. Chiessa indicó que este año “ya no están 34 programas especiales” debido a “una reducción presupuestaria directa”. El funcionario expresó que “el sistema universitario se ha desfinanciado y lleva mucho atraso de inversión pública”. Y alertó, además, que “el aumento en los servicios públicos está impactando fuertemente en nuestro presupuesto”, con facturas de luz que superan los 30 millones de pesos.
El primer cuatrimestre cierra con miles de docentes universitarios con sueldos por debajo de la línea de pobreza, el riesgo institucional de no contar con recursos para la segunda etapa del año y el temor a no lograr mantener infraestructura y equipamiento clave. El desesperado pedido de docentes e investigadores para evitar que pueda quedar obsoleto un Espectrómetro de resonancia magnética nuclear que tiene un valor de medio millón de dólares, es solo un ejemplo de los altos costos que genera el brutal e injustificado ajuste. Todo ocurre frente a la escasa reacción de representantes políticos apresurados por “darle herramientas” a un Gobierno que se jacta de centralizar los recursos económicos en la frontera de la avenida General Paz.
Con más de 30 mil egresados en 53 años de historia, la Universidad enfrenta junto con todo el sistema nacional un desafío histórico. ¿Alguien podría imaginar la ciudad y la región con su campus universitario cerrado y vacío? La pregunta es algo más que una interpelación al Gobierno de Milei. Frente a la admisión de una suba presupuestaria para la UBA, lo que parece estar en juego es la aceptación de que nuestros estudiantes y universidades se conviertan en una opción de segunda ante la mirada inclemente del Estado nacional.