La crisis del transporte y el microclima electoral

Por Pablo Callejón

Frente a la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado de los choferes de colectivos urbanos interurbanos, y el creciente traspaso de conductores de remis o taxis hacia el sistema Uber, el transporte público en Rio Cuarto quedó inmerso en una crisis que parece trascender a las acciones reguladoras del Estado. Se trata de dos servicios sensibles para la vida de los sectores medios y vulnerables de la ciudad, que padecen los condicionamientos de la economía nacional, aunque también, de la propia coyuntura local. Esta semana, dos medidas de fuerza de trabajadores de AOITA alcanzaron un impacto total y provocaron múltiples trastornos para quienes debían ir a la escuela, la Universidad, el trabajo o cumplir con algún trámite médico. A diferencia de otros tiempos de conflicto laboral, no hubo un plan de emergencia con socios de la SAT, ni se conoció alguna intervención pública del municipio para exigir el servicio o intentar destrabar la negociación. Ante la falta de colectivos, la alternativa para quienes debían llegar a sus trabajos o ir a clases fue la aplicación Uber. La reconversión se produjo a pesar de las regulaciones existentes y sobre todo, con la connivencia que implica la ausencia de controles efectivos.
Desde hace más de 100 días, los choferes de colectivos reclaman por salarios dignos que superen el umbral de la pobreza. Se agotaron las instancias de conciliación obligatoria y las medidas de fuerza se multiplicaron frente a la ausencia de oferta patronales que puedan paliar una devaluación histórica y el efecto de la motosierra de Javier Milei contra los trabajadores. Desde la Provincia aseguran que el aumento superior al 300 por ciento en los boletos las empresas debió ser suficiente para hacer frente al planteo gremial. Sin embargo, las compañías de ómnibus insisten con plantear una crisis terminal. El director de Transporte de Córdoba, Cristian Sansalone, consideró que los empresarios “no entienden que cambió el paradigma del sistema” y que “no va a haber más subsidios para la oferta”. Ese “cambio de paradigma”, que apunta a financiar la demanda a través de la SUBE y cortar totalmente los envíos de fondos para las prestatarias del servicio, se impuso en Córdoba con las remesas de los boletos sociales. Actualmente, solo el municipio aporta subsidios directos a la SAT para enfrentar su funcionamiento y parte de los costos de salarios. Las empresas presionan, incluso con el paro de los trabajadores, para modificar la postura de la Provincia y la Nación, y advierten que “Milei no envía más dinero al interior, pero mantiene los beneficios para el AMBA”. Desde el Gobierno de Córdoba coinciden en cuestionar la discrecionalidad de la Nación pero califican de “extorsión” el aval implícito de los empresarios a las medidas sindicales para exigir más fondos en subsidios.
El servicio no volvió a recuperar la dimensión que presentaba antes de la pandemia. No solo se trató del impacto por la proliferación de un virus que obligó a miles de personas a buscar alternativas ante el impedimento para subir a un colectivo. Fue también la antesala a un debate más profundo que hace agonizar el servicio dependiente de altos porcentajes de subsidios. A la reformulación del esquema de líneas por troncales y ramales con trasbordos de pasajeros, se sumó una restricción en la circulación de unidades para abaratar costos. La SAT redujo de 70 a 60 las unidades que circulan a diario por las calles de Río Cuarto, frente a una caída del 30 por ciento en la venta de boletos. En marzo del 2019, la empresa cortó 626.204 boletos y en marzo de 2024, la venta de pasajes fue de 428.307 boletos. De ese total, casi 300 mil estuvieron vinculados a boletos sociales provinciales y la Satbus, mientras que 130 mil pasajeros utilizaron la tarjeta SUBE. Es decir, el 60 por ciento son tickets que subsidiaron la oferta y el 40 por ciento debió abonar la tarifa plena, que hoy supera los 700 pesos. Los dos principales costos para la empresa de colectivos son los salarios y el combustible. Según surge de información de la SAT a la que pudo acceder Póster Central, la Sociedad Anónima utiliza unos 120 mil litros de gasoil por mes, lo que implica un gasto de 123.120.000 pesos.
“Las empresas tienen que mostrar sus números, hace años que dicen que nunca les alcanza. Pero, a ellos les aumentaron muchísimo el boleto y los trabajadores no reciben nada. Queremos una comisión técnica que ponga sobre la mesa los ingresos que tienen los empresarios”, advirtió el secretario general de AOITA Río Cuarto, Donato Montuori. Se trata de una pretensión cada vez más compleja de llevar a la práctica. La decisión del Ejecutivo municipal de asumir la potestad sobre el costo del boleto sin mediar un debate en el Concejo Deliberante, impidió a los bloques opositores poder acceder a los costos que presenta la SAT. Montuori también advirtió sobre el estado de los colectivos, sobre todo interurbanos. “Hay algunas unidades que tienen problemas en los frenos y nosotros estamos preocupados por nuestros compañeros y por la gente que se transporta”, resaltó. Fuentes de la SAT admitieron que “desde hace 6 años, resulta imposible para la empresa renovar unidades y el capital se va perdiendo de a poco”.
En las jornadas de paro de colectivos, el mayor crecimiento no se dio en viajes de taxis y remises, sino en la utilización del Uber. El endurecimiento de las normas y el aumento en el monto de las multas para quienes trabajar para la APP tuvo nula efectividad. “Son muy pocos los autos controlados y, cuando detectan uno, no tienen forma de probar que trabaja para Uber. Las sanciones no se aplican nunca”, lamentó un remisero que aún resiste en la actividad. Sin pagar impuestos ni aceptar regulaciones, Uber debió hacer muy poco para funcionar en Río Cuarto y alcanzar una dimensión que pone en jaque la viabilidad del servicio tradicional de taxis y remises. A pesar de cobrar tarifas un 50 por ciento menor a las que se regulan en el Concejo Deliberante, los choferes prefieren trabajar para la App porque allí está la demanda. Cuando solicitan el servicio, los clientes pueden conocer el nombre del conductor, la descripción del vehículo, cómo será el recorrido y cuánto les costará el viaje. Incluso, sus familiares pueden controlar el viaje con solo mirar el celular. Cada vez más, lo usuarios prefieren las condiciones que les ofrece Uber y desestiman las garantías que deberían suponer las ordenanzas municipales en resguardo del pasajero.
Con un centro de tránsito agobiado, una crisis económica asfixiante y la discusión sobre el rol del Estado y su capacidad de regulación, el transporte público en Río Cuarto se enfrenta a un dilema de supervivencia, donde los pasajeros padecen la incertidumbre de no saber qué condiciones se le impondrá a diario. Un mal trago para la política del microclima electoral, que prefiere poner a las situaciones de crisis en un delicado estado en suspensión mientras crece el reclamo social.