Colmarnos de preguntas

Por Pablo Callejón

La baja de la edad de imputabilidad es un tema bastardeado hasta el hartazgo, en el que suelen recaer frecuentemente los políticos vestidos de fajina, acompañados por los sabiondos impúdicos de las redes. Y ante cada sentencia surge la necesidad de imponer nuevas preguntas. La realidad periodística, como nuestra mirada de los hechos, son una construcción, en la que debemos desconfiar de los atajos, las respuestas rápidas, el todo que deja sabor a nada. En lugar de partir desde algún lugar común, parece conveniente preguntarnos ¿por qué un niño o adolescente podría decidir robar, hurtar, arrebatar, e incluso quitar la vida de sus víctimas? El presidente Javier Milei reclamó que “ante un delito de adulto, una pena de adulto”. En consonancia, la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa Luis Petri, aseguró que los pibes menores de 16 años tienen en Argentina “licencia para matar”. Son solo algunas voces de un tema que gana intensidad, hasta alcanzar influencia. Las expresiones están relacionadas con la detención de un chico de 15 años acusado de asesinar a un playero en Rosario. El dramático episodio, ocurrido en medio de una ola de crímenes a inocentes para impartir un estado de miedo y terror, formuló una propuesta inmediata del gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad. El proyecto quizás tenga el aval de una mayoría de la sociedad y el arco político. El debate llegará al Congreso y podría convertirse en ley. ¿Se habría logrado evitar el crimen si el pibe que presuntamente gatilló el arma no fuera inimputable? ¿Sería tan sencillo como eso?
Las estadísticas oficiales sobre la participación de niños y adolescentes en el delito pueden dar algunas respuestas. Según un informe del Centro de Gestión Estratégica y Estadísticas (CGEE), del Poder Judicial de Córdoba, en 2022 aumentó en un 37% la cantidad de causas con menores de edad involucrados en hechos delictivos en comparación con 2021. El estudio precisó que la mitad de los afectados sufre adicciones a las drogas y muchos de ellos cometieron el robo acompañados – o mandados- por adultos. El análisis determinó, además, que el 85 por ciento de los detenidos no tenía el secundario completo y un tercio, ni siquiera iba a la escuela. En cualquier relevamiento nacional o provincial hay coincidencia en señalar que la participación de pibes menores de 16 años oscila entre el 1 y el 2 por ciento de la totalidad de hechos judicializados. Es decir, aún cuando se resolviera alojarlos en cárceles, el efecto tendría una escasa incidencia en los niveles de inseguridad que sufre la Argentina.
¿Quienes cometen delitos graves son entregados a sus padres y punto? En realidad, no. La ley habla de intervenciones tutelares y técnicas, con alojamientos en centros de rehabilitación como el Complejo Esperanza en Córdoba. Según datos de UNICEF, hasta el 2022, el 80 por ciento de los 3.554 adolescentes implicados en acciones penales se encontraba incluido en alguna medida penal y hasta de restricción de libertad. El organismo alertó que el 28% de los chicos encerrados vivió en la calle y el 14% lo hizo en hogares sin cuidados parentales porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono o abuso sexual. Además, 4 de cada 10 niños y jóvenes sufrieron maltrato de las fuerzas de seguridad, y la mayoría no pudo realizar la denuncia. Los datos nos obligan a preguntar si resulta efectivo el sistema de internación de niños y adolescentes para su rehabilitación social. ¿La SENAF y la Dirección de Cuidados Residenciales son organismos eficientes en sus intervenciones sobre la niñez y adolescencia vulnerada? Los interrogantes no aparecen visibles en la discusión que nos arrebata emocionalmente ante cada hecho delictivo protagonizado por un pibe. La lógica del que “las hace, las paga”, elude otros niveles de discusión y de preguntas en un país donde casi 6 de cada 10 chicos vive en la pobreza y uno de cada cinco no sabe si podrá comer todos los días.
Volvamos a la pregunta inicial: ¿Por qué un niño o un adolescente puede robar, e incluso matar?
El detenido sospechado de asesinar a sangre fría al playero rosarino tenía 15 años y vivía con su mamá. Su padrastro se encuentra detenido en Córdoba. Aunque se había teñido el pelo para evitar ser reconocido, la recompensa de 10 millones de pesos que dispuso el Gobierno de Santa Fe decidió su suerte. Estaba marcado y un testigo, quizás de su propio entorno barrial, podría ser el receptor de la plata oficial. La Justicia aún no determinó si el detenido también habría ultimado a la víctima a cambio de algún monto de dinero. El narcotráfico se apropia de los territorios bajo un falso paraguas de contención. Por la ola de violencia irracional que provocó la muerte de cuatro trabajadores inocentes, no hay autores intelectuales presos. La criminalidad logró instalar un escenario de terror sin pagar demasiados costos. Algunas semanas después, solo se habla de bajar la edad de imputabilidad cómo único acto reparador al dolor inconmensurable de las víctimas.
Quienes defienden la iniciativa señalan que en países del primer mundo esto sucede hace años. En Inglaterra son imputables desde los 10 años, en Francia a los 13, en Alemania a partir de los 14 y en Noruega a los 15. ¿Con estos datos alcanza? Quizás no. Las políticas sociales sobre la niñez en estas regiones del mundo no podrían incluir los niveles de pobreza, indigencia y abandono escolar que sufre la Argentina.
Los delitos graves cometidos por niños son una excepcionalidad, incluso histórica. Es probable que un adolescente contenido, que concurre a diario a la escuela, tenga algunos sueños pendientes y la panza llena, no encuentre motivaciones para empuñar un arma. Detenerlos en unidades penitenciarias comunes o crear nuevos centros de reclusión para privar de su libertad a chicos de 14 y 15 años podría no alcanzar para reparar el dolor de las víctimas y sólo volvería a colmarnos de preguntas.